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Por: Alberto Chirif

Hace un par de semanas, los presidentes de la República y del Consejo de Ministros, Alan García Pérez y Javier Velásquez Quesquén, respectivamente, enviaron un oficio al presidente del Congreso, Luis Alva Castro, observando la ley que regula el derecho de consulta de los pueblos indígenas, establecido en el Convenio 169 de la OIT.

La cuestión de las prerrogativas especiales.-
Los firmantes hacen una primera observación, que podríamos calificar de advertencia, que marca el paso de lo que viene luego y expresa la actitud del gobierno ante un procedimiento que le queda largo, en la medida que no es posible esperar que practicantes del autoritarismo primitivo admitan que se instaure un mecanismo democrático de avanzada, como es la consulta previa para el caso de planes y normas referidos a pueblos indígenas. Al inicio de sus observaciones, los presidentes señalan:

“Es necesario que la Autógrafa de Ley establezca, de forma expresa, que el resultado del proceso de consulta previsto, no limita, suspende ni prohíbe al Estado a adoptar decisiones que tengan por finalidad cautelar y garantizar el interés
general de la Nación, que debe primar sobre cualquier otro interés. Ello en vista que el Convenio 169 no confiere a los Pueblos Indígenas ninguna prerrogativa sobre los demás miembros de la Nación”.

Que los pueblos indígenas, en virtud del Convenio 169, no tienen prerrogativas sobre los demás miembros del país es una apreciación equivocada. Claro que las tienen, de lo contrario no se hubiera trabajado un acuerdo de esta naturaleza, adoptado en 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, después de años de reuniones, que tiene en cuenta, como considerandos, “…las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”; el hecho “…que en muchas partes del mundo esos
pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión”; y “… la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales”.

Si no son prerrogativas especiales, qué es lo que ha adoptado la Conferencia Internacional del Trabajo, en la que están representados los Estados miembros de la OIT y representantes de organizaciones de los empleadores y de los trabajadores. ¿Es que el Convenio 169, ratificado por 14 países de América y cuatro de Europa no representa más que el producto de la diversión de funcionarios y representantes de organizaciones de empresarios y de obreros que se sentaron durante años para elaborar un texto que contiene declaraciones retóricas y no derechos exigibles?
Es absurdo. Y la mejor explicación del porqué lo es la da la misma Constitución peruana, que señala: que “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte delderecho nacional” (Art. 55)”; que “Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República” cuando traten sobre “Derechos
Humanos” y algunos otros temas (Art. 56); que “Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de la República” (Art. 57); y que “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se
interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú” (Cuarta Disposición Final).

Lo que hay que decir es que las prerrogativas de los pueblos indígenas, o comunidades campesinas y nativas como se las llama en el Perú, respectivamente, desde 1969 (ley de Reforma Agraria) y 1974 (ley de comunidades nativas), tiene una historia larga en el Perú. ¿Por qué? Por su condición de originarios, es decir, de estar en el país antes del establecimiento del Estado. La segunda razón tiene que ver con una cuestión de justicia histórica. Desde la Conquista, son los indígenas el sector social más golpeado por la injusticia y la discriminación. Las leyes especiales son, entonces, un mecanismo de compensación histórica conocido como discriminación positiva. Claro que este modo de discriminación corresponde más a la teoría que a la práctica, porque en la realidad las cosas marchan de otra manera, y así el presidente García señala que los indígenas no son ciudadanos de primera y un empresario inmigrante, cuyos padres fueron vendedores ambulantes de telas, los califica de “sarnosos” opuestos al progreso.
Menciono sólo los derechos especiales más importantes reconocidos históricamente por la Constitución y las leyes a los indígenas en el Perú. La propiedad de sus territorioscomunales es uno de ellos, y su carácter especial es que antecede al título. Es decir, el título no les da la propiedad sino sólo regulariza la que ya tienen. Dicho de otra manera,
los indígenas son dueños de sus territorios con o sin título. Relacionado con el derecho de propiedad está la imprescriptibilidad, la única garantía constitucional que la mutilada Constitución de 1993 aún les reconoce. Esta garantía fue asaltada por los decretos causantes de las protestas indígenas de 2008-2009, que paralizaban los procesos de titulación, expropiaban terrenos comunales donde se ubican instalaciones públicas y, lo peor, reconocían la propiedad de terceros asentados en la comunidad con un mínimo de cuatro años, sin importar que se tratase de invasores.

Otro derecho especial es la autonomía “en su organización, en el trabajo comunal en el uso y libre disposición de sus tierras” que les reconoce la Constitución (Art. 89º), decreto que también fue violentado por normas arbitrarias, como la ley de tierras de 1995 y uno de los decretos legislativos del actual gobierno, que legislaban sobre cuestiones internos, como el quórum para la disolución de comunidades.

Consulta y veto.-
El Ejecutivo alega que el Convenio 169 no da derecho a veto, y en esto tiene toda la razón. Cualquiera que lo lea se dará cuenta rápidamente que no contempla el veto como prerrogativa de los pueblos indígenas. El gobierno cita numerosos textos, algunos de la propia OIT y del Relator Especial de Naciones Unidas sobre asuntos indígenas para afirmar su punto de vista. Es así, sin dudas.

Lo que las observaciones callan es que las consultas están previstas en el Convenio 169 no como una formalidad, como un simulacro, sino como una práctica democrática seria, ya que además de su carácter previo a la toma de decisiones políticas o aprobación de normas, “deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias,
con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (Art. 6º, incisos 2). Es claro que las consultan apuntan a un fin, y que éste es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. En caso contrario el Convenio considera que la consulta no cumple con la finalidad con que fue prevista. Esto lo ha entendió muy bien el Relator Especial de la ONU, a quien los presidentes Alan García y Velásquez Quesquén no citan esta vez, mucho menos cuando recomendó, hace unos meses, suspender las concesiones petroleras y mineras hasta que no se pusiera en marcha el mecanismo de la consulta. Tampoco cita un informe de la Defensoría del Pueblo (Nº 011-2009, de mayo 2009), en el cual este organismo plantea tres posibles resultados de una consulta. En caso de consentimiento de los pueblos indígenas, “la entidad estatal competente debe enriquecer su decisión con los aportes derivados del proceso de consulta, respetando íntegramente los acuerdos adoptados en la Resolución que aprueba la medida”. Si el consentimiento es parcial, dicha entidad “debe enriquecer su propuesta con los aportes de los representantes indígenas formulados en el proceso de consulta, a fin de adecuar la medida o desistirse de ella”. Por último, si no se llegara a un acuerdo, “el Estado debe evaluar su decisión de adoptar la medida, adecuarla o desistirse de ella. Así mismo, debe fundamentar su decisión en las consideraciones derivadas de los hechos y el derecho. Adicionalmente,
le corresponde informar a los representantes de la población involucrada la decisión adoptada, así como las razones que lo motivan”.

En resumen, coincidiendo con el documento del Ejecutivo que el derecho de consulta no implica el veto, lo que sí prevé el Convenio como finalidad es el consentimiento Y esto sólo puede lograrse mediante un proceso de diálogo democrático.

El derecho de todos como pretexto.-
El Ejecutivo argumenta que su deber es velar por todos los peruanos y no sólo por un grupo (los indígenas). El tema es que en ese “todos” están los indígenas, y están también, para otros asuntos, otros sectores con derechos y reclamos especiales relacionados con su campo de actuación. Los obreros, por ejemplo, reclaman por lo suyo, y dentro de éstos, los mineros demandan por cuestiones especiales y diferentes a los de construcción civil o a los que laboran en la pesca o en la agricultura. Los empresarios, sin duda alguna un sector más pequeño que el de los indígenas en el Perú, tienen también derechos reconocidos y exigencias que hacer como gremio. Hasta donde recuerdo, jamás el gobierno, ni éste ni anteriores, han descalificado sus reclamos por no representar a todos los peruanos.

Digamos que más bien en este punto se ha ido al otro lado, atendiendo a grupos muy pequeños con leyes especiales. Por poner un caso, las que promueven los cultivo para producción de biocombustibles. ¿Cuántos se dedican a esto? Tal vez mi conocimiento sea incompleto, pero por más esfuerzos que hago los dedos de una mano me sobran para contarlos. No obstante, ¿cuántas leyes causantes de los reclamos de los indígenas fueron dadas en su favor y cuántas medidas políticas se han echado a andar para atenderlos? ¿Cómo define el Estado el interés de todos los ciudadanos? Difícil respuesta, sobre todo si consideramos, además de lo ya dicho, que, por ejemplo, frente a iniciativas como la hidroeléctrica de Inambari, no sólo los indígenas han protestado, sino también un conjunto de organizaciones de la sociedad civil de Madre de Dios, de Cusco y de Puno; y que en este último caso, incluso el Gobierno Regional se ha pronunciado en contra del proyecto.

También cuestionan el proyecto los ambientalistas, en la medida que la represa afectará la zona de amortiguamiento del parque nacional Bahuaya-Sonene. Otro ejemplo es la cuestión minera. Tampoco son los indígenas amazónicos los únicos que protestan por esta cuestión por sus malas experiencias, en el caso de la explotación de petróleo, que les ha dejado un gran pasivo ambiental y social. Comunidades andinas también reclaman frente a iniciativas mineras, al igual que otras de la costa. Y a éstas dos hay que sumarles agricultores independientes, muchos de ellos dedicados a cultivos de exportación, que no están dispuestos a perder su medio de trabajo y su fuente de riqueza en aras de un “interés nacional” que en nada se ve reflejado en mejoras de las condiciones de educación, salud y empleo de los ciudadanos. Y la exportación del gas a precio de regalo, mientras que en el mercado interno el consumidor peruano debe pagar mucho más, ¿es también una política pensada en función de “todos los peruanos” y del “interés nacional”?
Muchas veces, con una frecuencia sobre la que no quiero opinar porque debería hacerse un estudio previo en búsqueda de información objetiva, el concepto de interés nacional sirve para esconder “faenones” de ciertos grupos, tampoco muy numerosos y, en todos los casos, más pequeños que los indígenas, que los obreros e incluso que los empresarios.

Los campos de la consulta.-
Las observaciones del Ejecutivo entran en confusiones cuando los firmantes del documento pretenden fijar los campos en que ésta debe actuar. Señalan, así, que la ley propuesta: “no ha distinguido entre medidas legislativas o administrativas que afecten de manera general a los pueblos originarios (por ejemplo, la aprobación de una ley de tenencia de tierras) de aquéllas mismas medidas que sólo pueden afectar a un pueblo en particular en sus intereses y condiciones específicas”. ¿Por qué plantear la distinción? Si se refiere a pueblos indígenas, hay que consultarla en las cuestiones que los afectan. Nada más.

Las objeciones caen en el ridículo al señalar que el Convenio 169 “no prevé la obligación de consulta respecto de los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional”. Por tanto, continúan, al considerar estos planes y proyectos dentro del ámbito de la consulta, el proyecto de ley “amplía innecesaria e inconvenientemente los alcances del Convenio, lo que bien podría paralizar la ejecución de importantes obras de infraestructura para el país”. ¿Qué pretende el Ejecutivo? ¿Limitar la consulta para determinar la ubicación de escuelitas primarias y lozas deportivas en las comunidades?

Presumiendo la mala fe.-
Una de las observaciones más curiosas se refiere a la disposición contenida en la ley de “que las entidades estatales deben establecer bajo responsabilidad las propuestas de medidas legislativas o administrativas que deben ser consultadas” (Art. 9º). El Ejecutivo se exalta y reclama que este concepto (“bajo responsabilidad”) desconoce el principio establecido por la propia ley de que “el Estado tiene el deber de actuar de buena fe, en un clima de confianza, colaboración y respeto mutuo”, ya que conlleva “el supuesto que los funcionarios siempre actúan en desmedro de los intereses de los integrantes de las poblaciones indígenas”.

Al respecto hay que decir que la necesidad de actuar de buena fe contemplada en la ley de consulta, y que repite una idea incluida en el Convenio, no exime de responsabilidad a las entidades públicas y funcionarios que no actúen de esta manera. Resulta innecesario explicar esto debido a los numerosos ejemplos existentes de actuaciones de mala fe. Uno
solo: ¿actuaron de buena fe los funcionarios que ordenaron el desalojo violento de la Curva del Diablo, en Bagua, en junio de 2009, teniendo en cuenta que los indígenas habían acordado desalojar la carretera ese mismo día, cuatro horas después de la incursión armada?

¿Actúa el Estado de buena fe el Estado cuando da leyes con nombre propio para favorecer a unos pocos reduciendo los derechos de los otros? ¿Lo hace cuando no escucha los justos reclamos de la población afectada por industrias extractivas?

La identidad en debate.-
El Ejecutivo quiere reducir el concepto de pueblo indígena a “las etnias amazónicas” y a los “grupos no contactados”, y excluir a las comunidades andinas y costeñas. Las razones que da son: la comunidad andina es una institución española creada en la Colonia y “está sustantivamente vinculada a la ciudad, al comercio y a los servicios del Estado”; y que algunas comunidades costeñas “actúan como empresas inmobiliarias en beneficio de sus dirigentes en el negocio de terrenos y playas”; y, en última instancia, que ya estas comunidades no son distintas de la colectividad nacional. ¡Cuánta confusión en la cabeza del señor/señora que redactó este informe firmado por los presidentes de la República y del Consejo de Ministros, y cuánta generalización a partir de la arbitraria manipulación de unos pocos datos!
El concepto de originario alude a pueblos cuyas raíces son anteriores a la invasión europea, a la Colonia española y a la República, que es consecuencia de la evolución histórica de procesos iniciados en la etapa anterior. Pero no quiere decir de ninguna manera que se trate de pueblos que se encuentren en estado “original”, inmutable, igual a como pueden haber sido antes del contacto con Occidente. De la misma manera como los peruanos del siglo XIX no son los mismos que los actuales, las sociedades indígenas también cambian, como tienen que haber cambiado antes de la Conquista. Sociedad es casi un sinónimo de cambio. Las comunidades indígenas no son instituciones desligadas de procesos mayores, como el comercio, ni rechazan servicios del Estado, como la educación y la salud. Por el contario,
los reclaman y, cuando los tienen, exigen su mejora. En todo caso, no es requisito para ser considerado indígena estar apartado del mercado y no contar con servicios que el Estado debe dar a todos los ciudadanos. Esto tiene que ver con una concepción evolucionista del indígena. Craso error: los indígenas no son una etapa de la evolución de la humanidad.

En cambio, son, si así lo quieren –porque tiene igualmente todo el derecho a dejar de lado sus diferencias y hacerse parte de procesos mayores-, expresión de un tipo de evolución peculiar que incorpora los cambios en sus propias estructuras. Esto lo han hecho durante siglos (herramientas de acero, armas de fuego, animales domésticos, maquinarias, lengua y ciertos alimentos, entre otros) y pueden seguir haciéndolo.

Definir a las comunidades costeñas como entes que actúan como empresas inmobiliarias en beneficio de sus dirigentes, porque efectivamente existen algunos casos así, nos pone frente a la posibilidad de usar los mismos términos para precisar el trabajo de COFOPRI, a raíz del descubrimiento que su presidente se dedicaba a negociar bienes del Estado en beneficios propio.

Que las comunidades andinas y costeñas son creaciones coloniales, sí, lo son, pero sobre la base de ayllus que son instituciones indígenas o, si se prefiere, prehispánicas. En la historia, señores del Ejecutivo, no funciona el borrón y cuenta nueva, y así como después de la Independencia se continuaron las relaciones de explotación de los indígenas, incluso endureciéndose en muchos casos, así luego de la implantación del régimen colonial los indígenas encontraron maneras de darle continuidad a sus propias instituciones y creencias, y de adoptar otras nuevas a sus propias estructuras.

La situación de los pueblos originarios andinos y costeños fue contemplada en su especificidad en una copiosa normativa colonial, que no los considera como instituciones españolas, sino indígenas. Las Leyes de Indias, por ejemplo, recopiladas y publicadas en nueve libros en 1680 (se pueden encontrar en la página web del Congreso), incluyen uno (el sexto) llamado “Situación de los indígenas, su condición social, el régimen de encomiendas, tributos y otros”. De allí que muchas comunidades actuales tengan títulos coloniales de sus tierras.

Pero así como las comunidades indígenas (andinas y costeñas) fueron creadas por una norma colonial, las amazónicas (llamada oficialmente nativas) lo fueron por una ley republicana de 1974, actualizada en 1978. Le proporciono este dato al redactor del informe del presidente de la República y del Congreso incluso a riesgo de que, a vuelta de correo, esté mandando otro informe para que tampoco las “comunidades amazónicas” sean consideradas indígenas por esta razón. Tal vez sea ésta la manera cómo esos señores quieran solucionar el llamado “problema indígenas” del país, que ya es de larga data.

Además hay que recordar que las comunidades hoy conocidas como campesinas fueron llamadas indígenas hasta 1969, cuando el gobierno consideró que el término era ofensivo, situación que ya ha sido superada y hoy indígena se toma en su acepción exacta: “originario del país de que se trata” (Diccionario de la Real Academia Española). A pesar del cambio de nombre, esas comunidades y las nuevas que aparecieron como sujeto de derechos en esos tiempo (las “nativas” amazónicas) han seguido gozando de derechos especiales en la legislación nacional: la Constitución, las leyes referidas a ambos tipos de comunidades, los códigos Penal y Civil y, finalmente, los convenios y declaraciones trabajados en el ámbito de las Naciones Unidas.

Leyendo esta observación del Ejecutivo, recuerdo el comentario de un lector en Servindi (Servicio de Información Indígena): “Si las comunidades andinas y costeñas no sonindígenas, entonces ¿para qué existe el INDEPA?”.

La representatividad.-
La última observación del Ejecutivo tiene que ver con la representatividad de las organizaciones indígenas que participan en los procesos de consulta. Es verdad, es untema difícil. No obstante, hasta donde conozco, hasta ahora el mayor transgresor de esta norma ha sido el propio Estado y las propias empresas, al menos de dos maneras. La
primera es financiando la creación de organizaciones afines a sus planteamientos cuando la existente en una zona se opone a sus planes. La segunda es haciendo consultas a estas organizaciones dóciles aun cuando ellas no tengan ninguna presencia en la zona donde se enfrenta el problema. Éste fue el caso de una organización indígenas que fue consultado sobre la cuestión del contrato con la minera Dorato, que obtuvo un contrato en la Cordillera del Cóndor, a pesar de que ella no tenía presencia entre las comunidades de la cuenca del Cenepa, que son las afectadas por la actividad minera.

Son las propias organizaciones, en coordinación con la población local, las que deberán resolver este asunto, ya que de lo contrario, sin ser adivinos, sabemos de antemano que la representatividad la resolverá el Estado en función de sus propios intereses.

Por buena que sea una propuesta de ley de consulta, si no hay voluntad política no servirá de nada. Y ése es ahora el problema central.

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de soto indígena

Para cualquiera que haya seguido el devenir político del Perú en las últimas décadas, le queda suficientemente claro que Hernando de Soto es el inspirador del planteamiento del “perro del hortelano” expuesto por el presidente García. La diferencia es sólo de estilo. Mientras éste se lanzó al tema con una propuesta agresiva desde la metáfora, que causó la indignación de muchos indígenas que rechazaron ser calificados de perros, aquél ha montado un espectáculo, con Bobby y otros indígenas traídos del Norte, con la intención de demostrar que la propiedad colectiva no es verdadera propiedad y que además constituye un freno para el progreso y la superación de la pobreza. La aparición de Hernando de Soto en este momento, post Bagua y en el contexto de unas mesas de diálogo (de sordos), indica que su relación con el presidente no sólo es ideológica sino también estratégica y tiene por finalidad insistir en las ideas que ambos comparten para ver si consiguen ponerlas en práctica. ¿Financia el gobierno este nuevo intento? ¿Lo paga la empresa privada? Éste es otro misterio del capital.

El video elaborado por de Soto está bien hecho y es un buena tentativa para reforzar los prejuicios de sus feligreses e impresionar a un público poco conocedor de la realidad de la Amazonía y de los pueblos indígenas, Jaime de Althaus a la cabeza, que dice haber descubierto que las comunidades no son la Arcadia que le habían pintado. ¿Quién le habrá contado tremenda mentira al periodista? ¿Algún antropólogo despistado? ¿O será fruto de recuerdos de infancia, en los que buenos salvajes habitan parajes edénicos? ¿Cómo puede ser una idílica la situación de pueblos indígenas diezmados por epidemias en la época de las reducciones misionales, que luego sufrieron el genocidio del caucho y la férula de patrones que los sometieron a feroz servidumbre y esclavitud, con castigos físicos incluidos que causaron muchas muertes? Esto último pasaba hasta los primeros años de la década de 1990 en el alto Ucayali (está bien documentado en libros y artículos y en un informe elevado al gobierno de entonces), y fue a raíz de un proceso liderado por AIDESEP que la gente fue liberada. ¿Cómo puede ser paradisiaca la situación de indígenas de las zonas petroleras y mineras, que tienen metales pesados en la sangre por encima de los estándares máximos permisibles determinados por la OMS?

El mensaje del video es caritativo y consiste en señalar que los indígenas son pobres a pesar de estar sentados en un banco de oro, frase que don Antonio Raimondi jamás dijo, pero esto poco importa. Las trampas que pone a un público desinformado son varias. Una de ellas es la presentación de indígenas con vestidos que ya no usan cotidianamente. Aparece así un joven shipibo, líder de una organización urbana, con cushma, esa especie de hábito característico de varios pueblos indígenas, pero hoy muy poco usado, salvo por las mujeres ashanincas y, en algunas zonas, también por los hombres. Hoy ni siquiera en las comunidades shipibas es común ver un hombre con dicho vestido (las mujeres nunca lo usaron). Más manipuladora aun es la presentación de un grupo de hombres (aparentemente huitotos o boras), vistiendo unos faldellines de llanchama (especie de tela preparada con corteza de árbol) y con vistosas coronas de plumas. Se trata de un traje que ellos usan exclusivamente para  fiestas tradicionales o para hacer demostraciones “típicas” a grupos de turistas. Digamos que en este caso es coherente que hayan usado esos vestidos para agradar a los turistas del instituto que lidera de Soto y, sobre todo, para demostrar al público que a pesar de “conservar su cultura, tienen ideas modernas y hablan del mercado”. Pero la cultura, que por cierto es dinámica y cambiante, es algo mucho más complejo que el uso de vestidos. Para seguir con el turismo, en el video se presenta a un grupo de boras de San Andrés, asentados en el río Momón, a minutos de Iquitos, que no es comunidad titulada, sino un pequeño grupo de personas desarraigadas por los patrones de su territorio, situado en el Putumayo y al norte de este río (Colombia), que eventualmente realiza algún espectáculo para los visitantes. Como éstos hay varios ejemplos, pero considero largo e inútil detallarlos.

La selección de las comunidades presentadas como ejemplo de que la idea de títulos mancomunados es un invento de líderes mal asesorados (como de Soto califica a Alberto Pizango, quien no ha hecho otra cosa que cumplir con el mandato de sus bases), es otra muestra de la poca objetividad del video. Maranquiari, por ejemplo, es un caso entre varios de los que se puede encontrar en el Perené, una cuenca sometida a intensos procesos de colonización desde la segunda mitad del siglo XIX, donde los pocos indígenas que han quedado en ese asentamiento se han casado con población colona y, efectivamente, han individualizado las tierras. Si la gente del ILD se hubiera tomado la molestia de buscar un poco más, apenas en los alrededores y en zonas de fácil acceso, hubiera encontrado otros ejemplos que ilustran mejor el problema de la tierra en la cuenca, sin necesidad de recurrir a la filmación de un asentamiento casi totalmente de colonos, en los cuales la presión de éstos y las imposiciones del mercado han llevado a la fragmentación y deterioro de la tierra, a la desaparición del bosque y de la fauna, a la contaminación del Perené (con la generosa contribución de las mineras que operan en la provincia) y al empobrecimiento de la gente. Por lo demás, el hecho de que muchos colonos tengan allí títulos individuales y sean pobres, demuestra lo contrario de lo que de Soto intenta probar en su presentación.

Otro ejemplo citado en el video es la comunidad awajun de Shampuyacu (no existe “Alto Shampuyacu”, como se la llama en el video), ubicada muy cerca de Nueva Cajamarca, en la cuenca del Mayo, en San Martín. En la zona donde ella se ubica, atravesada por la Carretera Marginal, existen muchas otras comunidades similares en problemática a la citada y miles de colonos que han desarrollado principalmente el cultivo de arroz. Animados por el mercado, muchos awajun han alquilado sus tierras a estos colonos mediante contratos que demuestran su poco conocimiento del valor de ellas en el mercado y su total ingenuidad de haber pensado que por ese medio lograrían mejorar su situación. Después de casi dos décadas, hoy ven el incremento de colonos dentro de sus tierras y comienzan a darse cuenta de su error, y algunos están buscando medidas que les permitan reapropiarse de ellas.

Los pueblos indígenas no son ahora, ni nunca lo han sido, colectivistas, pero sí basan su organización social en vastas redes familiares de reciprocidad, en las que intercambian bienes (principalmente carne de monte) y servicios (las llamadas mingas), que tienen como escenario un territorio ancestral, con una geografía propia, con nombres que identifican diferentes lugares que han sido el teatro de eventos históricos o mitológicos. Algunos han habitado en grandes chacras familiares (malocas), pero el trabajo de las chacras es individual familiar. Las purmas (chacras en abandono para que los suelos se regeneren) pertenecen a quien las trabajó, cosa que todos respetan. Antiguamente, una persona que moría era enterrada con sus bienes (vestidos, armas y otros), aunque aquí el sentido de la propiedad era místico y no mercantil. Esto ha cambiado, y hoy ningún muerto es enterrado con su radio, escopeta o motor fuera de borda, que ahora heredan sus deudos. Si alguien le ha contado a de Soto y a otras personas ajenas al tema que los indígenas eran colectivistas, los ha engañado o no conoce esa realidad. Hay cientos de etnografías que los productores del video podrían haber consultado sobre esta materia.

Los pueblos indígenas no están entrando al mercado: lo están hace muchos años, pero lo están en la única manera como el mercado lo permite en zonas marginales, libradas a la matonería de los más fuertes, amigos de las autoridades locales, con quienes trabajan al alimón para explotarlos. El Estado es un espectador activo, de esos que tiran piedras desde la tribuna al actor más débil y se solidariza con el opresor. ¿Qué hace para promover mejoras en educación, salud (reconozco como positivas las campañas de vacunación que se realizan de manera regular), producción, manejo de recursos y otros? Nada más que bloquear las iniciativas realizadas por AIDESEP o por instituciones de apoyo. La famosa nota 14, por ejemplo, barrera impuesta por el ministro de educación para el acceso a pedagógicos, impide, desde hace tres años, que jóvenes indígenas, víctimas de la pésima educación que han recibido en la escuela y el colegio secundario, ingresen al programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana (FORMABIAP), promovido por AIDESEP, y a otros institutos similares. El ministro castiga a las víctimas de la inoperancia de su sector.

No es que los indígenas no quieran ser profesionales. Precisamente AIDESEP montó un programa en este sentido hace una década, apoyado por la cooperación internacional, para que jóvenes egresados de los colegios se formaran en diversas disciplinas. Si el intento no produjo todos los frutos que se esperaba fue porque los estudiantes no pudieron superar las exigencias que les planteaba la educación universitaria por provenir de precarios colegios estatales.

Los programas de manejo de bosque son bloqueados, antes por el INRENA y ahora por el Ministerio de Agricultura, y los de manejo de cuerpos de agua de la selva baja, el principal recurso de esta región, por Produce y otros inútiles acompañantes. Precisamente el tema de los cuerpos de agua es una buena razón para explicar por qué la parcelación de las tierras no es una alternativa para la región y, por el contrario, el apoyo a grupos organizados de las comunidades es la única alternativa viable para manejar este recurso de manera sostenible, mejorar los ingresos de la población y proteger el patrimonio ambiental de la nación.

Si bien la visión presentada por el video es superficial y basada en prejuicios, hay un aspecto de éste que califico de irresponsable y hasta de criminal. Afirma de Soto que los títulos son “pedazos de papel que no tienen ninguna función” y que “sólo valen dentro de los linderos de la comunidad”. Esto es una invocación al zafarrancho de combate y al festín de quienes esperan, detrás de esos linderos, que se les dé el disparo de partida para lanzarse sobre su presa. Es cierto que los títulos tienen errores porque fueron hechos basándose en una cartografía deficiente y con instrumentos poco precisos o inadecuados para la región amazónica, pero éste es el problema de todos los títulos del área rural del país, incluyendo las concesiones mineras y de hidrocarburos y los nuevos latifundios que se van constituyendo. ¿Considera también de Soto que éstos son únicamente “pedazos de papel que sólo valen dentro de sus respectivos ámbitos”?

No, no es despistado el sendero de Hernando de Soto, sino que está claramente orientado para apoyar la política de este gobierno, diseñada para servir a empresas que ambicionan los territorios de los indígenas, a fin de poner en marcha diversos planes. De Soto declara ufano que el Perú se ha comprometido a respetar a las empresas mineras y petroleras para promover el desarrollo. Si los pueblos indígenas contaran con garantías similares y no tuvieran, además de todas las otras adversidades antes mencionadas, que defenderse de la agresión de empresas de hidrocarburos, madereras y mineras, y del autoritarismo oficial, sin duda podrían abocarse con mayor dedicación a construir un mejor presente.

Para terminar, una última cuestión relacionada con algo que, al parecer, tampoco de Soto conoce. De acuerdo a la Constitución, las comunidades nativas y campesinas “Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece” (Art. 89). El argumento, entonces, de que ellas están condenadas por una legislación obsoleta a permanecer eternamente como comunidades no es cierto. De hecho, los ejemplos que doy al comienzo de estas líneas demuestran lo contrario: que hay comunidades parceladas, que alquilan sus tierras y que en la práctica van perdiendo la propiedad de éstas. Son libres de hacer lo que quieran y nadie se los puede impedir, aunque las experiencias actuales demuestran que la pérdida de dominio sobre sus territorios sólo les proporciona ingresos miserables, que luego de gastados deja a los pobladores verdaderamente pobres, cosa que antes no eran, porque a pesar de tener magros ingresos en efectivo, disponían de recursos y de un medio ambiente sano para vivir bien. Los pueblos indígenas actualmente son libres de disolver su identidad parcelando sus territorios, pero también lo son para defender el legado de sus ancestros, a fin de trabajarlo dentro de otra visión de desarrollo basada en el respeto entre la gente y de ella hacia el medio ambiente.

Por tanto, queda claro que lo que quieren el presidente García y el Sr. de Soto no es impulsar una ley que dé libertad a los indígenas para enajenar sus tierras, sino promocionar la voluntad de los indígenas para que se desprendan de su heredad.

Foto: El Morsa

Antonio Brack

Sobre el petróleo

En una entrevista realizada por el diario El Comercio (junio, 2009, p. 2, sección B), el ministro del Ambiente sostuvo una vez más que ahora la explotación de hidrocarburos es limpia y se realiza con un mínimo impacto. Puso él como ejemplo el caso del Corrientes, donde opera Pluspetrol, heredera y continuadora de un trabajo sucio iniciado por Occidental Petroleum y PETROPERÚ. Frente a la pregunta de quién le ha garantizado que la empresa esté reinyectando el 100% de las aguas de formación, él respondió que la propia Pluspetrol: “Eso fue lo que me dijeron cuando me invitaron a su planta, pero no pude ir”.    

 

Sorprendente respuesta la del ministro del Ambiente de un gobierno que, apenas tres años atrás, se negaba a reconocer los estragos causados sobre las personas y el medio ambiente en la cuenca del Corrientes, a pesar de que las demandas de los pobladores achuares estaban apoyadas por informes del hoy desaparecido INRENA y de análisis de los ministerios de Salud y de la Producción, que demostraban la presencia de metales pesados en seres humanos y peces, respectivamente. A la empresa, en cambio, el ministro le cree a ojos cerrados, y sobre esta creencia acerca de una experiencia que no conoce, basa su afirmación de que hoy la explotación de hidrocarburos es limpia no sólo en el Corrientes, sino en todo el país. Pero su respuesta es también sorprendente porque de haber ido, él no habría podido comprobar nada, no sólo porque no es especialista en la materia, sino porque las visitas de ministros son protocolares y terminan con una sonrisa, un par de chistes y un trago. Lo que el caso requería era un equipo especializado del Ministerio del Ambiente (MINAM) que comprobara el cumplimiento de la reinyección y por supuesto el avance de la remediación, nombre que se le da a la limpieza de las pozas donde se han depositado residuos de crudo y lodo de perforación.

 

Por lo tanto, en esta oportunidad el gobierno no ha comprobado si la empresa ha cumplido cabalmente su compromiso y sólo se basa en lo que la empresa dice. Es verdad que también los indígenas dicen que la empresa ha cumplido en un cien por ciento con la reinyección de las aguas de formación. Pero esto no es suficiente porque ellos no son técnicos en la materia, y así como para denunciar la contaminación tuvieron que basarse en análisis y supervisiones realizadas por terceros, así también el Estado, en cumplimiento de su fin supremo que es defender los derechos de sus ciudadanos (Constitución, Art. 1º), está en la obligación de constatar la veracidad de las afirmaciones de la empresa. En el momento actual, cuando la desconfianza es la principal característica de las relaciones entre las partes, un trabajo así debe hacerse además con participación de los indígenas y los equipos técnicos de su confianza, y de la propia Pluspetrol.

 

Pero sobre el tema hay más que decir. Una cuestión sobre la que ya he escrito antes, pero que vale la pena repetirla ahora, es que si en el Corriente se reinyectan las aguas de formación a partir del año 2007 es por la decidida actitud de los achuares que denunciaron la contaminación y, al no ser escuchados, tomaron instalaciones de la empresa arriesgando sus propias vidas, ya que hasta el último momento el gobierno manejó la posibilidad de una intervención violenta para recobrar el control de la situación. La reinyección entonces no ha sido ni una concesión de la empresa ni resultado de una toma de conciencia del Estado sobre la gravedad de la contaminación. Por otro lado, la reinyección se realiza exclusivamente en la cuenca del Corrientes y no está prevista para otras cuencas donde se produce petróleo desde antes de 2006, año en que el Estado, tratando de paliar los reclamos de los achuares, aprobó el “Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos” (D.S. 015-2006-EM), que indica: La exigencia de la disposición final del Agua de Producción mediante el sistema de reinyección operará para los Yacimientos que a la fecha de expedición del presente Reglamento no se encuentran en producción, salvo que en los respectivos instrumentos de gestión ambiental se haya considerado la disposición del Agua de Producción mediante la reinyección, en cuyo caso operará esto último” (quinta disposición final).

 

Con esto quiero decir que el ministro Brack no está dando el crédito de la reinyección a quien corresponde, como debería ser. Más aun, el hecho de que los achuares hayan logrado que se reinyecten aguas de formación de pozos que estaban en producción desde antes de la aprobación del citado reglamento, ha sentado un precedente para que se proceda de igual manera en otras donde se explota petróleo. Y esto es bueno para todo el país.

 

Otro asunto sobre el que quiero llamar la atención es que el acta de Dorissa (la que firmaron FECONACO -la organización achuar del Corrientes-, Pluspetrol y el Estado) limita su aplicación a los lotes 1AB y 8, pero no dice nada acerca del lote 8X, que se ubica nada menos que dentro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, que, como todas las áreas naturales protegidas, constituyen propiedad pública. Allí, las aguas de formación se siguen vertiendo a ríos, quebradas y cochas. En dicha reserva no existen achuares que protesten, lo que demuestra que si no hay presión externa, el Estado no tiene intención alguna de exigir otra de sus responsabilidades constitucionales. Tampoco el mismo Ministerio del Ambiente la tiene, aun cuando entre sus objetivos esté el de: “Prevenir la degradación del ambiente y de los recursos naturales, y revertir los procesos negativos que les afecten” y dentro de su estructura se encuentre el  Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cuya principal función es  “Conducir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE)”.

 

En otros lugares tampoco el trabajo de hidrocarburos es lo limpio que afirma el ministro, por ejemplo, en la quebrada Ramírez, a apenas unos 20 minutos de Iquitos, de la que se surten de agua los pobladores de Barrio Florido y otros asentamientos vecinos. Análisis realizados en 2008 en esa quebrada, que recibe los efluentes de la refinería de Iquitos, determinaron que los parámetros encontrados sobrepasan los límites máximos permisibles (LMP) en los casos de aceites y grasas, con 2,29 mg/L (miligramos por litro), bario, con 5,00 mg/L y cromo, con 0,01 mg/L. Los LMP son, respectivamente, 0,5-1,5 mg/L, 0,3 mg/L y 0,0002 mg/L. La situación en el Napo es también muy mala, aunque ésta puede ser atribuida a la explotación petrolera realizada en Ecuador, pero es previsible que se complique más cuando comience la actividad en la parte peruana de la cuenca. El estudio citado termina afirmando que: Las aguas de los ríos: Napo y Amazonas; así como de la quebrada Ramírez, no son aptas para el consumo humano”. Pero, sin embargo, se consumen. (Ver “Informe del avance del diagnóstico ambiental de los componentes: hidrología e hidrografía”. Zonificación Ecológica Económica Bellavista-Mazán. César Sáenz. Octubre 2008, pp. 26 y 44).

 


Sobre las tierras indígenas

Durante semanas, a través de la radio y la televisión, el ministro del ambiente se ha referido al tema de las tierras indígenas, y sus opiniones han quedado luego escritas en un pronunciamiento del MINAM (ver diario La República, mayo 25, 2009). En este aspecto, el cúmulo de medias verdades es inmenso. Él trata de desmentir lo que califica de “falsas versiones” respecto a los intentos del gobierno de privatizar las tierras de los indígenas. Pero ¿qué más declaración de intenciones se le puede pedir a un gobierno que ha señalado, nada menos que a través de su principal representante, el presidente Alan García, que el problema de esas tierras es que no son transables? Si ése es el problema desde su punto de vista, pues hay que hacer que sean transables, y es en esa dirección hacia donde apuntaban los decretos cuestionados.

 

La afirmación del ministro Brack de que el Estado “ha otorgado a los pueblos originarios de la Amazonía cerca de 11 millones de hectáreas de tierras, en su mayoría bosques primarios (sin intervención alguna)”, está cargada de una serie de apreciaciones mal fundadas. Según el diccionario de la Academia Española de la Lengua, otorgar significa: consentir, condescender o conceder una cosa que se pide o se pregunta; hacer merced y gracia de una cosa; y disponer, establecer, ofrecer, estipular o prometer una cosa. Queda claro que otorgar es un verbo que denota que quien concede hace un favor. Pero la cosa no es así en el caso de los pueblos indígenas.

 

El Estado no concede tierras de favor a los indígenas sino que se las titula, y el concepto de titulación aplicado a los pueblos indígenas en el Perú no es el de dar propiedad a quien no la tiene, sino de regularizar administrativamente una propiedad que ya es de ellos. ¿Por qué?, por su condición de pueblos originarios, es decir, de pueblos preexistentes al Estado y que ya eran dueños antes de la constitución de la república. Hasta el momento sabía, por confrontaciones con funcionarios regionales y locales, que éstos no entienden la diferencia entre titular tierras indígenas y adjudicar tierras a terceros y que, cuando se les explica, no la quieren entender. Ahora sé que tampoco el ministro del Ambiente la sabe, lo que es mucho más preocupante.

 

Este derecho preexistente es precisamente uno de los puntos que el decreto 1064, uno de los causantes de las últimas protestas, ha tratado de anular, porque limitaba las garantías de los pueblos indígenas al hecho de que las comunidades contasen con un título, ya que en caso contrario las tierras, aun cuando estuviesen ocupadas por ellas, serán declaradas de libre disponibilidad del Estado.

 

Hay varias medias verdades en la cifra citada por el ministro Brack. De los 11 millones de que habla, hay que descontar aproximadamente la mitad, que está constituida por suelos declarados de aptitud forestal, que incluyen los de protección. La ley de comunidades de 1978 dispuso que las comunidades recibiesen en propiedad sólo las tierras de aptitud agropecuaria, no así las de aptitud forestal, que les serían cedidas en uso. Esta disposición va en contra de lo dispuesto en el Convenio 169, que define que el término tierra “deberá incluir el concepto de territorio, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan y utilizan de alguna otra manera” (Art. 13º). En tal virtud, el Estado debió haber anulado esa limitación para adecuar la ley a esta definición de territorio indígena, pero no ha sido así. Es teórico afirmar, como alegan el ministro y algunos funcionarios de su sector, que la cuestión es formal, ya que tanto las tierras agropecuarias como las forestales constituyen parte de la heredad de las comunidades y tienen total garantía. Sí, en la letra es así, pero en la práctica el tema se ha prestado a manipulaciones de funcionarios ignorantes y arrogantes frente a los indígenas, que incluso han propiciado la invasión de colonos sobre las áreas forestales de sus comunidades, con el argumento de que ellas no son de su propiedad y que el Estado es libre de entregarlas a quien quiera. El caso más sonado y trágico es el de Flor de la Frontera, una comunidad awajun en la provincia de San Ignacio (Cajamarca), que luego de reclamar en la vía administrativa y en la judicial el desalojo de colonos invasores, y de ganar en ambas, tomó el problema en sus manos, con el resultado de 15 muertos y más de una decena de heridos de ambas partes.

 

La entrega de esas tierras forestales a las comunidades se formalizaba mediante contratos de cesión en uso que, en teoría, eran a perpetuidad por no tener fecha de vencimiento ni establecer condiciones de caducidad. Sin embargo, desde la promulgación de la ley forestal Nº 27308, el año 2000, con el argumento de que esta norma no aclaraba cómo se debía proceder en este caso, no se han vuelo a entregar dichos contratos a las comunidades. En otras palabras, desde ese año, si bien los títulos de las comunidades indican una cantidad de hectáreas, una parte de éstas no está garantizada a las comunidades por la falta de los contratos de cesión en uso. Es claro que esto reduce aún más la cifra global dada por el ministro de 11 millones.

 

Lo absurdo de la situación actual es que mientras el acceso a la propiedad de tierras de aptitud forestal se le sigue negando a las comunidades indígenas, el decreto 1090 (ahora derogado), que autorizaba el cambio de uso de la tierra para realizar actividades agropecuarias en suelos de aptitud forestal, abría esta ventajosa posibilidad para las empresas privadas en caso de proyectos declarados de “interés nacional” autorizados por el MINAM. En un texto anterior, trabajado en conjunto con mi colega Federica Barclay, habíamos citado la prohibición contemplada en la Constitución (Art. 71º) de que los extranjeros, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, “pueden adquirir o poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa o indirectamente, individualmente ni en sociedad”, a menos que se trate de proyectos de interés nacional; y habíamos indicado claramente cómo esta excepción se había convertido en la norma, ya que todas las fronteras de la región amazónica del país están copadas por contratos suscritos por el Estado con empresas extranjeras. Luego de experiencias de este tipo, el “interés nacional” ya no es un argumento que sirva para engañar a los peruanos.     

 

Pero de la mitad que queda de las 11 millones, hay todavía que descontar los cuerpos de aguas (cochas, aguajales, quebrada, ríos, tahuampas, tipishcas), más las franjas que se reserva la Marina de Guerra, aunque nadie entiende porqué, ni para qué. Una cereza en la copa la constituyen los contratos de explotación minera y sobre todo de hidrocarburos, que actualmente, con seguridad, cubren los territorios de todas las comunidades indígenas amazónicas, causando los estragos que ya son conocidos. Otra cereza son los contratos de explotación forestal, que en muchos casos se superponen con comunidades tituladas (por supuesto, también con no tituladas, pero que no las incluyo porque no hacen parte de los 11 millones de hectáreas)

 

Tampoco es cierto que la mayoría de estas extensiones tituladas a comunidades indígenas en la Amazonía estén constituidas por bosques primarios. En la zona de Oxapampa y Villa Rica, bien conocidas por el ministro porque es oriundo de allí, así como en el Perené y gran parte de la provincia de Satipo, el alto Urubamba y la zona más cercana a Bagua, por citar lo más notorio, los bosques fueron liquidados por los procesos de colonización propiciados por diferentes gobiernos, con el mismo argumento que el actual “de superar la pobreza”, aunque para eso esos gobiernos les ofrecieran tierras a los colonos en la Amazonía, mientras que éste trata de recuperarlas para hacerlas “transables”.

 

La forma como el ministro Brack plantea el tema da la sensación a quien no está familiarizado con el tema que se trata de un gran bloque de tierras de 11 millones de hectáreas, pero esto no es así. Además de las razones ya expuestas, en muchas zonas de la Amazonía peruana se trata de pequeñas islas rodeadas de propiedades de colonos (ver Atlas de Comunidades Nativas de la Selva Central. IBC. Lima 2006) o de tierras fiscales. Dichas zonas grosso modo coinciden con las citadas en el párrafo anterior, pero también hay otras, como las cuencas del Ucayali, Huallaga, Putumayo y Amazonas. En otras zonas la cuestión es diferente, como en el medio Urubamba y el Pastaza, donde las comunidades han logrado recomponer parte de sus territorios étnicos mediante la colindancia de sus títulos individuales.    

 

Sobre este tema, por último, hay que decir que el trabajo de titulación ha sido realizado, salvo escasísimas excepciones (no deben pasar de 100) con fondos de la cooperación internacional canalizados por ONG y, sobre todo, por AIDESEP. Hoy ambas son atacadas y satanizadas por el gobierno, que presenta cifras acerca de la titulación como mérito propio (igual que lo que comenté antes sobre la reinyección), en un campo en el que no ha hecho mayor esfuerzo. Por el contrario, cada proceso de titulación ha implicado una tensa pugna entre los promotores (AIDESEP u ONG) y funcionarios de un Estado sin ninguna voluntad de reconocer a los pueblos indígenas los derechos que la Constitución, las leyes y los convenios internacionales les garantizan.

 

Un comentario final sobre la opinión de la ministra de Comercio y Turismo, Mercedes Araóz, que se mantuvo fiel a su equipo de gobierno reafirmando enfáticamente que si derogaba el decreto 1090, se iba a propiciar la tala ilegal y se pondría en riesgo el funcionamiento del TLC. No obstante, derogado éste y otro decreto después de la tragedia de Bagua, su opinión apuntó en la dirección contraria: la derogatoria de los decretos “no pondrá en riesgo la aplicación del TLC”. La regla de oposición contradictoria señala que “dos proposiciones en oposición contradictoria no pueden ser ambas verdaderas ni ambas falsas a la misma vez”. ¿Cuál es la falsa? Claramente la primera, manipulada para asustar a una opinión pública que, sin conocerlo, cree que el TLC le bajará el cielo del modelo estadounidense hasta la bodega de la esquina. Para su tranquilidad señora ministra (o intranquilidad), debo decirle que la tala ilegal es un problema de la administración forestal del Estado (muy ineficiente y corrompida), no de las leyes.

 

Si el gobierno quiere darle a la palabra diálogo su verdadero valor y no usarla sólo como un subterfugio para salir del paso tratando de calmar las aguas después de los sucesos de Bagua, las mentiras y las medias verdades no son una opción para lograrlo.