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José Álvarez Alonso es uno de los más importantes y agudos analistas de la realidad amazónica nacional. Es master en Ciencias, biólogo de profesión e investigador del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP).  ha ganado importantes galaradones por su permanente trabajo de difusión e investigación en la selva, tanto en sus variantes humanas y ambientales Asimismo, es un lúcido y vehemente columnista de  temas amazónicos en los más importantes medios de comunicación, nacionales e internacionales.

Aquí sus impresiones sobre la tragedia de Bagua y los vaivenes de la problemática Amazónica, que no se acaban en una fecha ni tienen aún panorama concreto y real de solución:

¿Cuáles crees fueron las causas de los sucesos de Bagua del 5 de junio pasado?

Las causas inmediatas fueron obviamente (está en todos los documentos y reclamos indígenas) el paquete de decretos legislativos dados por el ejecutivo al amparo de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso para facilitar la implementación del TLC. En ellos vieron los dirigentes indígenas, por un lado, una violación flagrante del derecho a la consulta previa, consagrado en el Convenio 169 de la OIT, y por otro un intento de debilitar sus derechos de propiedad territorial en la Selva y una estrategia para impulsar la privatización y el otorgamiento de grandes concesiones a inversionistas privados.

Las causas mediatas son mucho más profundas, y tienen que ver con la marginación, el abandono por parte del Estado, y el empobrecimiento creciente y la falta de oportunidades para los indígenas. De acuerdo con cifras oficiales del INEI, mientras los índices de pobreza y pobreza extrema han disminuido en el Perú en alrededor de 1% durante el 2009, pese al decrecimiento económico producto de la crisis económica global, en la Selva se incrementaron significativamente: en la Selva urbana la pobreza creció 1.2 puntos porcentuales (de 31.3%  en el 2008 a 32,5% en el 2009), y en la Selva rural hubo un incremento de 8,3 puntos porcentuales (de 49,1% en el 2008 a 57,4% en el 2009). Incluso en la Sierra, los niveles de pobreza disminuyeron de 56,2% en el 2008 a 53.4% en el 2009. En mi opinión, si los indígenas hubiesen estado económicamente contentos y tuviesen buenos servicios de salud, educación, etc., aunque hubiese ocurrido el despropósito de los decretos legislativos inconsultos, no hubiesen reaccionado con tanta vehemencia, cortando ríos y carreteras por meses.

¿Cuáles son los errores que se siguen cometiendo al momento de entender o diagnosticar la Amazonía desde el Estado oficial?

Primero, no conocer la realidad ni lo que realmente piensan los indígenas, y no preocuparse mucho por conocerla. Segundo, seguir insistiendo en imponer modelos de desarrollo diseñados para otras realidades, o para satisfacer intereses de particulares, pero no acordes ni con la realidad socioambiental de la Amazonía, ni pensados en función de sus demandas. Tercero, satanizar a las organizaciones y a los dirigentes con calificativos fáciles de “politizados”, “manipulados”, “mesiánicos”, etc., y tratar a los indígenas como indigentes mentales, incapaces de analizar sus problemas y tomar decisiones sobre su futuro.

¿Cómo ves ahora la actitud del país con respecto a la Amazonía a raíz de lo de Bagua?

De desdén, desinterés y, como mucho, curiosidad folcklórica. Sólo una minoría de personas siguen pendientes de lo que pasa en la Amazonía y sobre la problemática indígena. La mayoría de la población no amazónica, y buena parte de la población amazónica urbana, lamentablemente, están más pendientes de los escandaletes del choliwood limeño, del asesinato del mes y del Mundial de Fútbol. El tema indígena dejó de ser noticia para la prensa, más interesada en vender sangre y escándalos que en educar e informar. Cuando aparece una noticia sobre los indígenas ocupa un espacio minúsculo en una página secundaria. Se cumple lo que dijo un líder indígena en la mesa de diálogo en Lima: “Los indígenas tenemos que matar y dejarnos matar para hacer noticia, para que nos tomen en cuenta”.

¿Podría volver a ocurrir otro Baguazo en la Amazonía?

No en el sentido y dimensión del ocurrido el 5 de junio, los indígenas con los que he interactuado desde entonces (más de 100 dirigentes, quizás, de todo el país) están en contra de la violencia y han percibido que por ese lado el camino se agotó. Es seguro, sin embargo, que seguirán los conflictos “de baja intensidad”, como reacción a la falta de atención del Gobierno, a las políticas de apertura indiscriminada a la inversión foránea en la Amazonía sin participación real indígena, etc. etc. En varias zonas los indígenas siguen en pie de lucha, pacífica pero lucha, para frenar el avance de las compañías petroleras, mineras, madereras, de biocombustibles. El conflicto sigue, pero en otro campo, más político y mediático.

¿Cuáles deben ser los cambios urgentes en las políticas para evitar en el futuro que en la Amazonía puedan generarse conflictos aún más grandes que en Bagua?

Debe haber reformas integrales. La solución a los problemas de los indígenas amazónicos no está en proyectitos de créditos agrarios por aquí, núcleos ejecutores por allá, una posta médica acullá, y una escuelita más allá. Cuando he preguntado a los indígenas si creen que algo va a cambiar con lo que se ha negociado en Lima, habida cuenta que el Gobierno cumpla los acuerdos de las mesas, la absoluta mayoría me expresó que no. El pesimismo es general, la mayoría no espera del actual gobierno nada, y esperan que algún futuro gobierno haga las reformas radicales para que ellos puedan acceder a los beneficios de un desarrollo sostenible y con identidad. Eso incluye, además de reformas legales, inversión en gran escala, para frenar el empobrecimiento creciente y la degradación también creciente de sus ecosistemas: el año 2009 creció la pobreza en la zona rural amazónica en 8.3%, mientras en el resto del Perú disminuyó un 1% en promedio.

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Por: José Álvarez Alonso

El 5 de julio del 2006 el pleno del Concejo Provincial de Maynas aprobó el Acuerdo de Concejo N° 612-SO-MPM, “Propuesta de implementació n de medidas de emergencia para mitigar el impacto del ruido producido por el tránsito urbano en las actividades educativas y otras, y disminuir el riesgo de accidentes de estudiantes en las inmediaciones de centros educativos”, que incluye las siguientes medidas:

1.- Instalar carteles de gran tamaño cerca de colegios y hospitales, indicando la velocidad máxima 30 km.

2.- Instalar en las calles colindantes con estos centros mini jibas dispuestas de tal modo que no obliguen a parar a los vehículos, sino a reducir la velocidad a menos de 30 km.

3.- Difusión radial sobre el particular.

¿Alguien ha visto alguno de estos comprometidos carteles y jibas delante de colegios y hospitales? No. ¿Alguien escuchó algún aviso en radio sobre el particular? No. Como tantas otras veces, una nueva y beneficiosa norma incumplida, para dolor de la sufrida población, y especialmente para los más vulnerables, los niños y los enfermos.

Este acuerdo de Concejo respondía a la preocupación levantada por el Comité Cívico Todos contra el Ruido sobre los daños que los ruidos excesivos del tránsito están causando en la salud de todos, y en la educación de los niños y jóvenes. Ese mismo año, un peritaje sonoro realizado en varios colegios de Iquitos por la Policía Nacional había mostrado que los niveles de ruido dentro de las aulas contiguas a calles transitadas casi duplicaban los máximos permisibles para este tipo de ambientes, de acuerdo a los estándares nacionales y de la OMS: 50 decibeles (día) y 40 (noche). Por ejemplo, en el Centro Educativo N° 61004 (en la cuadra 18 de la c/ Moore) el sonómetro dio mediciones de 97 y 98 decibelios. ¿Cómo pueden estudiar y aprender así los niños? No es de extrañar que los estudiantes loretanos estén entre los peor preparados del Perú… Pero esto parece no importarles a las autoridades municipales, más preocupadas por ornatos callejeros y remodelaciones de dudosa prioridad.

En la mayoría de países desarrollados, delante de colegios siempre hay enormes gibas que obligan a los vehículos a bajar al máximo su velocidad: la seguridad de los niños es los primero. Y en esos países no existen vehículos ruidosos como en Iquitos. Aquí nadie hace nada por disminuir el ruido y el riesgo de accidentes delante de colegios. Los derechos de los niños no parecen ser prioridad para nuestras autoridades.

Durante cinco meses -entre noviembre del 2009 y abril del 2010- no se hizo ni un solo operativo contra el ruido en Iquitos, y en el último mes apenas unas decenas de vehículos fueron internadas al depósito, alentando la impunidad de quienes manipulan sus tubos de escape para meter más ruido. Consecuencia lógica: en los últimos meses han aumentado los vehículos muy ruidosos.

Se sabe que la Fiscalía Ambiental ha denunciado al Alcalde y al Subgerente de Salud Ambiental de la MPM, por el tema de los ruidos molestos en la ciudad. ¿Son los únicos responsables? Por supuesto que no. Es probable que sean culpables de negligencia, por no tomar las medidas necesarias, y dentro de sus competencias, para evitar esta lacra que tanto daño hace a Iquitos. Pero hay otros responsables, comenzando por los que producen los ruidos: ¿alguien ha escuchado de algún motorista o motocarrista ruidoso denunciado? No, pese a que sobrepasar los máximos permisibles de ruido es un delito hoy, de acuerdo con el nuevo Código Penal.

¿Y qué hace el Ministerio de Salud para enfrentar un claro problema de salud pública? Porque los ruidos excesivos son causantes de graves afecciones, como cansancio crónico, enfermedades cardiovasculares –con incrementos de hasta el 20% – 30% en el riesgo de ataques al corazón en personas sometidas a más de 65 decibelios-, trastornos del sistema inmune responsable de la respuesta a las infecciones y a los tumores, trastornos psicofísicos -ansiedad, manías, depresión, irritabilidad, náuseas, jaquecas, disminución del apetito sexual-, cambios conductuales, incluyendo comportamientos antisociales tales como hostilidad, intolerancia, agresividad, y disminución de la tendencia natural hacia la ayuda mutua… (Esto parece realmente un diagnóstico de lo que está pasando en nuestra ciudad…)

¿Qué hace el Ministerio de Educación para proteger a los estudiantes en los colegios, afectados por los excesivos ruidos del tránsito callejero? Porque el ruido afecta seriamente el aprendizaje: un estudio realizado en Europa en colegios cercanos a aeropuertos mostró que los ruidos excesivos disminuían en más del 25% la memoria a largo plazo de los niños. Algunos colegios con más recursos han puesto vidrios en las ventanas hacia la calle, pero eso no lo pueden hacer los que tienen menos recursos, y esto además crea otro problema: el calor excesivo dentro de las aulas. De nuevo, los niños pobres siguen estando en desventaja… Por cierto, nunca he escuchado al SUTEP, tan combativo en temas gremiales, reclamar a las autoridades municipales y policiales para que acaben de una vez por todas con esa tremenda rémora para la educación.

¿Y qué hacen la Cámara de Comercio y el MINCETUR? Porque el ruido está afectando gravemente el turismo en Loreto; muy pocos extranjeros quieren quedarse a hacer turismo urbano, porque no soportan los demenciales ruidos callejeros. Iquitos está perdiendo millones de dólares al año por este concepto (especialmente restaurantes, puestos de artesanías, transportes, hoteles). Y con seguridad se pierden miles de horas de trabajo y eficiencia en todos los negocios y oficinas asentados en las calles más transitadas. En la silenciosa Unión Europea se calcula que las pérdidas por ruidos suman entre 13,000 y 20,000 millones de euros al año.

Autoridades de Iquitos: por favor, defiendan, protejan a los ciudadanos más indefensos, niños, enfermos, ancianos, y a toda la población, de ese puñado de antisociales que ha convertido a Iquitos en la capital del ruido de Perú. Para eso han sido elegidos o contratados. Si no lo saben o pueden hacer, retírense, dejen el puesto a quien de verdad se preocupe por la salud, la educación y la economía de la gente, y especialmente por el bienestar y seguridad de los niños.

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