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Por: Alberto Chirif

Hace un par de semanas, los presidentes de la República y del Consejo de Ministros, Alan García Pérez y Javier Velásquez Quesquén, respectivamente, enviaron un oficio al presidente del Congreso, Luis Alva Castro, observando la ley que regula el derecho de consulta de los pueblos indígenas, establecido en el Convenio 169 de la OIT.

La cuestión de las prerrogativas especiales.-
Los firmantes hacen una primera observación, que podríamos calificar de advertencia, que marca el paso de lo que viene luego y expresa la actitud del gobierno ante un procedimiento que le queda largo, en la medida que no es posible esperar que practicantes del autoritarismo primitivo admitan que se instaure un mecanismo democrático de avanzada, como es la consulta previa para el caso de planes y normas referidos a pueblos indígenas. Al inicio de sus observaciones, los presidentes señalan:

“Es necesario que la Autógrafa de Ley establezca, de forma expresa, que el resultado del proceso de consulta previsto, no limita, suspende ni prohíbe al Estado a adoptar decisiones que tengan por finalidad cautelar y garantizar el interés
general de la Nación, que debe primar sobre cualquier otro interés. Ello en vista que el Convenio 169 no confiere a los Pueblos Indígenas ninguna prerrogativa sobre los demás miembros de la Nación”.

Que los pueblos indígenas, en virtud del Convenio 169, no tienen prerrogativas sobre los demás miembros del país es una apreciación equivocada. Claro que las tienen, de lo contrario no se hubiera trabajado un acuerdo de esta naturaleza, adoptado en 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, después de años de reuniones, que tiene en cuenta, como considerandos, “…las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”; el hecho “…que en muchas partes del mundo esos
pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión”; y “… la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales”.

Si no son prerrogativas especiales, qué es lo que ha adoptado la Conferencia Internacional del Trabajo, en la que están representados los Estados miembros de la OIT y representantes de organizaciones de los empleadores y de los trabajadores. ¿Es que el Convenio 169, ratificado por 14 países de América y cuatro de Europa no representa más que el producto de la diversión de funcionarios y representantes de organizaciones de empresarios y de obreros que se sentaron durante años para elaborar un texto que contiene declaraciones retóricas y no derechos exigibles?
Es absurdo. Y la mejor explicación del porqué lo es la da la misma Constitución peruana, que señala: que “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte delderecho nacional” (Art. 55)”; que “Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República” cuando traten sobre “Derechos
Humanos” y algunos otros temas (Art. 56); que “Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de la República” (Art. 57); y que “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se
interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú” (Cuarta Disposición Final).

Lo que hay que decir es que las prerrogativas de los pueblos indígenas, o comunidades campesinas y nativas como se las llama en el Perú, respectivamente, desde 1969 (ley de Reforma Agraria) y 1974 (ley de comunidades nativas), tiene una historia larga en el Perú. ¿Por qué? Por su condición de originarios, es decir, de estar en el país antes del establecimiento del Estado. La segunda razón tiene que ver con una cuestión de justicia histórica. Desde la Conquista, son los indígenas el sector social más golpeado por la injusticia y la discriminación. Las leyes especiales son, entonces, un mecanismo de compensación histórica conocido como discriminación positiva. Claro que este modo de discriminación corresponde más a la teoría que a la práctica, porque en la realidad las cosas marchan de otra manera, y así el presidente García señala que los indígenas no son ciudadanos de primera y un empresario inmigrante, cuyos padres fueron vendedores ambulantes de telas, los califica de “sarnosos” opuestos al progreso.
Menciono sólo los derechos especiales más importantes reconocidos históricamente por la Constitución y las leyes a los indígenas en el Perú. La propiedad de sus territorioscomunales es uno de ellos, y su carácter especial es que antecede al título. Es decir, el título no les da la propiedad sino sólo regulariza la que ya tienen. Dicho de otra manera,
los indígenas son dueños de sus territorios con o sin título. Relacionado con el derecho de propiedad está la imprescriptibilidad, la única garantía constitucional que la mutilada Constitución de 1993 aún les reconoce. Esta garantía fue asaltada por los decretos causantes de las protestas indígenas de 2008-2009, que paralizaban los procesos de titulación, expropiaban terrenos comunales donde se ubican instalaciones públicas y, lo peor, reconocían la propiedad de terceros asentados en la comunidad con un mínimo de cuatro años, sin importar que se tratase de invasores.

Otro derecho especial es la autonomía “en su organización, en el trabajo comunal en el uso y libre disposición de sus tierras” que les reconoce la Constitución (Art. 89º), decreto que también fue violentado por normas arbitrarias, como la ley de tierras de 1995 y uno de los decretos legislativos del actual gobierno, que legislaban sobre cuestiones internos, como el quórum para la disolución de comunidades.

Consulta y veto.-
El Ejecutivo alega que el Convenio 169 no da derecho a veto, y en esto tiene toda la razón. Cualquiera que lo lea se dará cuenta rápidamente que no contempla el veto como prerrogativa de los pueblos indígenas. El gobierno cita numerosos textos, algunos de la propia OIT y del Relator Especial de Naciones Unidas sobre asuntos indígenas para afirmar su punto de vista. Es así, sin dudas.

Lo que las observaciones callan es que las consultas están previstas en el Convenio 169 no como una formalidad, como un simulacro, sino como una práctica democrática seria, ya que además de su carácter previo a la toma de decisiones políticas o aprobación de normas, “deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias,
con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (Art. 6º, incisos 2). Es claro que las consultan apuntan a un fin, y que éste es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. En caso contrario el Convenio considera que la consulta no cumple con la finalidad con que fue prevista. Esto lo ha entendió muy bien el Relator Especial de la ONU, a quien los presidentes Alan García y Velásquez Quesquén no citan esta vez, mucho menos cuando recomendó, hace unos meses, suspender las concesiones petroleras y mineras hasta que no se pusiera en marcha el mecanismo de la consulta. Tampoco cita un informe de la Defensoría del Pueblo (Nº 011-2009, de mayo 2009), en el cual este organismo plantea tres posibles resultados de una consulta. En caso de consentimiento de los pueblos indígenas, “la entidad estatal competente debe enriquecer su decisión con los aportes derivados del proceso de consulta, respetando íntegramente los acuerdos adoptados en la Resolución que aprueba la medida”. Si el consentimiento es parcial, dicha entidad “debe enriquecer su propuesta con los aportes de los representantes indígenas formulados en el proceso de consulta, a fin de adecuar la medida o desistirse de ella”. Por último, si no se llegara a un acuerdo, “el Estado debe evaluar su decisión de adoptar la medida, adecuarla o desistirse de ella. Así mismo, debe fundamentar su decisión en las consideraciones derivadas de los hechos y el derecho. Adicionalmente,
le corresponde informar a los representantes de la población involucrada la decisión adoptada, así como las razones que lo motivan”.

En resumen, coincidiendo con el documento del Ejecutivo que el derecho de consulta no implica el veto, lo que sí prevé el Convenio como finalidad es el consentimiento Y esto sólo puede lograrse mediante un proceso de diálogo democrático.

El derecho de todos como pretexto.-
El Ejecutivo argumenta que su deber es velar por todos los peruanos y no sólo por un grupo (los indígenas). El tema es que en ese “todos” están los indígenas, y están también, para otros asuntos, otros sectores con derechos y reclamos especiales relacionados con su campo de actuación. Los obreros, por ejemplo, reclaman por lo suyo, y dentro de éstos, los mineros demandan por cuestiones especiales y diferentes a los de construcción civil o a los que laboran en la pesca o en la agricultura. Los empresarios, sin duda alguna un sector más pequeño que el de los indígenas en el Perú, tienen también derechos reconocidos y exigencias que hacer como gremio. Hasta donde recuerdo, jamás el gobierno, ni éste ni anteriores, han descalificado sus reclamos por no representar a todos los peruanos.

Digamos que más bien en este punto se ha ido al otro lado, atendiendo a grupos muy pequeños con leyes especiales. Por poner un caso, las que promueven los cultivo para producción de biocombustibles. ¿Cuántos se dedican a esto? Tal vez mi conocimiento sea incompleto, pero por más esfuerzos que hago los dedos de una mano me sobran para contarlos. No obstante, ¿cuántas leyes causantes de los reclamos de los indígenas fueron dadas en su favor y cuántas medidas políticas se han echado a andar para atenderlos? ¿Cómo define el Estado el interés de todos los ciudadanos? Difícil respuesta, sobre todo si consideramos, además de lo ya dicho, que, por ejemplo, frente a iniciativas como la hidroeléctrica de Inambari, no sólo los indígenas han protestado, sino también un conjunto de organizaciones de la sociedad civil de Madre de Dios, de Cusco y de Puno; y que en este último caso, incluso el Gobierno Regional se ha pronunciado en contra del proyecto.

También cuestionan el proyecto los ambientalistas, en la medida que la represa afectará la zona de amortiguamiento del parque nacional Bahuaya-Sonene. Otro ejemplo es la cuestión minera. Tampoco son los indígenas amazónicos los únicos que protestan por esta cuestión por sus malas experiencias, en el caso de la explotación de petróleo, que les ha dejado un gran pasivo ambiental y social. Comunidades andinas también reclaman frente a iniciativas mineras, al igual que otras de la costa. Y a éstas dos hay que sumarles agricultores independientes, muchos de ellos dedicados a cultivos de exportación, que no están dispuestos a perder su medio de trabajo y su fuente de riqueza en aras de un “interés nacional” que en nada se ve reflejado en mejoras de las condiciones de educación, salud y empleo de los ciudadanos. Y la exportación del gas a precio de regalo, mientras que en el mercado interno el consumidor peruano debe pagar mucho más, ¿es también una política pensada en función de “todos los peruanos” y del “interés nacional”?
Muchas veces, con una frecuencia sobre la que no quiero opinar porque debería hacerse un estudio previo en búsqueda de información objetiva, el concepto de interés nacional sirve para esconder “faenones” de ciertos grupos, tampoco muy numerosos y, en todos los casos, más pequeños que los indígenas, que los obreros e incluso que los empresarios.

Los campos de la consulta.-
Las observaciones del Ejecutivo entran en confusiones cuando los firmantes del documento pretenden fijar los campos en que ésta debe actuar. Señalan, así, que la ley propuesta: “no ha distinguido entre medidas legislativas o administrativas que afecten de manera general a los pueblos originarios (por ejemplo, la aprobación de una ley de tenencia de tierras) de aquéllas mismas medidas que sólo pueden afectar a un pueblo en particular en sus intereses y condiciones específicas”. ¿Por qué plantear la distinción? Si se refiere a pueblos indígenas, hay que consultarla en las cuestiones que los afectan. Nada más.

Las objeciones caen en el ridículo al señalar que el Convenio 169 “no prevé la obligación de consulta respecto de los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional”. Por tanto, continúan, al considerar estos planes y proyectos dentro del ámbito de la consulta, el proyecto de ley “amplía innecesaria e inconvenientemente los alcances del Convenio, lo que bien podría paralizar la ejecución de importantes obras de infraestructura para el país”. ¿Qué pretende el Ejecutivo? ¿Limitar la consulta para determinar la ubicación de escuelitas primarias y lozas deportivas en las comunidades?

Presumiendo la mala fe.-
Una de las observaciones más curiosas se refiere a la disposición contenida en la ley de “que las entidades estatales deben establecer bajo responsabilidad las propuestas de medidas legislativas o administrativas que deben ser consultadas” (Art. 9º). El Ejecutivo se exalta y reclama que este concepto (“bajo responsabilidad”) desconoce el principio establecido por la propia ley de que “el Estado tiene el deber de actuar de buena fe, en un clima de confianza, colaboración y respeto mutuo”, ya que conlleva “el supuesto que los funcionarios siempre actúan en desmedro de los intereses de los integrantes de las poblaciones indígenas”.

Al respecto hay que decir que la necesidad de actuar de buena fe contemplada en la ley de consulta, y que repite una idea incluida en el Convenio, no exime de responsabilidad a las entidades públicas y funcionarios que no actúen de esta manera. Resulta innecesario explicar esto debido a los numerosos ejemplos existentes de actuaciones de mala fe. Uno
solo: ¿actuaron de buena fe los funcionarios que ordenaron el desalojo violento de la Curva del Diablo, en Bagua, en junio de 2009, teniendo en cuenta que los indígenas habían acordado desalojar la carretera ese mismo día, cuatro horas después de la incursión armada?

¿Actúa el Estado de buena fe el Estado cuando da leyes con nombre propio para favorecer a unos pocos reduciendo los derechos de los otros? ¿Lo hace cuando no escucha los justos reclamos de la población afectada por industrias extractivas?

La identidad en debate.-
El Ejecutivo quiere reducir el concepto de pueblo indígena a “las etnias amazónicas” y a los “grupos no contactados”, y excluir a las comunidades andinas y costeñas. Las razones que da son: la comunidad andina es una institución española creada en la Colonia y “está sustantivamente vinculada a la ciudad, al comercio y a los servicios del Estado”; y que algunas comunidades costeñas “actúan como empresas inmobiliarias en beneficio de sus dirigentes en el negocio de terrenos y playas”; y, en última instancia, que ya estas comunidades no son distintas de la colectividad nacional. ¡Cuánta confusión en la cabeza del señor/señora que redactó este informe firmado por los presidentes de la República y del Consejo de Ministros, y cuánta generalización a partir de la arbitraria manipulación de unos pocos datos!
El concepto de originario alude a pueblos cuyas raíces son anteriores a la invasión europea, a la Colonia española y a la República, que es consecuencia de la evolución histórica de procesos iniciados en la etapa anterior. Pero no quiere decir de ninguna manera que se trate de pueblos que se encuentren en estado “original”, inmutable, igual a como pueden haber sido antes del contacto con Occidente. De la misma manera como los peruanos del siglo XIX no son los mismos que los actuales, las sociedades indígenas también cambian, como tienen que haber cambiado antes de la Conquista. Sociedad es casi un sinónimo de cambio. Las comunidades indígenas no son instituciones desligadas de procesos mayores, como el comercio, ni rechazan servicios del Estado, como la educación y la salud. Por el contario,
los reclaman y, cuando los tienen, exigen su mejora. En todo caso, no es requisito para ser considerado indígena estar apartado del mercado y no contar con servicios que el Estado debe dar a todos los ciudadanos. Esto tiene que ver con una concepción evolucionista del indígena. Craso error: los indígenas no son una etapa de la evolución de la humanidad.

En cambio, son, si así lo quieren –porque tiene igualmente todo el derecho a dejar de lado sus diferencias y hacerse parte de procesos mayores-, expresión de un tipo de evolución peculiar que incorpora los cambios en sus propias estructuras. Esto lo han hecho durante siglos (herramientas de acero, armas de fuego, animales domésticos, maquinarias, lengua y ciertos alimentos, entre otros) y pueden seguir haciéndolo.

Definir a las comunidades costeñas como entes que actúan como empresas inmobiliarias en beneficio de sus dirigentes, porque efectivamente existen algunos casos así, nos pone frente a la posibilidad de usar los mismos términos para precisar el trabajo de COFOPRI, a raíz del descubrimiento que su presidente se dedicaba a negociar bienes del Estado en beneficios propio.

Que las comunidades andinas y costeñas son creaciones coloniales, sí, lo son, pero sobre la base de ayllus que son instituciones indígenas o, si se prefiere, prehispánicas. En la historia, señores del Ejecutivo, no funciona el borrón y cuenta nueva, y así como después de la Independencia se continuaron las relaciones de explotación de los indígenas, incluso endureciéndose en muchos casos, así luego de la implantación del régimen colonial los indígenas encontraron maneras de darle continuidad a sus propias instituciones y creencias, y de adoptar otras nuevas a sus propias estructuras.

La situación de los pueblos originarios andinos y costeños fue contemplada en su especificidad en una copiosa normativa colonial, que no los considera como instituciones españolas, sino indígenas. Las Leyes de Indias, por ejemplo, recopiladas y publicadas en nueve libros en 1680 (se pueden encontrar en la página web del Congreso), incluyen uno (el sexto) llamado “Situación de los indígenas, su condición social, el régimen de encomiendas, tributos y otros”. De allí que muchas comunidades actuales tengan títulos coloniales de sus tierras.

Pero así como las comunidades indígenas (andinas y costeñas) fueron creadas por una norma colonial, las amazónicas (llamada oficialmente nativas) lo fueron por una ley republicana de 1974, actualizada en 1978. Le proporciono este dato al redactor del informe del presidente de la República y del Congreso incluso a riesgo de que, a vuelta de correo, esté mandando otro informe para que tampoco las “comunidades amazónicas” sean consideradas indígenas por esta razón. Tal vez sea ésta la manera cómo esos señores quieran solucionar el llamado “problema indígenas” del país, que ya es de larga data.

Además hay que recordar que las comunidades hoy conocidas como campesinas fueron llamadas indígenas hasta 1969, cuando el gobierno consideró que el término era ofensivo, situación que ya ha sido superada y hoy indígena se toma en su acepción exacta: “originario del país de que se trata” (Diccionario de la Real Academia Española). A pesar del cambio de nombre, esas comunidades y las nuevas que aparecieron como sujeto de derechos en esos tiempo (las “nativas” amazónicas) han seguido gozando de derechos especiales en la legislación nacional: la Constitución, las leyes referidas a ambos tipos de comunidades, los códigos Penal y Civil y, finalmente, los convenios y declaraciones trabajados en el ámbito de las Naciones Unidas.

Leyendo esta observación del Ejecutivo, recuerdo el comentario de un lector en Servindi (Servicio de Información Indígena): “Si las comunidades andinas y costeñas no sonindígenas, entonces ¿para qué existe el INDEPA?”.

La representatividad.-
La última observación del Ejecutivo tiene que ver con la representatividad de las organizaciones indígenas que participan en los procesos de consulta. Es verdad, es untema difícil. No obstante, hasta donde conozco, hasta ahora el mayor transgresor de esta norma ha sido el propio Estado y las propias empresas, al menos de dos maneras. La
primera es financiando la creación de organizaciones afines a sus planteamientos cuando la existente en una zona se opone a sus planes. La segunda es haciendo consultas a estas organizaciones dóciles aun cuando ellas no tengan ninguna presencia en la zona donde se enfrenta el problema. Éste fue el caso de una organización indígenas que fue consultado sobre la cuestión del contrato con la minera Dorato, que obtuvo un contrato en la Cordillera del Cóndor, a pesar de que ella no tenía presencia entre las comunidades de la cuenca del Cenepa, que son las afectadas por la actividad minera.

Son las propias organizaciones, en coordinación con la población local, las que deberán resolver este asunto, ya que de lo contrario, sin ser adivinos, sabemos de antemano que la representatividad la resolverá el Estado en función de sus propios intereses.

Por buena que sea una propuesta de ley de consulta, si no hay voluntad política no servirá de nada. Y ése es ahora el problema central.

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Leo con estupefacción la información de que en Finlandia,  ha entrado en vigencia el derecho que cada uno de sus  ciudadanos tiene, desde ayer, a tener acceso a banda ancha de 1Mbps (1000 kbps) para conectarse a internet. Desde la entrada en vigencia de la ley, todas las compañías de telecomunicaciones están obligadas a proveer una conexión con esta velocidad mínima.

Finlandia, aquél pequeño y altamente desarrollado país nórdico,  se convierte en el primero del mundo en declarar que una conexión a internet de alta velocidad es un derecho constitucional. La medida fue adoptada en octubre del año pasado y finalmente se ha cristalizado.

En algunas naciones el internet es un derecho humano: Estonia, Francia y Grecia, pero ninguno como Finlandia que decide que el acceso de tal velocidad es una garantía fundamental que tienen todos sus habitantes.

Al respecto, el Ministro de Comunicaciones de dicho país, Suvi Linden, ha señalado: “Consideramos el rol de internet en la vida cotidiana de los finlandeses. Los servicios en internet no sólo son para entretención”. La medida  Esta medida, siendo increíble para otras realidades, es transitoria ya que, supuestamente, para el año 2015 se pretende alcanzar una banda ancha mínima consagrada constitucionalmente de 100Mbps.

Lo interesante es que, según las estadísticas, alrededor del 96% de los finlandeses ya tiene acceso a la web de 1Mbps o más. Pero se convierte en un primer paso para alcanzar la meta de los 100 Mbps.

Leo todo esto con estupefacción. No tanto por lo que han logrado los finlandeses, sino por los niveles casi prehistóricos en los que se encuentra el servicio de internet en Loreto. Y cómo hay gente supuestamente inteligente que cree que esto es un asunto que no reviste mayor interés.

Comparo nuestras cifras de conexión a internet en Iquitos con los de cualquier país, que digo, comparo nuestras cifras con las de Lima, Arequipa o Trujillo y siento que son una obscenidad (para usar la palabrita de moda). El servicio de internet que recibimos es un insulto, es una grosería, es una mentada de madre y una patada artera, todo junto.

Es obsceno que no exista cableado de DSL en Iquitos (Speedy o cualquier otro) y aún tengamos conexión telefónica de para conectarnos.

Es obsceno que Claro ofrezca su servicio de Internet celular con tan malos resultados de conectividad. Los iPhone no sirven ante ese fiasco monumental. La tecnología 3G es una utopía.

Es obsceno que el servicio de internet vía USB móvil en algunos casos tiene una conexión de 0 kbps

Es obsceno que Telmex no provea más el servicio de internet satelital, debido a la saturación de su señal. Es obsceno también que Movistar no provea su servicio de internet móvil en Iquitos o en todo el departamento.

Es súper obsceno que la garantía de Internet satelital en Iquitos para una conexión nominal de 200 kbps sea de sólo el 4% de su capacidad.

Es súper obsceno que uno no pueda conectarse a servicios de mensajería instantánea, que no se pueda descargar archivos con normalidad, que no se puedan visualizar videos en Youtube, que el Tweet Deck sea un instrumento inservible a la hora de interactuar con Twitter, que las enciclopedias interactivas se ahoguen en la transferencia, que levantar una noticia a través de la web o de un blog sea un ejercicio absoluto de paciencia.

Es obsceno que a veces pagar tus propias cuentas sea un dolor de cabeza ya que los bancos o instituciones financieras tengan “problemas con su sistema”.

Es obsceno que en los colegios estatales no exista internet, ni siquiera computadoras. Es obsceno que no se enseñe a partir del sistema de internet.

Me gustaría ver a todos esos habitúes que se precian de ser muy tecnócratas y estar en la onda con la tecnología que hicieran lo posible para cambiar este panorama. Me encantaría que nuestro presidente regional o nuestros alcaldes, tan fans del Blackberry, se ocupen de generar una propuesta concreta para cambiar este panorama o por lo menos presionar a los operadores privados o al gobierno para que tomen las decisiones necesarias.

Me gustaría que esos políticos, tan eficaces y vanidosos que nos atiborran el internet con mensajes spam sobre sus mítines o sus fotos retocadas por computadora en el Facebook qué tienen que proponer al respecto, o sí creen que considerarse un usuario 2.0 es mandar a otros que les contesten el correo electrónico.

Me gustaría que la campaña electoral se centre menos en payasadas vulgares o vil  asistencialismo y se concentre también en plantear propuestas concretas, serias y sustentables sobre banda ancha, inclusión digital, acceso de los loretanos a las carreteras de la información, la producción de software digital nativo, los métodos para usar las ventajas de las TIC’s en salud, educación, cultura, seguridad e industrias sin chimeneas.

Me gustaría que empecemos a escuchar propuestas en todos los aspectos, y que los candidatos empezaran con este aspecto, que es el que está en avanzada y avizora las tendencias del mundo. Me encantaría que algunos no piensen tanto en cemento o en podar árboles y sí en integración con el mundo globalizado

Me gustaría que nuestros gobernantes – los actuales y los futuros – entendiesen lo importante que significa el acceso del servicio de internet. Y, claro, me gustaría también  que los ciudadanos pudiéramos dejar nuestra apatía y exigiésemos que se equipare nuestras conexiones a los estándares mínimos que los habitantes de cualquier otro lugar tienen derecho.

Todo lo demás es pura obscenidad, lisura 2.0 absoluta.

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(Imagen: diario La Región)

Resulta muy preocupante la noticia de la cancelación de la residencia del religioso británico Paul Mc Auley, conocido defensor de causas indígenas y ambientales, director de la Red Ambiental Loretana.

La noticia, según el periodista Geovani Acate ,de  Radio Oriente:

El religioso británico de la Salle Paul Mc Auley, presidente de la Red Ambiental de Loreto (RAL) recibió hoy una resolución del Ministerio del Interior (MININTER) donde se le informa de la cancelación de su residencia en nuestro país.

En la resolución ministerial 0571-2010-IN, se alude un atestado policial del Departamento de Seguridad del Estado de la V División Territorial PNP, con fecha del 18 de agosto del 2009.

En dicho informe, se afirma que Mc Auley “ha venido participando en diferentes actividades de carácter político, como marchas de protesta (…) y demás actos que constituyen una alteración del orden público”.

En ese sentido, se determina que el titular de RAL ha incurrido en una infracción tipificada en el artículo 63 de la Ley de Extranjería, por lo cual se le cancela la residencia concedida en 2006 y se le dan siete días calendario para abandonar territorio peruano, sin posibilidad de retorno.

Cabe indicar el religioso británico no posee procesos ni juicios pendientes por este tipo de acciones. En cambio, se le reconoce por acompañar de manera permanente a las comunidades indígenas de las zonas del Marañón y el Pastaza.

En días pasados, Mc Auley anunció que la RAL solicitaría al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Energía y Minería (OSINERGMIN) realice una inspección a las bases de la empresa petrolera Pluspetrol, responsable del derrame de 300 barriles de crudo en el río Marañón.

Desde que llegó a Iquitos, Mc Auley inició su trabajo en defensa de las comunidades achuar afectadas por la contaminación con cadmio y plomo, producto de los vertimientos indiscriminados de las empresas petroleras en especial Pluspetrol. Es así que formó, junto a otros voluntarios, la Red Ambiental de Loreto (RAL), que mantuvo participación activa en las denuncias contra empresas e instituciones que atentan contra la calidad del ambiente.

Paul Mc Auley vive dos décadas en el Perú y su actuación siempre ha sido de dominio público de Loreto, además su defensa vehemente de las causas indígenas y ambientales. Ha seguido de cerca el caso de los temas de contaminación petrolera en el río Corrientes, del caso de Andoas, así como las concesiones foretales irregulares que se realizaron en territorio loretano el año 2006.

Precisamente por su posición decidida, Mc Auley ha sido constantemente satanizado por diversos intereses de poder. Uno de ellos fue el del alcalde de Maynas, Salomón Abensur, quien no dudó en tildarlo de “terrorista blanco” cuando Mc Auley y un colectivo de personas se opusieron a la  instalación del botadero municipal de Iquitos en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, ubicada en la carretera hacia Nauta.

La figura de Mc Auley era tan resistida por los grupos de poder,  sobre todo aquellas vinculadas con intereses económicos de transnacionales extractivas y figuras del gobierno. El atestado para expulsar a Mc Auley del Perú está vigente desde el año pasado, pero los intentos por expulsarlo desde el gobierno  vienen desde el año 2008 (aunque los intentos de amedrentamiento contra su persona vienen desde el 2006)

Parece que ahora sí lo lograron.

(Portada diario Pro & Contra)

(Foto: Diario La Región)

Sin embargo, el Hno Mc Auley no está solo. Un memorial firmado  por los pueblos indígenas Awajun, Wampis , Achuar, Shawi, Candoshi, Shapras, Shiwilo, Kokama Kokamilla, Urarinas, Kichua, Shipibos, Ashaninkas, Witotos, Machiguengas y todas las nacionalidades indígenas de la amazonia peruana; está dirigido a presidente Alan García, al presidente de la Concejo de Ministros, a la Embajada de Inglaterra y a los medios de comunicación y en él se aboga para que no se cometa un atropello contra “un personaje que se identifica plenamente con la realidad de la Región Loreto y la problemática de los pueblos indígenas y el medio ambiente de nuestra Amazonía”

Todos los medios de comunicación de Iquitos y Loreto han brindado cobertura a la injusta expulsión de Mc Auley, de paso que ha permitido descubrir una increíble cadena de solidaridad a favor del religioso. Una serie de pronunciamientos de apoyo y  protesta por Paul Mc Auley se han multiplicado rapidamente en la región.

Extra: Se ha conformado un Comité de Lucha contra la Expulsión de Paul Mc Auley en Iquitos. Sus actividades previstas son las siguientes:

1.- Primera actividad:  VIGILIA:

Día: Viernes 2 de julio del 2010 (hoy)

Lugar Plaza de Armas de Iquitos

Hora 6:00 pm.

2.- Segunda actividad:  PLANTON:

Día: Lunes 5 de julio del 2010

Lugar Plaza 28 de julio – Iquitos (frente al Palacio de justicia)

Hora 6:30 am.

Se presentara el Habeas Corpus

3.- Tercera actividad actividad: MOVILIZACION:

Día: Miércoles 7 de julio del 2010

Lugar Plaza 28 de julio – Iquitos

Hora 3.30 pm..

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Un candidato que convierte la tribuna de las ideas en un chongo, un señor exaltado que enarbola calzones que les quita a mujeres humildes, una potencial autoridad que obliga a sus compañeros de partido a darse besitos en la boca con ancianas empobrecidas para las cámaras de la televisión nacional; en fin, alguien así ¿puede ser favorito para ganar las elecciones en Maynas?  Al parecer, sí, pero no es el único que cree en el carnaval. Una señora promete movilidades gratis para ir hasta a un conocido local para proclamar su candidatura, cuyo número especial no será, por cierto, el anuncio de su plan de gobierno, sino el sorteo especial de una vaca entre los asistentes. Otro por ahí se concentra en ir casa por casa repartiendo pollitos, mientras uno más allá se concentra en regalar robustos chanchos. Sin mencionar todos los bailes con parlantes estridentes y los cientos de miles de litros de alcohol en que ahora nadan las concentraciones proselitistas.

¿En qué momento la política se convirtió en vendaval de tonterías, en repartija asistencialista o en feria ganadera? Me indican que esta situación se debe a la clase dirigente actual, frívola, inepta o corrupta. Esto sólo es una media verdad, porque también hemos contribuido los medios de comunicación, que apañamos o no exigimos calidad y eficiencia a las autoridades, y también la sociedad, que se deja seducir por bufonadas propias de malos cómicos ambulantes, antes que por propuestas serias y sustentable. Veo este paisaje y recuerdo con pesar la línea final de “Rebelión en la Granja”, de George Orwell: “ya no se distinguía quién era quién, dominados por el poder y la avaricia, se habían convertido hombres y cerdos en iguales”.

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Alberto Chirif es un reconocido antropólogo y analista de temas amazónicos. En Diario de IQT hemos publicado algunos de sus artículos, vinculados con la problemática indígena. A raíz del aniversario de Bagua, ante nuestro pedido, nos brindó algunas esclarecedoras respuestas sobre la crisis amazónica generada a partir de los sucesos del 5 de junio pasado.

¿Cuáles crees fueron las causas de los sucesos de Bagua del 5 de junio pasado?

Las causas del conflicto que desembocaron en la tragedia de Bagua, el 5 de junio de 2009, están magníficamente señaladas en el informe en minoría de la comisión especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua, suscrito por el Sr. Jesús Manacés Valverde y la religiosa Carmen Gómez Calleja, difundido a partir de abril de este año. Ellos señalan que la “falta de respeto por las formas de vida de los pueblos indígenas y el menosprecio por las características intrínsecas de los bosques amazónicos” han deteriorado su seguridad alimentaria. Recordemos el caso de la cuenca del Corrientes y las protestas presentadas por la organización de las comunidades achuares de dicho río, señalando cómo la actividad petrolera contaminaba su medio ambiente y afectaba su salud. Ellos tuvieron que recurrir a medidas de fuerza, como la toma de instalaciones petroleras, para lograr ser atendidos por un Ejecutivo que negaba las evidencias, incluso aquéllas presentadas por dependencias del propio Estado, como los Ministerios de Salud y Produce, dando cuenta, respectivamente, de la contaminación de los organismos de las personas y de los peces por metales pesados. Como causa más directa del conflicto de 2009 está el tema de los decretos legislativos que echaban abajo todos los derechos conquistados por las organizaciones indígenas en los últimos 40 años, no obstante que éstos estaban reconocidos en leyes dadas por el Estado y en acuerdos internacionales suscritos por el propio gobierno del presidente Alan García. El tema de la reacción violenta de los indígenas, si se lo quiere entender en su justa dimensión, tiene que ser analizado tomando en cuenta la violencia de la agresión que ellos sufren en las últimas décadas y, en especial, durante el actual gobierno.

¿Cuáles son los errores que se siguen cometiendo al momento de entender o diagnosticar la Amazonía desde el Estado oficial?

No sé  si se puede hablar de “errores”. El desprecio por la vida y derechos de los pueblos indígenas no es producto del error, sino del cálculo para favorecer a otros intereses. Después de los sucesos de Bagua, para este gobierno la historia no ha cambiado. La dolorosa experiencia de muerte de policías e indígenas no le sirve para nada y sigue actuando de la misma manera arbitraria, prepotente y provocadora. Ha seguido suscribiendo contratos para explotar recursos naturales (petróleo, minas, bosques) y dando leyes que afectan a los pueblos indígenas. No hay que olvidar que hay un proyecto de ley para el traslado forzoso de población asentada en zonas donde se vayan a ejecutar proyectos que sean declarados de “interés nacional”. Por experiencia sabemos cómo se ha manejado el tema del “interés nacional” en el país, que no es más que un eufemismo para ocultar intereses subalternos de autoridades coludidas con grandes empresas, con la finalidad de lograr el enriquecimiento mutuo.

¿Cómo ves ahora la actitud del país con respecto a la Amazonía a raíz de lo de Bagua.

Creo que la gente sabe algo más sobre la Amazonía y los indígenas. Y cuando hablo de “la gente” me refiero también a la población urbana de la Amazonía, muy alejada y desconocedora de la realidad indígena de la región. Este país ha ocultado desde hace décadas la presencia indígena dentro de sus fronteras, como resultado de una combinación de vergüenza con ignorancia. Ahora muchos saben que los indígenas existen, que tienen propuestas y capacidad de expresarlas de manera decidida y, a su vez, que estas propuestas tienen una lógica particular, en la medida que apuntan a la redefinición de un modelo de desarrollo basado en la explotación de la gente y en la destrucción del medio ambiente. Este modelo está además llegando a su fin, como lo demuestran problemas como el agotamiento de recursos, la contaminación, el calentamiento global y el cambio climático, y, más recientemente, las crisis financieras que comienzan a reventar como volcanes por diferentes países del mundo.

¿Podría volver a ocurrir otro “Baguazo” en la Amazonía?

Hay que tener mucho cuidado con una pregunta como ésta. El “Baguazo” no fue generado por los indígenas, sino por el gobierno. El “Baguazo” no era el punto al que las protestas indígenas querían llegar. Querían llegar, en cambio, a una reconsideración del Estado para que se les reconozcan sus derechos perfectamente establecidos en la ley. Las muertes, los heridos y, en fin, la tragedia desatada ese día es resultado de la agresión de un gobierno que no quiso dialogar, que se negó a respetar derechos reconocidos y que engañó, porque el día anterior a la invasión armadas de la policía, voceros del partido gobernante dijeron que la decisión de derogar los decretos se paralizaba hasta que las partes llegaran a un acuerdo. Para ese momento, la decisión de reprimir violentamente a los manifestantes de la Curva del Diablo había sido ya tomada. Sobre cómo se manejó este asunto es indispensable la lectura del artículo “Los imperdonables”, de Ricardo Uceda, publicado hace un par de meses en la revista Poder. ¿Podría ocurrir otro “Baguazo”? Sin duda que un gobierno como éste empeñado en pisotear los derechos ciudadanos para asegurar sus negocios turbios con empresas podría repetir esta terrible y torpe experiencia represiva, que resultó en la muerte de muchos peruanos. Los petro-audios y otros escándalos que han emergido a la luz (venta de patrimonio público: Collique, puertos, terrenos negociados por COFOPRI y mucho más) son indicadores inequívocos de los intereses detrás de estas políticas.

Cuáles deben ser los cambios urgentes en las políticas para evitar en el futuro que en la Amazonía puedan generarse conflictos aún más grandes que en Bagua?

Los cambios deben ser sobre todo de actitudes de los gobernantes. Las leyes están dadas, el problema es que no se respetan. Si se respetase la Constitución, las leyes nacionales sobre derechos indígenas y los convenios y declaraciones internacionales, las cosas funcionarían como deben funcionar y se trabajaría en la construcción de una verdadera democracia, en la que todos los peruanos podamos ser verdaderamente iguales ante la ley. ¿Es esto posible de lograrse con este gobierno? No lo creo. Si no lo ha hecho en cuatro años de ejercicio del poder, en los cuales, en cambio, ha hecho todo lo contrario, no lo va a hacer en el año que le queda por delante.

El drama nacional se alimenta de la amnesia voluntaria, que evita auscultar, reflexionar, interiorizar y sanar procesos colectivos traumáticos. Debido a ella muchas preguntas que se abrieron a partir de la terrible tragedia de Bagua, el 5 de junio de 2009, no han tenido respuesta o, lo peor, ni siquiera se ha intentado procesarlas. Causas, motivos y  objeciones que condujeron a dicho cataclismo social siguen vigentes e, incluso, se han acentuado.

En Bagua murieron 34 peruanos y desaparecieron algunos más. También se desnudó en todo su patético esplendor el drama de nosotros, los amazónicos, los olvidados por el Perú oficial. Un drama que viene de siglos, apenas visibilizado, incomprendido o ignorado por quienes tienen el deber de descubrir procesos de integración. Un drama que no se acaba en radicalismos ni politizaciones electoreras o endurecimiento de las medidas represivas.

Creer que la tragedia se debe a arrestos de “ciudadanos de segunda clase” es no querer entender que la Amazonía es un todo de múltiples visiones y formas de entender el mundo, algunas muy lejanas a la mentalidad occidental, que tienen no sólo el derecho sino la obligación de ser integradas al país. En suma, persistir en el error (y el horror).

Pensar y recordar Bagua, un año después, también implica percibir a la Amazonía no como un territorio inhóspito y exótico, sino como un espacio físico y espiritual que aspira a convertirse en posibilidad concreta, valiosa, sustentable para el progreso y el desarrollo del Perú. Para eso es necesario, urgente e imprescindible empezar a recordar la tragedia y sus motivaciones para que no vuelva a suceder. Nunca más.

Sigue el circo electoral. Me entero a través del blog Iquitos News,de Ramiro Celis, que July Pinedo, otrora animadora de televisión, ha sido elegida candidata a la Alcaldía de la Provincia de Maynas, en Loreto:

La ex conductora de televisión, July Pinedo, fue elegida por la militancia de UNIPOL como la candidata a Maynas en las elecciones internas del último domingo de mayo. Muchos creerán que Rivadeneyra se ha vuelto loco por esta elección, pero el ex presidente regional confía ciegamente en que July dará la pelea a más de uno en las contiendas municipales del 3 de octubre. La “charapita” ya tuvo un –no tan gratificante- paso por la política regional el 2002, pero esta vez viene de la mano de un movimiento con una buena organización política. Ya no tengo recuerdos diáfanos de lo que fue su programa de televisión al mediodía o su exuberante figura que infartaba a más de un mortal. De lo que si estoy seguro, es que la Pinedo se llevará de encuentro a Mirna Villacorta. Esperemos que la campaña contemple nalgas pintadas y escasa ropa, si no es así, que sean ideas y propuestas concretas para Maynas.

Pero lo que más me ha impactado, sobre todo por el uso vulgar, cruel e impertinente de la necesidad de la gente, es la actitud del favorito para ganar las elecciones de Iquitos, Charles Zevallos, al besar a diestra y siniestra a ancianas con el fin de regalarles cosas en sus mítines (los cuales, por cierto, más parecen funciones de circo que tribunas de diálogo con los electores). La nota, según Pro & Contra :

El pasado miércoles 26 de mayo besara en la boca a una anciana al momento de entregarle un ventilador “te entrego tu premio, pero primero tienes que darme un beso en la boca…” expresó el candidato (Zevallos) ante la mirada de sus seguidores en la plaza Grau de Punchana, en la proclamación de la candidatura a la alcaldía de dicho distrito de Euler Hernández. Zevallos precisó que en todas sus presentaciones siempre besa en la boca a la más anciana del grupo o tal vez a las personas más destacadas y que en todo el lapso de la campaña continuará repartiendo besos a todos los que deseen. Indicó además que el próximo 17 de junio en la proclamación oficial de su candidatura en la plaza 28 de julio, celebrando su cumpleaños y el día del padre que será toda una algarabía, continuará dando besos ya que es parte del show. “No dudaremos en besarnos con nuestras madres y con todos nuestros seguidores y vecinos por que esa es la muestra de nuestro afecto e identidad con nuestro pueblo del cual formamos parte y jamás nos avergonzamos, nosotros nos mostramos como somos y nunca fingimos nada”, concluyó

Y así, pues, critican los gallos de Mera o a La Tigresa.

Pobre Loreto.