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Por: Fernando Nájar

UN ABUSO

La intención del expulsar de la selva peruana al ecologista inglés, Paul Mc Auley por sus ideas, en este caso por defender el medioambiente amazónico y los derechos de los indígenas, es un indicio que la libertad expresión, la que custodia todas las demás libertades, está entrando en una etapa crítica en el Perú.

Recibir un plazo de siete días para sus descargos legales, luego de estar viviendo más de 20 años en el país, es tan atentatorio, injusto y hasta obsceno; un retroceso hacia los tiempos del fujimontesinismo. Mc Auley apenas tuvo tiempo para presentar un Habeas Corpus que le salvó de una expulsión inmediata. Seguirá en el Perú en tanto prosiga un proceso judicial.

Cuál fue su pecado? ¿Señalar que las petroleras contaminan los ríos y los bosques? ¿Revelar que cientos de indígenas presentan signos de intoxicación con cadmio, plomo y arsénico? ¿Opinar sobre el baguazo? ¿Informar el remate de extensos bosques con una serie de vicios legales? ¿Anunciar que Herman Pezo ubicó su botadero en una reserva natural? ¿Lidiar con un alcalde desmesuradamente inculto y super nada para Iquitos?

La lógica de este ciudadano inglés frente a la acusación del Estado Peruano, es que, siendo misionero de una congregación católica, defendió el medio ambiente bajo los postulados del último Concilio del Vaticano, que señala expresamente: destruir la ecología, es un crimen. Si el Perú es un país de credo católico, no podría entonces desconocer lo que establece el Vaticano.

El modo de cómo intentaron desterrar al ambientalista, demuestra que el Gobierno de Alan García no reconoce la existencia de una poderosa corriente de voluntades que lucha contra el deterioro del ecosistema mundial. Es una fuerza impresionante, tiene cada día presencia y espacio en los convenios, tratados y políticas de gobierno. Dentro de esa corriente se encuentra la cooperación internacional.

ALGO QUE SE VENIA

Si defender la Amazonia del saqueo es un delito; si denunciar la violación de los derechos humanos de los indígenas es quebrantar la ley y la seguridad del Perú; entonces, según la “lógica” del Gobierno Peruano, la expulsión de este misionero era expeditiva desde el 2005

Por esos tiempos desbarató una comisión especial, que presidida por el entonces vicepresidente regional, Víctor Isla Rojas, intentó concesionar unas 400,000 hectáreas de bosques maderables, incluyendo comunidades indígenas y biodiversidad existente, con precios irrisorios a unos cuentos poderosos que utilizaban testaferros.

De igual modo no pasaron por alto, ni fueron archivados, los documentos acusatorios o acusetes enviados el 2006 al Ministerio de Relaciones Exteriores por el señor Joaquín Planas Morelli.

Decía en las cartas este dudoso toledista , que fungía entonces de Prefecto de Loreto, que “el misionero Mc Auley era un “elemento perturbador” y un personaje “que crea un clima adverso a las inversiones petroleras en la Amazonía peruana”. Mc Auley había descubierto que este personaje hacía continuas visitas a una cuestionada empresa petrolera.

CASO DE ANDOAS

Cierta mañana de diciembre del 2009, en el café Aris burger de la Plaza de Armas de Iquitos, un abogado vinculado al oficialismo de turno, amigo nuestro, nos decía: ” que este padrecito, el Hno. Paul, hace rato que está en la mira del gobierno”.

Según el letrado, Mc Auley había sido el artífice técnico para que la Corte Superior de Justicia de Loreto determine ( el 9 de diciembre del 2009) la inocencia de 21 indígenas acusados de asesinar al PNP Jaime Reyna Ruiz en marzo del 2008 durante la toma del lote petrolero AB en Andoas, la veta de oro de la Pluspetrol.

Cierto, Mc Auley demostró ante la opinión pública, cual eximio investigador televisivo, que las denuncias del Ministerio Público, de la Policía Nacional y de la propia Pluspetrol, carecían de sustentos para acusar a los achuares y kechuas que se rebelaron exigiendo puestos de trabajos a la empresa petrolera. Inclusive trajo consigo evidencias del asesinato deliberado de un indígena que nunca se investigó.

Desde entonces ha estado en la mira de un gobierno centralista desvinculado de Loreto y lujurioso de ofertar la Amazonía. La ONG. Amazon Wach confirmó por estos días que Mc Auley era seguido de cerca por el Estado Peruano, se entiende por la policía secreta peruana.

CONTRA LOS 78 DERRAMES PETROLEROS

Los responsables de la Pluspetrol, los que podrían haber influenciado en la decisión alanista, también lo tienen jurado contra este misionero que ha estado denunciándoles por la contaminación y continuos derrames petroleros en los ríos Corriente, Tigre, Pastaza, Morona y afluentes.

El último derrame, de 400 barriles en el río Marañón, es una raya más al tigre porque nadie en Iquitos dice algo. A Mc Auley le han entretenido con el cuento de la expulsión.

Según el semanario limeño “ Hildebrandt en sus treces”, la Pluspetrol ha provocado 78 derrames petroleros en la selva peruana, sin que hasta ahora nadie atine “patearle el trasero”, como expreso textualmente el Presidente norteamericano, Barak Obama, en alusión a la British Petroleum (BP) responsable del derrame petrolero en el Golfo de Mexico.

Obama no sólo pateó técnicamente el trasero de la British Petroleum, la que pagará una indemnización cercana a los 30 mil millones de dólares por daños y perjuicios, sino que ha suspendido todo los proyectos de exploración petrolera marítima.

En el Perú, los mandatarios coquetean con los contaminadores. La minera Doe Run, que convirtió a la Oroya en uno de las cinco ciudades más contaminadas del mundo, pide prorroga para paliar sus daños a lo largo de 700 años. Pluspetrol, operador de Camisea, que tiene como salín (almacén de sal) al río Corriente está anunciando una inversión de 3,016 millones de dólares para el 2012. A ellos, ni el pétalo de una rosa.

DESPEJANDO EL CAMINO PARA EL HORTELANO

En esa “cosmovisión” de ofertas y demandas de los recursos naturales de la selva peruana, un personaje como Paul Mc Auley es un advenedizo para los “intereses comerciales” del Estado, un obstáculo para cualquier defensor del “Perro del Hortelano, el proyecto económico más depredador de la historia.

Si damos crédito al documento del Ministerio del Interior, entonces todas las ONGs internacionales establecidas en el Perú, defensoras del medio ambiente y de los derechos indígenas, estarían también en el riesgo de que las expulsen en cualquier momento del país.

Claro está, desde el baguazo del 2009, el gobierno intenta deshacerse de todos aquellos que intente interrumpir sus cuestionadas concesiones de los recursos naturales de la selva peruana, desconociendo tratados y convenios internacionales.

Si todo aquel que se oponga al perro del hortelano, puede ser considerado como un elemento perturbador contra el Estado Peruano, por lo tanto sujeto al fueron judicial; no cabe duda que estamos entrando a un ciclo de oscurantismo. Hoy le toca a los ambientalistas. Como dice José Álvarez Alonso, el alanismo está hoy en la caza de ambientalistas.

En el caso de Mc Auley, la gota que colmo el vaso, la que provocó la desesperación de los mercadotecnitas de Lima, los que tranzaron exitosamente en lotes petroleros el 70 % del territorio amazónicos, habría sido la denuncia del misionero inglés sobre la nueva Ley Forestal, plagada de vacios, como se observa en la web de la Red Ambientalista, http://www.redambientalistadeloretana..

El ambientalista está chocado con grandes poderes. El mismo declaró esa posibilidad a la prensa internacional. Con la nueva ley Forestal, el Estado tiene la libertad absoluta de concesionar extensas aéreas de bosques que estarían destinados al monocultivo. Se entiendo que es para la obtención de bioetanol, un proyecto privado que está creado conflictos sociales, como sucede en Alto Amazonas

Finalmente, la orden de expulsión del país del ambientalista británico, Paul Mc Auley mortifica, molesta de sobremanera a todos aquellos que perciben que la Región Loreto está ingresando, en términos ecológicos y económicos, a una etapa de riesgo y devastación.

Lo quieren excluir porque saben, los del Gobierno, que Loreto no tiene casi a nadie quien lo defienda para este tipo de vandalismo: la destrucción de su ecosistema.

Mc Auley está por ahora libre de la expatriación, el alanismo no calibró las consecuencias, provocó una controversia en Iquitos, de la que está saliendo mal parado.

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La misma historia de siempre: un personaje decide levantar su voz de protesta contra los atropellos perpetrados de forma oficial o bajo el manto de la participación privada y de cierto modo, termina maniatado, reducido, pulverizado por la maquinaria del orden establecido. Da igual si este personaje es un hombre respetado por la comunidad en que le ha tocado interactuar, que haya defendido constante e indesmayablemente las reivindicaciones, legítimas y legales, que tiene la propia comunidad.

El Ministerio del Interior ha emitido la resolución ministerial 0571-2010-IN, que establece la cancelación de la residencia peruana de Paul Mc Auley, ciudadano británico, miembro de la congregación de La Salle, director de la Red Ambiental Loretana. Una noticia demasiado preocupante, que hiere la sensibilidad de una población que usualmente lo ha visto más cerca de la defensa de sus derechos que de aquella extraña y muy genérica figura de “alteración del orden público”.  Además, a todas luces es considerada como una provocación por un gran sector, pues tiene toda la apariencia de un dardo dirigido arteramente hacia el corazón mismo de la estructura social de la movilización amazónica.

Nos preocupa que entre los motivos que se argumentan para expulsar a Paul Mc Auley  se incluyan apartados de un atestado policial, y que este documento mencione la participación en marchas de protesta o la pertenencia a una organización de defensa de los derechos ambientales como potenciales amenazas a la seguridad y la soberanía del país. Es como si, de un momento a otro, por lo menos un considerable, por no decir mayoritario, espectro de la población amazónica fuera sospechoso y estuviera en el ojo de las sospechas de los miembros de Seguridad del Estado.

Paul Mc Auley no tiene procesos judiciales pendientes por este tipo de acciones. Pero sí una experiencia de servicio a causas indígenas y medioambientales desde hace más de 20 años. Su presencia en el Perú ha incluido acciones tan nobles y generosas como el contribuir decididamente en la creación del colegio Fe y Alegría, en un asentamiento humano de Lima. Además, interactuar con grupos de voluntarios y empresarios extranjeros que dinamizaron el intercambio comercial de productos que realizaban los jóvenes peruanos, para ser vendidos luego en tiendas de Londres y con ese dinero ayudar a su educación y sostén personal o familiar.

Su presencia en la Amazonía ha sido decididamente cercana a los sentimientos y demandas de esta región. Ha participado en la protección, defensa y organización de estrategias legales y humanas para aliviar la contaminación de los bosques y comunidades. Ha promovido estrategias de recuperación de los espacios indígenas y su revaloración frente a algunas acciones abusivas de empresas extractivas o incapaces de parte del Estado. Una de sus medidas ha sido brindar cobijo y hogar a muchos de los indígenas que han tenido que llegar hacia Iquitos.

Desde la Red Ambiental Loretana, Mc Auley ha generado conciencia sobre la importancia del medio ambiente, además crear toda una estructura pedagógica, científica o informativa, a fin de que los mismos no sean alterados o destruidos parcial o absolutamente. Para ello, no ha tenido reparos en poner la cara y acusar por igual a todos los responsables, sin distinción de color político o sesgo económico.

Esa integridad lo ha llevado, por cierto, a ser blanco de ataques, satanizaciones y amedrentamientos que, en todo caso, no habían llegado a un nivel tan crítico y lamentable, como el que ha generado el gobierno peruano con una decisión que nos parece excesiva, ilegítima e impertinente. En mucho tiempo no se ha visto en el país una  expulsión de un ciudadano extranjero alegando razones políticas, mucho menos de un religioso. Pero, sobre todo, es extraordinario que el gobierno canalice esfuerzos en quitarle la residencia a un hombre muy querido y respetado, que ha trabajado con organizaciones del mismo Estado para apoyar a los ciudadanos amazónico, que ha actuado desde la legalidad impuesta por el mismo Estado para demostrarle que aún existen injusticias e irregularidades que deben ser canalizadas o superadas.

En tanto, la solidaridad integral con Paul Mc Auley en la comunidad amazónica demuestra que se puede neutralizar momentáneamente a uno de sus miembros, pero no se pueden paralizar las causas globales y generalizadas de un pueblo.

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Por: Alberto Chirif

Hace un par de semanas, los presidentes de la República y del Consejo de Ministros, Alan García Pérez y Javier Velásquez Quesquén, respectivamente, enviaron un oficio al presidente del Congreso, Luis Alva Castro, observando la ley que regula el derecho de consulta de los pueblos indígenas, establecido en el Convenio 169 de la OIT.

La cuestión de las prerrogativas especiales.-
Los firmantes hacen una primera observación, que podríamos calificar de advertencia, que marca el paso de lo que viene luego y expresa la actitud del gobierno ante un procedimiento que le queda largo, en la medida que no es posible esperar que practicantes del autoritarismo primitivo admitan que se instaure un mecanismo democrático de avanzada, como es la consulta previa para el caso de planes y normas referidos a pueblos indígenas. Al inicio de sus observaciones, los presidentes señalan:

“Es necesario que la Autógrafa de Ley establezca, de forma expresa, que el resultado del proceso de consulta previsto, no limita, suspende ni prohíbe al Estado a adoptar decisiones que tengan por finalidad cautelar y garantizar el interés
general de la Nación, que debe primar sobre cualquier otro interés. Ello en vista que el Convenio 169 no confiere a los Pueblos Indígenas ninguna prerrogativa sobre los demás miembros de la Nación”.

Que los pueblos indígenas, en virtud del Convenio 169, no tienen prerrogativas sobre los demás miembros del país es una apreciación equivocada. Claro que las tienen, de lo contrario no se hubiera trabajado un acuerdo de esta naturaleza, adoptado en 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, después de años de reuniones, que tiene en cuenta, como considerandos, “…las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”; el hecho “…que en muchas partes del mundo esos
pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión”; y “… la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales”.

Si no son prerrogativas especiales, qué es lo que ha adoptado la Conferencia Internacional del Trabajo, en la que están representados los Estados miembros de la OIT y representantes de organizaciones de los empleadores y de los trabajadores. ¿Es que el Convenio 169, ratificado por 14 países de América y cuatro de Europa no representa más que el producto de la diversión de funcionarios y representantes de organizaciones de empresarios y de obreros que se sentaron durante años para elaborar un texto que contiene declaraciones retóricas y no derechos exigibles?
Es absurdo. Y la mejor explicación del porqué lo es la da la misma Constitución peruana, que señala: que “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte delderecho nacional” (Art. 55)”; que “Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República” cuando traten sobre “Derechos
Humanos” y algunos otros temas (Art. 56); que “Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de la República” (Art. 57); y que “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se
interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú” (Cuarta Disposición Final).

Lo que hay que decir es que las prerrogativas de los pueblos indígenas, o comunidades campesinas y nativas como se las llama en el Perú, respectivamente, desde 1969 (ley de Reforma Agraria) y 1974 (ley de comunidades nativas), tiene una historia larga en el Perú. ¿Por qué? Por su condición de originarios, es decir, de estar en el país antes del establecimiento del Estado. La segunda razón tiene que ver con una cuestión de justicia histórica. Desde la Conquista, son los indígenas el sector social más golpeado por la injusticia y la discriminación. Las leyes especiales son, entonces, un mecanismo de compensación histórica conocido como discriminación positiva. Claro que este modo de discriminación corresponde más a la teoría que a la práctica, porque en la realidad las cosas marchan de otra manera, y así el presidente García señala que los indígenas no son ciudadanos de primera y un empresario inmigrante, cuyos padres fueron vendedores ambulantes de telas, los califica de “sarnosos” opuestos al progreso.
Menciono sólo los derechos especiales más importantes reconocidos históricamente por la Constitución y las leyes a los indígenas en el Perú. La propiedad de sus territorioscomunales es uno de ellos, y su carácter especial es que antecede al título. Es decir, el título no les da la propiedad sino sólo regulariza la que ya tienen. Dicho de otra manera,
los indígenas son dueños de sus territorios con o sin título. Relacionado con el derecho de propiedad está la imprescriptibilidad, la única garantía constitucional que la mutilada Constitución de 1993 aún les reconoce. Esta garantía fue asaltada por los decretos causantes de las protestas indígenas de 2008-2009, que paralizaban los procesos de titulación, expropiaban terrenos comunales donde se ubican instalaciones públicas y, lo peor, reconocían la propiedad de terceros asentados en la comunidad con un mínimo de cuatro años, sin importar que se tratase de invasores.

Otro derecho especial es la autonomía “en su organización, en el trabajo comunal en el uso y libre disposición de sus tierras” que les reconoce la Constitución (Art. 89º), decreto que también fue violentado por normas arbitrarias, como la ley de tierras de 1995 y uno de los decretos legislativos del actual gobierno, que legislaban sobre cuestiones internos, como el quórum para la disolución de comunidades.

Consulta y veto.-
El Ejecutivo alega que el Convenio 169 no da derecho a veto, y en esto tiene toda la razón. Cualquiera que lo lea se dará cuenta rápidamente que no contempla el veto como prerrogativa de los pueblos indígenas. El gobierno cita numerosos textos, algunos de la propia OIT y del Relator Especial de Naciones Unidas sobre asuntos indígenas para afirmar su punto de vista. Es así, sin dudas.

Lo que las observaciones callan es que las consultas están previstas en el Convenio 169 no como una formalidad, como un simulacro, sino como una práctica democrática seria, ya que además de su carácter previo a la toma de decisiones políticas o aprobación de normas, “deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias,
con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (Art. 6º, incisos 2). Es claro que las consultan apuntan a un fin, y que éste es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. En caso contrario el Convenio considera que la consulta no cumple con la finalidad con que fue prevista. Esto lo ha entendió muy bien el Relator Especial de la ONU, a quien los presidentes Alan García y Velásquez Quesquén no citan esta vez, mucho menos cuando recomendó, hace unos meses, suspender las concesiones petroleras y mineras hasta que no se pusiera en marcha el mecanismo de la consulta. Tampoco cita un informe de la Defensoría del Pueblo (Nº 011-2009, de mayo 2009), en el cual este organismo plantea tres posibles resultados de una consulta. En caso de consentimiento de los pueblos indígenas, “la entidad estatal competente debe enriquecer su decisión con los aportes derivados del proceso de consulta, respetando íntegramente los acuerdos adoptados en la Resolución que aprueba la medida”. Si el consentimiento es parcial, dicha entidad “debe enriquecer su propuesta con los aportes de los representantes indígenas formulados en el proceso de consulta, a fin de adecuar la medida o desistirse de ella”. Por último, si no se llegara a un acuerdo, “el Estado debe evaluar su decisión de adoptar la medida, adecuarla o desistirse de ella. Así mismo, debe fundamentar su decisión en las consideraciones derivadas de los hechos y el derecho. Adicionalmente,
le corresponde informar a los representantes de la población involucrada la decisión adoptada, así como las razones que lo motivan”.

En resumen, coincidiendo con el documento del Ejecutivo que el derecho de consulta no implica el veto, lo que sí prevé el Convenio como finalidad es el consentimiento Y esto sólo puede lograrse mediante un proceso de diálogo democrático.

El derecho de todos como pretexto.-
El Ejecutivo argumenta que su deber es velar por todos los peruanos y no sólo por un grupo (los indígenas). El tema es que en ese “todos” están los indígenas, y están también, para otros asuntos, otros sectores con derechos y reclamos especiales relacionados con su campo de actuación. Los obreros, por ejemplo, reclaman por lo suyo, y dentro de éstos, los mineros demandan por cuestiones especiales y diferentes a los de construcción civil o a los que laboran en la pesca o en la agricultura. Los empresarios, sin duda alguna un sector más pequeño que el de los indígenas en el Perú, tienen también derechos reconocidos y exigencias que hacer como gremio. Hasta donde recuerdo, jamás el gobierno, ni éste ni anteriores, han descalificado sus reclamos por no representar a todos los peruanos.

Digamos que más bien en este punto se ha ido al otro lado, atendiendo a grupos muy pequeños con leyes especiales. Por poner un caso, las que promueven los cultivo para producción de biocombustibles. ¿Cuántos se dedican a esto? Tal vez mi conocimiento sea incompleto, pero por más esfuerzos que hago los dedos de una mano me sobran para contarlos. No obstante, ¿cuántas leyes causantes de los reclamos de los indígenas fueron dadas en su favor y cuántas medidas políticas se han echado a andar para atenderlos? ¿Cómo define el Estado el interés de todos los ciudadanos? Difícil respuesta, sobre todo si consideramos, además de lo ya dicho, que, por ejemplo, frente a iniciativas como la hidroeléctrica de Inambari, no sólo los indígenas han protestado, sino también un conjunto de organizaciones de la sociedad civil de Madre de Dios, de Cusco y de Puno; y que en este último caso, incluso el Gobierno Regional se ha pronunciado en contra del proyecto.

También cuestionan el proyecto los ambientalistas, en la medida que la represa afectará la zona de amortiguamiento del parque nacional Bahuaya-Sonene. Otro ejemplo es la cuestión minera. Tampoco son los indígenas amazónicos los únicos que protestan por esta cuestión por sus malas experiencias, en el caso de la explotación de petróleo, que les ha dejado un gran pasivo ambiental y social. Comunidades andinas también reclaman frente a iniciativas mineras, al igual que otras de la costa. Y a éstas dos hay que sumarles agricultores independientes, muchos de ellos dedicados a cultivos de exportación, que no están dispuestos a perder su medio de trabajo y su fuente de riqueza en aras de un “interés nacional” que en nada se ve reflejado en mejoras de las condiciones de educación, salud y empleo de los ciudadanos. Y la exportación del gas a precio de regalo, mientras que en el mercado interno el consumidor peruano debe pagar mucho más, ¿es también una política pensada en función de “todos los peruanos” y del “interés nacional”?
Muchas veces, con una frecuencia sobre la que no quiero opinar porque debería hacerse un estudio previo en búsqueda de información objetiva, el concepto de interés nacional sirve para esconder “faenones” de ciertos grupos, tampoco muy numerosos y, en todos los casos, más pequeños que los indígenas, que los obreros e incluso que los empresarios.

Los campos de la consulta.-
Las observaciones del Ejecutivo entran en confusiones cuando los firmantes del documento pretenden fijar los campos en que ésta debe actuar. Señalan, así, que la ley propuesta: “no ha distinguido entre medidas legislativas o administrativas que afecten de manera general a los pueblos originarios (por ejemplo, la aprobación de una ley de tenencia de tierras) de aquéllas mismas medidas que sólo pueden afectar a un pueblo en particular en sus intereses y condiciones específicas”. ¿Por qué plantear la distinción? Si se refiere a pueblos indígenas, hay que consultarla en las cuestiones que los afectan. Nada más.

Las objeciones caen en el ridículo al señalar que el Convenio 169 “no prevé la obligación de consulta respecto de los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional”. Por tanto, continúan, al considerar estos planes y proyectos dentro del ámbito de la consulta, el proyecto de ley “amplía innecesaria e inconvenientemente los alcances del Convenio, lo que bien podría paralizar la ejecución de importantes obras de infraestructura para el país”. ¿Qué pretende el Ejecutivo? ¿Limitar la consulta para determinar la ubicación de escuelitas primarias y lozas deportivas en las comunidades?

Presumiendo la mala fe.-
Una de las observaciones más curiosas se refiere a la disposición contenida en la ley de “que las entidades estatales deben establecer bajo responsabilidad las propuestas de medidas legislativas o administrativas que deben ser consultadas” (Art. 9º). El Ejecutivo se exalta y reclama que este concepto (“bajo responsabilidad”) desconoce el principio establecido por la propia ley de que “el Estado tiene el deber de actuar de buena fe, en un clima de confianza, colaboración y respeto mutuo”, ya que conlleva “el supuesto que los funcionarios siempre actúan en desmedro de los intereses de los integrantes de las poblaciones indígenas”.

Al respecto hay que decir que la necesidad de actuar de buena fe contemplada en la ley de consulta, y que repite una idea incluida en el Convenio, no exime de responsabilidad a las entidades públicas y funcionarios que no actúen de esta manera. Resulta innecesario explicar esto debido a los numerosos ejemplos existentes de actuaciones de mala fe. Uno
solo: ¿actuaron de buena fe los funcionarios que ordenaron el desalojo violento de la Curva del Diablo, en Bagua, en junio de 2009, teniendo en cuenta que los indígenas habían acordado desalojar la carretera ese mismo día, cuatro horas después de la incursión armada?

¿Actúa el Estado de buena fe el Estado cuando da leyes con nombre propio para favorecer a unos pocos reduciendo los derechos de los otros? ¿Lo hace cuando no escucha los justos reclamos de la población afectada por industrias extractivas?

La identidad en debate.-
El Ejecutivo quiere reducir el concepto de pueblo indígena a “las etnias amazónicas” y a los “grupos no contactados”, y excluir a las comunidades andinas y costeñas. Las razones que da son: la comunidad andina es una institución española creada en la Colonia y “está sustantivamente vinculada a la ciudad, al comercio y a los servicios del Estado”; y que algunas comunidades costeñas “actúan como empresas inmobiliarias en beneficio de sus dirigentes en el negocio de terrenos y playas”; y, en última instancia, que ya estas comunidades no son distintas de la colectividad nacional. ¡Cuánta confusión en la cabeza del señor/señora que redactó este informe firmado por los presidentes de la República y del Consejo de Ministros, y cuánta generalización a partir de la arbitraria manipulación de unos pocos datos!
El concepto de originario alude a pueblos cuyas raíces son anteriores a la invasión europea, a la Colonia española y a la República, que es consecuencia de la evolución histórica de procesos iniciados en la etapa anterior. Pero no quiere decir de ninguna manera que se trate de pueblos que se encuentren en estado “original”, inmutable, igual a como pueden haber sido antes del contacto con Occidente. De la misma manera como los peruanos del siglo XIX no son los mismos que los actuales, las sociedades indígenas también cambian, como tienen que haber cambiado antes de la Conquista. Sociedad es casi un sinónimo de cambio. Las comunidades indígenas no son instituciones desligadas de procesos mayores, como el comercio, ni rechazan servicios del Estado, como la educación y la salud. Por el contario,
los reclaman y, cuando los tienen, exigen su mejora. En todo caso, no es requisito para ser considerado indígena estar apartado del mercado y no contar con servicios que el Estado debe dar a todos los ciudadanos. Esto tiene que ver con una concepción evolucionista del indígena. Craso error: los indígenas no son una etapa de la evolución de la humanidad.

En cambio, son, si así lo quieren –porque tiene igualmente todo el derecho a dejar de lado sus diferencias y hacerse parte de procesos mayores-, expresión de un tipo de evolución peculiar que incorpora los cambios en sus propias estructuras. Esto lo han hecho durante siglos (herramientas de acero, armas de fuego, animales domésticos, maquinarias, lengua y ciertos alimentos, entre otros) y pueden seguir haciéndolo.

Definir a las comunidades costeñas como entes que actúan como empresas inmobiliarias en beneficio de sus dirigentes, porque efectivamente existen algunos casos así, nos pone frente a la posibilidad de usar los mismos términos para precisar el trabajo de COFOPRI, a raíz del descubrimiento que su presidente se dedicaba a negociar bienes del Estado en beneficios propio.

Que las comunidades andinas y costeñas son creaciones coloniales, sí, lo son, pero sobre la base de ayllus que son instituciones indígenas o, si se prefiere, prehispánicas. En la historia, señores del Ejecutivo, no funciona el borrón y cuenta nueva, y así como después de la Independencia se continuaron las relaciones de explotación de los indígenas, incluso endureciéndose en muchos casos, así luego de la implantación del régimen colonial los indígenas encontraron maneras de darle continuidad a sus propias instituciones y creencias, y de adoptar otras nuevas a sus propias estructuras.

La situación de los pueblos originarios andinos y costeños fue contemplada en su especificidad en una copiosa normativa colonial, que no los considera como instituciones españolas, sino indígenas. Las Leyes de Indias, por ejemplo, recopiladas y publicadas en nueve libros en 1680 (se pueden encontrar en la página web del Congreso), incluyen uno (el sexto) llamado “Situación de los indígenas, su condición social, el régimen de encomiendas, tributos y otros”. De allí que muchas comunidades actuales tengan títulos coloniales de sus tierras.

Pero así como las comunidades indígenas (andinas y costeñas) fueron creadas por una norma colonial, las amazónicas (llamada oficialmente nativas) lo fueron por una ley republicana de 1974, actualizada en 1978. Le proporciono este dato al redactor del informe del presidente de la República y del Congreso incluso a riesgo de que, a vuelta de correo, esté mandando otro informe para que tampoco las “comunidades amazónicas” sean consideradas indígenas por esta razón. Tal vez sea ésta la manera cómo esos señores quieran solucionar el llamado “problema indígenas” del país, que ya es de larga data.

Además hay que recordar que las comunidades hoy conocidas como campesinas fueron llamadas indígenas hasta 1969, cuando el gobierno consideró que el término era ofensivo, situación que ya ha sido superada y hoy indígena se toma en su acepción exacta: “originario del país de que se trata” (Diccionario de la Real Academia Española). A pesar del cambio de nombre, esas comunidades y las nuevas que aparecieron como sujeto de derechos en esos tiempo (las “nativas” amazónicas) han seguido gozando de derechos especiales en la legislación nacional: la Constitución, las leyes referidas a ambos tipos de comunidades, los códigos Penal y Civil y, finalmente, los convenios y declaraciones trabajados en el ámbito de las Naciones Unidas.

Leyendo esta observación del Ejecutivo, recuerdo el comentario de un lector en Servindi (Servicio de Información Indígena): “Si las comunidades andinas y costeñas no sonindígenas, entonces ¿para qué existe el INDEPA?”.

La representatividad.-
La última observación del Ejecutivo tiene que ver con la representatividad de las organizaciones indígenas que participan en los procesos de consulta. Es verdad, es untema difícil. No obstante, hasta donde conozco, hasta ahora el mayor transgresor de esta norma ha sido el propio Estado y las propias empresas, al menos de dos maneras. La
primera es financiando la creación de organizaciones afines a sus planteamientos cuando la existente en una zona se opone a sus planes. La segunda es haciendo consultas a estas organizaciones dóciles aun cuando ellas no tengan ninguna presencia en la zona donde se enfrenta el problema. Éste fue el caso de una organización indígenas que fue consultado sobre la cuestión del contrato con la minera Dorato, que obtuvo un contrato en la Cordillera del Cóndor, a pesar de que ella no tenía presencia entre las comunidades de la cuenca del Cenepa, que son las afectadas por la actividad minera.

Son las propias organizaciones, en coordinación con la población local, las que deberán resolver este asunto, ya que de lo contrario, sin ser adivinos, sabemos de antemano que la representatividad la resolverá el Estado en función de sus propios intereses.

Por buena que sea una propuesta de ley de consulta, si no hay voluntad política no servirá de nada. Y ése es ahora el problema central.

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Nunca como antes se había manifestado un enorme interés con respecto al devenir amazónico. Nunca como ahora los mecanismos de exposición de productos artísticos que tienen patrón de origen en su sabiduría y derivados importan, no sólo como decorado exótico, sino como vehículo de comunicación de realidades por mucho tiempo ignoradas o ninguneadas.

Nunca, como ahora, sin embargo, sentimos que aún nos falta mucho por recorrer, al menos en el campo de las identidades y en la revaloración del vasto patrimonio inmaterial de la Amazonía y, en general, del país.  Es muy cierto que no se ha construido un clima oficial  que supere a veces ciertos  elementos concretos y velados de exclusión y discriminación de los diferentes pueblos originarios, desde la perspectiva misma de la pluriculturalidad.

Ha llamado la atención, por eso, que la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte del Congreso de la República haya presentado un extenso pre-dictamen del proyecto de ley 3622, que propone la creación, organización y funciones del Ministerio de Cultura. Dentro de ellas, puestas en vitrina para su debate ciudadano, así como recoger las opiniones y sugerencias ciudadanas, a fin de solidificar sus contenidos, se empiezan a generar movimientos muy interesantes sobre la protección legal sobre el patrimonio inmaterial, así como la Pluralidad Étnica y Cultural de la Nación.

En ese camino, el proyecto se sustenta en premisas básicas que, de ser estudiadas, consensuadas y aprobadas, pudieran apoyar notablemente la consecución una aplicación práctica y eficiente de las nociones de pluriculturalidad e  interculturalidad, en el sentido de que a través de una estructura orgánica se pueden armar las bases para llevar a la práctica una política que reconoce la pluralidad social y cultural del país, aplicando asimismo criterios interculturales en la relación entre el Estado y la sociedad.

Resulta importante, sin duda, que el dictamen invoque el artículo 2º, numeral 19) de la Constitución Política del Estado, la cual establece que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. Asimismo se invoca la Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la OIT, en la idea de que se promuevan firme y decididamente la plena efectividad de los derechos culturales de las comunidades originarias, respetando su identidad, costumbres y tradiciones, así como sus instituciones.

En ese sentido, dentro de los mecanismos legales, la Comisión de Educación plantea un término novedoso dentro de nuestro esquema normativo: la creación del Despacho del Viceministro de Interculturalidad.

Los pueblos originarios tendrían dentro de este esquema, una institución dentro del Ministerio de Cultura que se encargue de garantizar  el sentido de la igualdad social y los derechos de los pueblos secularmente marginados, formular políticas de respeto de las diversas expresiones culturales de nuestros pueblos, generar los mecanismos para difundir una práctica intercultural en el conjunto de la sociedad peruana. Asimismo el deber de supervisar las actividades que cumplen los órganos estatales y paraestatales a fin de promover la construcción de políticas que permitan conocernos mejor y que reconozcamos las diversas culturas vivas que existen en nuestro país, que su respeto y valoración permitan construir una ciudadanía inter-cultural. Además, supervisar políticas que promuevan  prácticas vigilantes y críticas a la discriminación contra los ciudadanos y pueblos originarios, contra todos aquellos que evidencian, ya sea en sus rasgos físicos, en su forma de hablar y de vestir, en otras palabras, en su identidad personal, colectiva, social, cultural, espiritual

Salir de un esquema donde el Estado no ha tenido ni tiene planes estructurados para  dinamizar el desarrollo cultural del país, donde su actuación ha sido centralista y burocrática es un avance notable. Pero, evidentemente, es sólo un peldaño dentro de la adecuación de la vasta y compleja geografía de la gestión cultural a las necesidades de los probables beneficiados.

Es muy cierto que las leyes, solas, no resuelven problemas ni pueden tapar el sol con un dedo. El Estado tiene deber de promover mercados culturales sólidos o, en su defecto, de construirlos, de modo tal que se monte una formación sólida de valores culturales y artísticos, dignos y sustentables, económica e inmaterialmente. Como señala el pre-dictamen de la Comisión de Educación, es básico  encontrar un “relato común” sobre la vida colectiva que sea capaz de articular la diferencia cultural y de integrarla en un proyecto de desarrollo, sin exclusiones, definiendo, por remisión, políticas regionales asociadas a la descentralización, respetando las condiciones de diversidad cultural que nos caracterizan y propender a la integración.

Menuda y nutrida tarea de construcción y generación, en suma, que se hace necesaria, urgente, imprescindible iniciar inmediatamente.

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Por: José Álvarez Alonso

El 5 de julio del 2006 el pleno del Concejo Provincial de Maynas aprobó el Acuerdo de Concejo N° 612-SO-MPM, “Propuesta de implementació n de medidas de emergencia para mitigar el impacto del ruido producido por el tránsito urbano en las actividades educativas y otras, y disminuir el riesgo de accidentes de estudiantes en las inmediaciones de centros educativos”, que incluye las siguientes medidas:

1.- Instalar carteles de gran tamaño cerca de colegios y hospitales, indicando la velocidad máxima 30 km.

2.- Instalar en las calles colindantes con estos centros mini jibas dispuestas de tal modo que no obliguen a parar a los vehículos, sino a reducir la velocidad a menos de 30 km.

3.- Difusión radial sobre el particular.

¿Alguien ha visto alguno de estos comprometidos carteles y jibas delante de colegios y hospitales? No. ¿Alguien escuchó algún aviso en radio sobre el particular? No. Como tantas otras veces, una nueva y beneficiosa norma incumplida, para dolor de la sufrida población, y especialmente para los más vulnerables, los niños y los enfermos.

Este acuerdo de Concejo respondía a la preocupación levantada por el Comité Cívico Todos contra el Ruido sobre los daños que los ruidos excesivos del tránsito están causando en la salud de todos, y en la educación de los niños y jóvenes. Ese mismo año, un peritaje sonoro realizado en varios colegios de Iquitos por la Policía Nacional había mostrado que los niveles de ruido dentro de las aulas contiguas a calles transitadas casi duplicaban los máximos permisibles para este tipo de ambientes, de acuerdo a los estándares nacionales y de la OMS: 50 decibeles (día) y 40 (noche). Por ejemplo, en el Centro Educativo N° 61004 (en la cuadra 18 de la c/ Moore) el sonómetro dio mediciones de 97 y 98 decibelios. ¿Cómo pueden estudiar y aprender así los niños? No es de extrañar que los estudiantes loretanos estén entre los peor preparados del Perú… Pero esto parece no importarles a las autoridades municipales, más preocupadas por ornatos callejeros y remodelaciones de dudosa prioridad.

En la mayoría de países desarrollados, delante de colegios siempre hay enormes gibas que obligan a los vehículos a bajar al máximo su velocidad: la seguridad de los niños es los primero. Y en esos países no existen vehículos ruidosos como en Iquitos. Aquí nadie hace nada por disminuir el ruido y el riesgo de accidentes delante de colegios. Los derechos de los niños no parecen ser prioridad para nuestras autoridades.

Durante cinco meses -entre noviembre del 2009 y abril del 2010- no se hizo ni un solo operativo contra el ruido en Iquitos, y en el último mes apenas unas decenas de vehículos fueron internadas al depósito, alentando la impunidad de quienes manipulan sus tubos de escape para meter más ruido. Consecuencia lógica: en los últimos meses han aumentado los vehículos muy ruidosos.

Se sabe que la Fiscalía Ambiental ha denunciado al Alcalde y al Subgerente de Salud Ambiental de la MPM, por el tema de los ruidos molestos en la ciudad. ¿Son los únicos responsables? Por supuesto que no. Es probable que sean culpables de negligencia, por no tomar las medidas necesarias, y dentro de sus competencias, para evitar esta lacra que tanto daño hace a Iquitos. Pero hay otros responsables, comenzando por los que producen los ruidos: ¿alguien ha escuchado de algún motorista o motocarrista ruidoso denunciado? No, pese a que sobrepasar los máximos permisibles de ruido es un delito hoy, de acuerdo con el nuevo Código Penal.

¿Y qué hace el Ministerio de Salud para enfrentar un claro problema de salud pública? Porque los ruidos excesivos son causantes de graves afecciones, como cansancio crónico, enfermedades cardiovasculares –con incrementos de hasta el 20% – 30% en el riesgo de ataques al corazón en personas sometidas a más de 65 decibelios-, trastornos del sistema inmune responsable de la respuesta a las infecciones y a los tumores, trastornos psicofísicos -ansiedad, manías, depresión, irritabilidad, náuseas, jaquecas, disminución del apetito sexual-, cambios conductuales, incluyendo comportamientos antisociales tales como hostilidad, intolerancia, agresividad, y disminución de la tendencia natural hacia la ayuda mutua… (Esto parece realmente un diagnóstico de lo que está pasando en nuestra ciudad…)

¿Qué hace el Ministerio de Educación para proteger a los estudiantes en los colegios, afectados por los excesivos ruidos del tránsito callejero? Porque el ruido afecta seriamente el aprendizaje: un estudio realizado en Europa en colegios cercanos a aeropuertos mostró que los ruidos excesivos disminuían en más del 25% la memoria a largo plazo de los niños. Algunos colegios con más recursos han puesto vidrios en las ventanas hacia la calle, pero eso no lo pueden hacer los que tienen menos recursos, y esto además crea otro problema: el calor excesivo dentro de las aulas. De nuevo, los niños pobres siguen estando en desventaja… Por cierto, nunca he escuchado al SUTEP, tan combativo en temas gremiales, reclamar a las autoridades municipales y policiales para que acaben de una vez por todas con esa tremenda rémora para la educación.

¿Y qué hacen la Cámara de Comercio y el MINCETUR? Porque el ruido está afectando gravemente el turismo en Loreto; muy pocos extranjeros quieren quedarse a hacer turismo urbano, porque no soportan los demenciales ruidos callejeros. Iquitos está perdiendo millones de dólares al año por este concepto (especialmente restaurantes, puestos de artesanías, transportes, hoteles). Y con seguridad se pierden miles de horas de trabajo y eficiencia en todos los negocios y oficinas asentados en las calles más transitadas. En la silenciosa Unión Europea se calcula que las pérdidas por ruidos suman entre 13,000 y 20,000 millones de euros al año.

Autoridades de Iquitos: por favor, defiendan, protejan a los ciudadanos más indefensos, niños, enfermos, ancianos, y a toda la población, de ese puñado de antisociales que ha convertido a Iquitos en la capital del ruido de Perú. Para eso han sido elegidos o contratados. Si no lo saben o pueden hacer, retírense, dejen el puesto a quien de verdad se preocupe por la salud, la educación y la economía de la gente, y especialmente por el bienestar y seguridad de los niños.

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Juega con la tierra /como con una pelota

báilala/estréllala/ reviéntala

no es sino eso la tierra

(Blanca Varela)

*****

Algunos sedentarios con mal humor han tratado constantemente de demostrar que la literatura y el fútbol no son compatibles. En su monocorde afán, no han dudado en tildar al deporte rey como pasión, vulgar y desdeñable, inferior. No han escatimado esfuerzo, tampoco en agenciarse de frases de escritores de primera para graficar ciertas abominaciones de quinta.  Por ejemplo, invocan al británico Rudyard Kipling, quien despreciaba al fútbol y a “las almas pequeñas que pueden ser saciadas por los embarrados idiotas que lo juegan“. También al maestro Jorge Luis Borges, quien señalaba: “once jugadores contra once corriendo detrás de una pelota no son especialmente hermosos“. Evidentemente, Borges era un genio literario, así como alguna vez fan enamorado de la dictadura de Pinochet (aunque, a diferencia de sus extraños seguidores, Borges sí jugó y sí le gustaba fútbol, como lo demuestra esta foto y este post).

Es más difícil para los críticos decir que el fútbol no les gusta y mucho más presuntuoso alegar que empobrece la inteligencia o la reflexión. Nada más disparatado.  Es cierto que fútbol y literatura no siempre han seguido caminos paralelos. También es cierto que algunos proyectos literarios se perdieron en medio del desdén de editores o la indiferencia de las capillas críticas (aunque no en el cariño de los lectores). Pero, a diferencia de lo que se podría pensar, muchos han sido los escritores que tomaron el  fútbol como punto de inspiración creativa y, desde la orilla contraria, futbolistas se animaron a escribir y publicar, con resultados dispares pero siempre entusiastas.

En verdad, la literatura y el fútbol nunca han estado divorciados, aunque en algunas épocas sus puntos de encuentro fueran frágiles. Varios creadores asimilaron el fútbol como una capilla de conocimiento, mosaico de las dimensiones de la condición humana; temas recurrentes que componen la gran literatura, por lo demás. El historiador mexicano Héctor Treviño señala que el futbol se ha convertido en la “nueva religión mundial” y parte importante de la cultura popular. Por lo tanto, es lógico que se convierta en objeto de estudios de las clases intelectuales para entender mejor a la humanidad. Desdeñarlo no sólo resulta snob, sino un signo de soberbia misógina que proviene del desconocimiento contumaz.

El genial artista visual y guionista italiano Pier Paolo Pasolini indicaba que “hay momentos que son puramente poéticos: se trata de los momentos de gol. El goleador es siempre el mejor poeta del año”. El español Javier Marías, autor de “Mañana en la batalla piensa en mí”, indicaba que “el fútbol es la recuperación semanal de la infancia“. Antonio Gramsci lo contemplaba como “el reino de la lealtad humana ejercida al aire libre“.  El escritor francés Albert Camus, Premio Nobel de Literatura, jugó como arquero y puntero izquierdo en Argelia y allí se dio cuenta que “la pelota nunca viene hacia uno por donde uno espera que venga. Lo que más sé acerca de moral y de las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol”.  La legión de acérrimos cultores del fútbol incluye a otros Premios Nobel  como el chileno Pablo Neruda (socio e hincha del Club Atlético Magallanes), el alemán Günter Grass , el colombiano Gabriel García Márquez (no sólo devoto hincha, también  profeta que reparte a los cuatro vientos las santas enseñanzas peloteras) y el español Camilo José Cela (autor de la alucinante Once cuentos de fútbol).

El poeta español Rafael Alberti publicó la excepcional “Oda a Platko”, dedicada al arquero húngaro que pasó por el Barcelona F.C. El checo Milan Kundera, autor de “La insoportable levedad del ser, ha teorizado sobre el fútbol en sus libros. El austriaco Peter Handke tiene una buena obra titulada “La angustia del arquero frente al tiro penal y en Inglaterra existe clásico del género fútbol-literatura titulado “Fiebre en las gradas, escrito por Nick Hornby

El recordado uruguayo Mario Benedetti escribió en 1955 un cuento llamado “Puntero izquierdo”. Su compatriota Horacio Quiroga publicó otro relato, “Suicidio en la cancha”, sobre el caso verídico de un jugador del Nacional de Montevideo que se disparó en el círculo central de la cancha, mientras que Eduardo Galeano escribió un libro muy popular, titulado Fútbol a sol y sombra.  Por el lado argentino, es imposible imaginar fútbol y literatura sin nombrar a la troica insuperable: Osvaldo Soriano, Roberto Fontanarrosa y Juan Sasturain. Ellos escribieron sin complejos y permanentemente sobre su pasión y afición, convirtiendo sus obras verdaderos estudios sociales y culturales sobre el género. A Soriano le debemos el libro “Arqueros, ilusionistas y goleadores” y  el cuento “El penal más largo del mundo”. Sasturain. Fontanarrosa escribió, entre otras cosas, “El fútbol es sagrado” y “19 de diciembre de 1971” (un maravilloso relato sobre un partido entre Rosario Central y Newells Old Boys). Sasturaín, en tanto, es culpable de “El día del arquero”, “Argentina en los mundiales” y esa frase: “El manejo de la pelota como el del lenguaje -puestos en buenos pies y manos- son un desafío a la creatividad”.

La lista continúa con los poetas Vinicio de Moraes y Jorge García Usata, quienes escribieron sendos poemas en honor del jugador brasileño Garrincha. También hay que incluir al gran cronista mexicano Juan Villoro, autor de “El hombre que murió dos veces”, sobre el día que Uruguay le arrebató a Brasil la Copa del Mundo en el propio estadio Maracaná, en 1950. Otros notables fans de fútbol: Jorge Amado, Augusto Roa Bastos, Ernesto Sábato, Rubem Fonseca, etc.

Vladimir Nabokov, autor de “Lolita”, fue jugador en Rusia y el talentoso novelista boliviano Edmundo Paz Soldán estudió en una prestigiosa universidad norteamericana gracias a una beca que logró como futbolista. Por el lado contrario, el ex jugador de la selección argentina, Jorge Valdano, ha ingresado en el mercado con la edición de “Cuentos de Fútbol”. Del mismo modo, el ex entrenador de Universitario, Ángel Cappa, ha publicado  “¿Y el fútbol dónde está?”.

Desde el lado peruano, es memorable el “Polirritmo dinámico a Gradín, jugador de foot-ball”, escrito por Juan Parra del Riego en 1920, en honor del jugador uruguayo Isabelo Gradín. Del mismo modo, el poema “Fútbol”, escrito por Blanca Varela (gran aficionada); el relato La gran jugada o Crónica deportiva que trata de Teófilo Cubillas y el Alianza Lima” de Arturo Corcuera; “El equipito de Mogollón” del notable Augusto Higa. Abelardo Sánchez León publicó crónicas futboleras en “La balada del gol perdido”. Mario Vargas Llosa no sólo es hincha de Universitario, sino también fue comentarista durante el Mundial España 82. Alfredo Bryce Echenique siempre ha confesado que jugó fútbol en su niñez y adolescencia (además escribió el relato “Pasalacqua volando”), así como Julio Ramón Ribeyro y Carlos Germán Belli.

Julio Ramón Ribeyro futbolista (Imagen: blog de Heduardo)

En fin, es bueno saber que las aparentes diferencias entre el arte y el deporte son meras especulaciones o estridencias inventadas. Empieza una nueva Copa del Mundo, esta vez en Sudáfrica. Quizás algunos grandes escritores no hayan visto jugar  a Messi, Kaká o  Cristiano Ronaldo, pero entendían perfectamente lo que el fútbol es capaz de generar en las mentes, los corazones de veintidós hombres que entregan a veces todo lo que son capaces de demandarles cientos de millones de espectadores. Del mismo modo, quizás los nuevos cracks no hayan leído nunca a Camus, Gabo o Soriano, pero la capacidad con que definen una jugada, la calidad con que arman un ataque colectivo, la belleza con que anotan un gol, son signos evidentes de la mejor literatura; son rastros y senderos de poesía pura. Como diría Valdano: “Hay quien se atreve a preguntar para qué sirve jugar bien (…) sirve para el placer, para la emoción, para vivir

Nunca como ahora es tan cierta la frase de Quique Wolff, ex jugador y comentarista argentino: ¿Cómo vas a saber querido amigo? ¿Cómo vas a saber lo que es la vida? Si nunca, jamás jugaste al fútbol”.

El futbol se escribe, se juega y es monarca absoluto de estos tiempos.

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La directora de la Biblioteca Amazónica me comenta que están a punto de cerrar sus instalaciones, debido a que no reciben el dinero del presupuesto que por convenio, el Gobierno Regional de Loreto mantiene con dicha institución desde los años noventa. La forma en que se pelotea el trámite en las dependencias del GOREL (donde, por cierto, todo pasa por un proceso tortuoso, paquidérmico y abusivo) abarca también a organizaciones como La Restinga, Algo bello para Dios, Orquesta Sinfónica y, por cierto, muchas más.

No cuento nada nuevo cuando señalo esta situación. El problema es que los ineficientes funcionarios nunca han considerado a la cultura como un tema de agenda, ni siquiera como asunto a discutir. Quienes han organizado ferias de libro, actividades artísticas, proyectos audiovisuales saben a lo que me refiero. Lo peor es que, aunque se tenga presupuestado ese dinero, éste nunca se ejecuta. Si en educación tenemos ese problema, imagínense ustedes las dimensiones en el área estrictamente cultural.

Esto pasa por una concepción de que el progreso es cemento y cuchipanda pro-electorera. Y poca capacidad de raciocinio para auscultar la memoria, el legado y la importancia artística de nuestro pueblo. Sólo así se siguen destruyendo los monumentos arquitectónicos y se podan árboles a diestra y siniestra; sólo así se obvia la dotación de material a colegios y bibliotecas o se desdeña capital y recursos para la formación de escuelas de formación varias. Sólo así se construye una sociedad poco instruida, irreflexiva, que acepte como venga las pachotadas de una clase dirigente poco eficiente, poco ilustrada y poco preocupada del porvenir de Loreto.

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