Posts etiquetados ‘sociedad’

Leo con estupefacción la información de que en Finlandia,  ha entrado en vigencia el derecho que cada uno de sus  ciudadanos tiene, desde ayer, a tener acceso a banda ancha de 1Mbps (1000 kbps) para conectarse a internet. Desde la entrada en vigencia de la ley, todas las compañías de telecomunicaciones están obligadas a proveer una conexión con esta velocidad mínima.

Finlandia, aquél pequeño y altamente desarrollado país nórdico,  se convierte en el primero del mundo en declarar que una conexión a internet de alta velocidad es un derecho constitucional. La medida fue adoptada en octubre del año pasado y finalmente se ha cristalizado.

En algunas naciones el internet es un derecho humano: Estonia, Francia y Grecia, pero ninguno como Finlandia que decide que el acceso de tal velocidad es una garantía fundamental que tienen todos sus habitantes.

Al respecto, el Ministro de Comunicaciones de dicho país, Suvi Linden, ha señalado: “Consideramos el rol de internet en la vida cotidiana de los finlandeses. Los servicios en internet no sólo son para entretención”. La medida  Esta medida, siendo increíble para otras realidades, es transitoria ya que, supuestamente, para el año 2015 se pretende alcanzar una banda ancha mínima consagrada constitucionalmente de 100Mbps.

Lo interesante es que, según las estadísticas, alrededor del 96% de los finlandeses ya tiene acceso a la web de 1Mbps o más. Pero se convierte en un primer paso para alcanzar la meta de los 100 Mbps.

Leo todo esto con estupefacción. No tanto por lo que han logrado los finlandeses, sino por los niveles casi prehistóricos en los que se encuentra el servicio de internet en Loreto. Y cómo hay gente supuestamente inteligente que cree que esto es un asunto que no reviste mayor interés.

Comparo nuestras cifras de conexión a internet en Iquitos con los de cualquier país, que digo, comparo nuestras cifras con las de Lima, Arequipa o Trujillo y siento que son una obscenidad (para usar la palabrita de moda). El servicio de internet que recibimos es un insulto, es una grosería, es una mentada de madre y una patada artera, todo junto.

Es obsceno que no exista cableado de DSL en Iquitos (Speedy o cualquier otro) y aún tengamos conexión telefónica de para conectarnos.

Es obsceno que Claro ofrezca su servicio de Internet celular con tan malos resultados de conectividad. Los iPhone no sirven ante ese fiasco monumental. La tecnología 3G es una utopía.

Es obsceno que el servicio de internet vía USB móvil en algunos casos tiene una conexión de 0 kbps

Es obsceno que Telmex no provea más el servicio de internet satelital, debido a la saturación de su señal. Es obsceno también que Movistar no provea su servicio de internet móvil en Iquitos o en todo el departamento.

Es súper obsceno que la garantía de Internet satelital en Iquitos para una conexión nominal de 200 kbps sea de sólo el 4% de su capacidad.

Es súper obsceno que uno no pueda conectarse a servicios de mensajería instantánea, que no se pueda descargar archivos con normalidad, que no se puedan visualizar videos en Youtube, que el Tweet Deck sea un instrumento inservible a la hora de interactuar con Twitter, que las enciclopedias interactivas se ahoguen en la transferencia, que levantar una noticia a través de la web o de un blog sea un ejercicio absoluto de paciencia.

Es obsceno que a veces pagar tus propias cuentas sea un dolor de cabeza ya que los bancos o instituciones financieras tengan “problemas con su sistema”.

Es obsceno que en los colegios estatales no exista internet, ni siquiera computadoras. Es obsceno que no se enseñe a partir del sistema de internet.

Me gustaría ver a todos esos habitúes que se precian de ser muy tecnócratas y estar en la onda con la tecnología que hicieran lo posible para cambiar este panorama. Me encantaría que nuestro presidente regional o nuestros alcaldes, tan fans del Blackberry, se ocupen de generar una propuesta concreta para cambiar este panorama o por lo menos presionar a los operadores privados o al gobierno para que tomen las decisiones necesarias.

Me gustaría que esos políticos, tan eficaces y vanidosos que nos atiborran el internet con mensajes spam sobre sus mítines o sus fotos retocadas por computadora en el Facebook qué tienen que proponer al respecto, o sí creen que considerarse un usuario 2.0 es mandar a otros que les contesten el correo electrónico.

Me gustaría que la campaña electoral se centre menos en payasadas vulgares o vil  asistencialismo y se concentre también en plantear propuestas concretas, serias y sustentables sobre banda ancha, inclusión digital, acceso de los loretanos a las carreteras de la información, la producción de software digital nativo, los métodos para usar las ventajas de las TIC’s en salud, educación, cultura, seguridad e industrias sin chimeneas.

Me gustaría que empecemos a escuchar propuestas en todos los aspectos, y que los candidatos empezaran con este aspecto, que es el que está en avanzada y avizora las tendencias del mundo. Me encantaría que algunos no piensen tanto en cemento o en podar árboles y sí en integración con el mundo globalizado

Me gustaría que nuestros gobernantes – los actuales y los futuros – entendiesen lo importante que significa el acceso del servicio de internet. Y, claro, me gustaría también  que los ciudadanos pudiéramos dejar nuestra apatía y exigiésemos que se equipare nuestras conexiones a los estándares mínimos que los habitantes de cualquier otro lugar tienen derecho.

Todo lo demás es pura obscenidad, lisura 2.0 absoluta.

[tweetmeme source=’pacobardales’ only_single=false]

Anuncios

Por: José Álvarez Alonso

El 5 de julio del 2006 el pleno del Concejo Provincial de Maynas aprobó el Acuerdo de Concejo N° 612-SO-MPM, “Propuesta de implementació n de medidas de emergencia para mitigar el impacto del ruido producido por el tránsito urbano en las actividades educativas y otras, y disminuir el riesgo de accidentes de estudiantes en las inmediaciones de centros educativos”, que incluye las siguientes medidas:

1.- Instalar carteles de gran tamaño cerca de colegios y hospitales, indicando la velocidad máxima 30 km.

2.- Instalar en las calles colindantes con estos centros mini jibas dispuestas de tal modo que no obliguen a parar a los vehículos, sino a reducir la velocidad a menos de 30 km.

3.- Difusión radial sobre el particular.

¿Alguien ha visto alguno de estos comprometidos carteles y jibas delante de colegios y hospitales? No. ¿Alguien escuchó algún aviso en radio sobre el particular? No. Como tantas otras veces, una nueva y beneficiosa norma incumplida, para dolor de la sufrida población, y especialmente para los más vulnerables, los niños y los enfermos.

Este acuerdo de Concejo respondía a la preocupación levantada por el Comité Cívico Todos contra el Ruido sobre los daños que los ruidos excesivos del tránsito están causando en la salud de todos, y en la educación de los niños y jóvenes. Ese mismo año, un peritaje sonoro realizado en varios colegios de Iquitos por la Policía Nacional había mostrado que los niveles de ruido dentro de las aulas contiguas a calles transitadas casi duplicaban los máximos permisibles para este tipo de ambientes, de acuerdo a los estándares nacionales y de la OMS: 50 decibeles (día) y 40 (noche). Por ejemplo, en el Centro Educativo N° 61004 (en la cuadra 18 de la c/ Moore) el sonómetro dio mediciones de 97 y 98 decibelios. ¿Cómo pueden estudiar y aprender así los niños? No es de extrañar que los estudiantes loretanos estén entre los peor preparados del Perú… Pero esto parece no importarles a las autoridades municipales, más preocupadas por ornatos callejeros y remodelaciones de dudosa prioridad.

En la mayoría de países desarrollados, delante de colegios siempre hay enormes gibas que obligan a los vehículos a bajar al máximo su velocidad: la seguridad de los niños es los primero. Y en esos países no existen vehículos ruidosos como en Iquitos. Aquí nadie hace nada por disminuir el ruido y el riesgo de accidentes delante de colegios. Los derechos de los niños no parecen ser prioridad para nuestras autoridades.

Durante cinco meses -entre noviembre del 2009 y abril del 2010- no se hizo ni un solo operativo contra el ruido en Iquitos, y en el último mes apenas unas decenas de vehículos fueron internadas al depósito, alentando la impunidad de quienes manipulan sus tubos de escape para meter más ruido. Consecuencia lógica: en los últimos meses han aumentado los vehículos muy ruidosos.

Se sabe que la Fiscalía Ambiental ha denunciado al Alcalde y al Subgerente de Salud Ambiental de la MPM, por el tema de los ruidos molestos en la ciudad. ¿Son los únicos responsables? Por supuesto que no. Es probable que sean culpables de negligencia, por no tomar las medidas necesarias, y dentro de sus competencias, para evitar esta lacra que tanto daño hace a Iquitos. Pero hay otros responsables, comenzando por los que producen los ruidos: ¿alguien ha escuchado de algún motorista o motocarrista ruidoso denunciado? No, pese a que sobrepasar los máximos permisibles de ruido es un delito hoy, de acuerdo con el nuevo Código Penal.

¿Y qué hace el Ministerio de Salud para enfrentar un claro problema de salud pública? Porque los ruidos excesivos son causantes de graves afecciones, como cansancio crónico, enfermedades cardiovasculares –con incrementos de hasta el 20% – 30% en el riesgo de ataques al corazón en personas sometidas a más de 65 decibelios-, trastornos del sistema inmune responsable de la respuesta a las infecciones y a los tumores, trastornos psicofísicos -ansiedad, manías, depresión, irritabilidad, náuseas, jaquecas, disminución del apetito sexual-, cambios conductuales, incluyendo comportamientos antisociales tales como hostilidad, intolerancia, agresividad, y disminución de la tendencia natural hacia la ayuda mutua… (Esto parece realmente un diagnóstico de lo que está pasando en nuestra ciudad…)

¿Qué hace el Ministerio de Educación para proteger a los estudiantes en los colegios, afectados por los excesivos ruidos del tránsito callejero? Porque el ruido afecta seriamente el aprendizaje: un estudio realizado en Europa en colegios cercanos a aeropuertos mostró que los ruidos excesivos disminuían en más del 25% la memoria a largo plazo de los niños. Algunos colegios con más recursos han puesto vidrios en las ventanas hacia la calle, pero eso no lo pueden hacer los que tienen menos recursos, y esto además crea otro problema: el calor excesivo dentro de las aulas. De nuevo, los niños pobres siguen estando en desventaja… Por cierto, nunca he escuchado al SUTEP, tan combativo en temas gremiales, reclamar a las autoridades municipales y policiales para que acaben de una vez por todas con esa tremenda rémora para la educación.

¿Y qué hacen la Cámara de Comercio y el MINCETUR? Porque el ruido está afectando gravemente el turismo en Loreto; muy pocos extranjeros quieren quedarse a hacer turismo urbano, porque no soportan los demenciales ruidos callejeros. Iquitos está perdiendo millones de dólares al año por este concepto (especialmente restaurantes, puestos de artesanías, transportes, hoteles). Y con seguridad se pierden miles de horas de trabajo y eficiencia en todos los negocios y oficinas asentados en las calles más transitadas. En la silenciosa Unión Europea se calcula que las pérdidas por ruidos suman entre 13,000 y 20,000 millones de euros al año.

Autoridades de Iquitos: por favor, defiendan, protejan a los ciudadanos más indefensos, niños, enfermos, ancianos, y a toda la población, de ese puñado de antisociales que ha convertido a Iquitos en la capital del ruido de Perú. Para eso han sido elegidos o contratados. Si no lo saben o pueden hacer, retírense, dejen el puesto a quien de verdad se preocupe por la salud, la educación y la economía de la gente, y especialmente por el bienestar y seguridad de los niños.

[tweetmeme source=’pacobardales’ only_single=false]

Por: Ana Karina Junes Vásquez

Cuando de niña mi mamá me contaba sus anécdotas de Iquitos solía imaginarla como una pequeña que tenía una casa en pleno monte, que vestía pajas y vivía como Tarzán. Tal vez las películas de Johnny Weissmüller influenciaron en esa percepción que tenía al sentirme hija de una loretana, después de todo hablar de la selva en esos años era como hablar de un mundo extraño y casi inaccesible para una niña que recién empezaba a crecer en la caótica capital. En ese entonces jamás pasó por mi diminuta cabeza que en un futuro sería abrazada por todas aquellas visiones amazónicas, que dejaría la ciudad y usaría chinelas, que calzaría botas para el fango, que viajar en moto se volvería una de mis diversiones favoritas y que transportarme en bote se volvería tan cotidiano como cuando en Lima me subía a una combi.

Para mí  la selva es sinónimo de magia, de energía y de fuerza, quizás porque crecí rodeada de miles de historias de mi madre y mi abuela pero a medida que iba creciendo empezaba a notar las distorsiones que a ella le daban, cuándo el orgullo con el que decía que mi familia materna es completamente amazónica y se transformaba en el estereotipo de la típica broma, por tus venas corre sangre caliente. Entonces podía entender a mi madre y me enojaba, entendía cómo le molestaba cuando ella, una muchacha de 18 años, recién salida de Iquitos en busca de mejores oportunidades tuvo que soportar aquel estereotipo y burla de ser una mujer selvática. Mismo estereotipo que hoy por hoy se ve reforzado en los medios con la tan popular serie “Al Fondo Hay Sitio” y el personaje de la inquieta Gladys a quien El Comercio califica como la sensual ama de llaves cuyos movimientos han conquistado al jefe.

Lo que aparentemente se puede entender como una queja feminista es en realidad una reflexión ante los antecedentes vividos en nuestra televisión nacional, una falta de coherencia entre lo que el usuario reclama y lo que no. Inicialmente fue con la Paisana Jacinta y luego con el Negro Mama lo que generó el debate acerca de los personajes y a los grupos que representan en nuestro país. La gente saltaba en pro y en contra si dichas interpretaciones eran denigrantes tanto para la mujer andina como para los afro-peruanos. Entonces me interrogo ¿Acaso el personaje de Gladys no debería encender el mismo debate? ¿O es que ese estereotipo ha calado tanto en el colectivo que ya no importa?

De todo hay en estas viñas del señor y no pretendo negar que a muchas mujeres les guste explotar aquel calificativo que sus calurosas tierras le dan, pero esas son decisiones propias de personas que independientemente basan su valor en ello. No pretendo hacer un juicio ni de santificar la región, sólo llamar a la reflexión que detrás de esos estereotipos se encuentran muchos rostros serios y trabajadores de muchachas o madres jóvenes que no necesitan movimientos sensuales para poder salir adelante.

(Tarapoto, junio 2010)

[tweetmeme source=’pacobardales’ only_single=false]

(Reportaje realizado por Roy Palomino para La Mula)

1.- La visión del desarrollo por parte del gobierno con respecto de la Amazonía  se centra en una visión reduccionista, extractivista, mercantilista. En ese sentido, las políticas nacionales han tenido y seguirán teniendo un fracaso permanente pues no han intentado auscultar a cabalidad la realidad amazónica. Se debe redefinir el modelo de desarrollo que se quiere para la Amazonía, modelo está además llegando a su fin, como lo demuestran problemas como falta de recursos, la contaminación, calentamiento global y las crisis económicas.

2.- Está claro que las causas del conflicto que desembocaron en la tragedia tienen que ver ampliamente “falta de respeto por las formas de vida de los pueblos indígenas y el menosprecio por las características intrínsecas de los bosques amazónicos”, como se señala en el informe en minoría de la comisión especial para investigar y analizar los sucesos, suscrito por el Sr. Jesús Manacés y la religiosa Carmen Gómez.

3.- El Ejecutivo demostró que el uso de un marco legal imperante también puede servir – en su afán por beneficiar políticas de desarrollo vinculadas con realidades ajena a la Amazonía – echar abajo derechos conquistados por las organizaciones indígenas durante medio siglo, a pesar de estar  reconocidos en leyes nacionales y acuerdos internacionales, entre ellos el Convenio 169 de la OIT.

4.- Los decretos legislativos que generaron la controversia no fueron consultados a los pueblos amazónicos, supuestos depositarios de sus alcances. Esa sola ausencia cuestionaba ampliamente su legitimidad. Y fueron usados también como mecanismos de turbias prebendas. Por ejemplo, uno de los decretos, el 1089, le dio a Cofopri (nido de corrupción del actual régimen) la potestad de cambiar los linderos de las comunidades campesinas y nativas, alterando incluso sus planos en registros públicos.

5.- El gobierno apeló a la táctica de la dilación para obviar soluciones frontales a la crisis. Esta actitud aún se mantiene, e incluye el desempeño de la mayoría parlamentaria gobiernista en el Congreso (que incluye representantes elegidos por voto popular para representar a la Amazonía) así como las estructuras ministeriales y las dependencias públicas.

6.- En Bagua murieron 34 peruanos y desaparecieron algunos más. No hay mejores ni peores ni peores muertos en los enfrentamientos de la Curva del Diablo. Los 34 tienen el mismo valor.

7.-  El modo en que el gobierno condujo las operaciones de represión contra los huelguistas de Bagua fue, por lo menos, apresurado, no planificado, violento y excesivo. La responsabilidad mediata es del Presidente García, pero la inmediata alcanza a la ex ministra de Interior, Mercedes Cabanillas y los jefes policiales que condujeron la operación. Asi lo consigna el informe en minoría de la comisión parlamentaria que investigó los hechos, firmada por el congresista Güido Lombardi.

8.-  El papel de la ex ministra de Comercio y Turismo y actual Ministra de Economía y Finanzas, Mercedes Araóz, es vital, pues desinformó conscientemente  sobre los alcances de una eventual derogación del decreto 1090. Generó desconfianza, exageró las consecuencias negativas, llevó a un punto de no retorno en el Gabinete.

9.- La responsabilidad política por los hechos por parte del ex primer Ministro, Yehude Simon, ha sido acreditada y él parece no querer recordar que fue actor principal y preponderante de la crisis en su momento, dilatando a propósito las negociaciones para beneficio del gobierno.  El juicio de la historia será implacable con él.

10.-  No se puede negar que el Presidente Alan García, en lo inmediato, ha sido uno de los principales azuzadores del conflicto, con sus declaraciones hostiles e irreflexivas, además de presentarse como el gran titiritero que intentó  primero direccionar el sentido de la represión en Bagua, y luego, limpiar a como dé lugar la responsabilidad de su gobierno en la tragedia; además de gestos varios como los lamentables calificativos (como el de “ciudadanos de segunda clase”) o la malsana frivolidad de instaurar el Día del Ron Peruano en el aniversario de los sucesos.

11.- La forma como los voceros del gobierno han distorsionando las noticias buscando impresionar a la ciudadanía, generando hostilización y odio, avala la teoría de que no existe desde el partido aprista una voluntad por solucionar el grave desencuentro generado entre la población y quienes considera responsables de la masacre.

12.- La respuesta delictiva y criminal de algunos civiles alzados en Bagua contra las fuerzas policiales no puede ser justificables bajo ningún punto de vista, es decir, la forma como torturó y asesinó a policías secuestrados, tomados como rehenes, quienes estaban en la zona de conflicto en estricto cumplimiento de su deber, en la Estación Seis. ¿Dónde está el Mayor Bazán? ¿Dónde están aquellos criminales?

13.- La manipulación ideológica con que algunos movimientos han empezado a generar ganancia particular con el dolor y la muerte es deplorable y censurable. Esta actitud alcanza a dirigentes que prefirieron el recurso fácil de tirar la piedra y esconder la mano detrás de un exilio dorado y futuras carreras electorales.

14.- La forma como se ha digitalizado los instrumentos judiciales para criminalizar las protestas han sido bastante obvias. Dirigentes ejemplares como el ciudadano awajún Santiago Manuín, que estuvieron en el campo de batalla, buscando el diálogo, intentando defender sus tierras, poniendo el pecho en el conflicto,  también recibieron represalias de este tipo.

15.- Es necesario manejar con mejor resultados la capacidad de negociación. El pésimo modo con que el gobierno manejó las conversaciones para solucionar el conflicto fue motivado desde una actitud inepta, displicente e ignorante  por parte de los burócratas encargados.

16.- Por otro lado, la dirigencia amazónica  debe asumir con madurez la responsabilidad de conducir los procesos de desarrollo de sus pueblos. No todo se soluciona desde Lima, y tampoco todo depende de los demás. La clase política amazónica debe ser renovada profundamente.

17.- Es necesario desactivar los focos de conflictos latentes en el Perú. Ya tenemos más de 100 muertos en marchas y manifestaciones en estos 4 años de gobierno aprista. La mayoría de esos conflictos se da en zonas amazónicas: además de Bagua, en Inambari (Puerto Maldonado/Puno), así como tensiones surgida en zonas de extracción petrolera en Loreto, o de gas en Pucallpa/Cuzco.

18.- En casos muy concretos, la prensa tiene gran responsabilidad, pues se privilegió la nota sensacionalista de la muerte de los policías (una tragedia), y mucho menos los problemas de la gente que vive en la Amazonía. Por el otro lado, hubo denuncias muy documentadas de cómo grupos radicales usaron las frecuencias de ciertas radios locales para generar tensiones innecesarias, que en muchos casos desembocaron en violencia.

19.- No se pueden quitar libertades por puro capricho cuando, por ejemplo, uno expresa su opinión ante un suceso. El cierre de radio La Voz de Bagua, así como las amenazas a diversos medios de comunicación amazónicos, así lo demuestran.

20.- La constante desinformación y el desconocimiento de la clase intelectual respecto de los grandes problemas amazónicos, que vienen arrastrándose por décadas, debe cesar. Los dirigentes, analistas, formadores de opinión deberían analizar el drama amazónico con realismo y sin prejuicios, en su justa y real dimensión.

21.-  Luego de Bagua, la gente sabe algo más sobre la Amazonía y los pueblos indígenas. Esto incluye a la población urbana de la Amazonía, muy alejada y desconocedora de la realidad indígena de la región, debido al centralismo mental que también les ha sido impuesto. Ahora muchos saben que los indígenas existen, que tienen propuestas y capacidad de expresarlas de manera decidida, que la cultura y la cosmovisión amazónica no son datos exóticos, sino realidades tangibles.

22.- Muchos de los cambios que se han producido en la forma de respetar a la Amazonía son motivadas por los propios pobladores amazónicos. Por ejemplo,  en la Cuenca del Corrientes, los reclamos solucionados se deben a entereza de los reclamos de los indígenas y no a la voluntad del gobierno, que negaba incluso las evidencias presentadas por dependencias del propio Estado.

23.- El cálculo para favorecer a intereses económicos poderosos es claro en este modelo. El gobierno ha seguido suscribiendo contratos para explotar recursos naturales (petróleo, minas, bosques) y dando leyes que afectan a los pueblos indígenas, sin importarle en absoluto las consecuencias.  El mapa económico de la Amazonía peruana es una prueba clara de que ésta ha sido  parcelada en compartimentos estancos donde la autoridad se maneja a partir de la capacidad tecnológica-logística-económica para extraer el recurso que produce el suelo o el subsuelo. El concepto “de libre disponibilidad por el Estado”, en muchos casos equivalió a una suerte de despojo legalizado. En la Amazonía resulta más importante la identidad de un pueblo y de su gente, la cual está en sus bosques y ríos, no en el suelo, como erróneamente, una vez más, señala la legislación nacional.

24- Desde una mirada institucional, el Estado no ha sabido canalizar la solución de las demandas sociales, económicas, culturales y de otra índole. Siempre se tiene que esperar costos sociales (muertos y heridos)  y económicos. El gran tema sigue siendo la inclusión y la presencia del Estado, vía acceso a servicios públicos, hacer efectiva la ciudadanía de los habitantes de la Amazonía, fortalecer las instituciones, generar la presencia real y sólida de los partidos políticos, entre otros.

25.- Los interlocutores para tratar temas amazónicos o andinos deben ser autoridades que sean legitimidas en la misma zona. Este diálogo debe propiciar un sistema permanente de comunicación horizontal, así como una ética de la interculturalidad. Sería efectivo considerar los derechos de los pueblos indígenas mediante unos mecanismos de consulta efectivos y no manipulados, cuyos resultados sean tomados en cuenta, así como asegurar a las comunidades la real posesión de sus territorios.

26.- Se debe redefinir la presencia del Estado en la forma como acceden al mercado los territorios indígenas. Estos no están fuera de aquél, pero de la única manera como el mercado lo permite en zonas marginales, en condiciones de explotación y desventaja evidentes. Sería importante empezar a discutir la posibilidad que sean los propios pueblos originarios quienes puedan  capitalizar derechos y propiedades sin reconocer legalmente, así  como la propiedad intelectual de sus recursos y conocimientos, uno de los más complejos y riquísimos del mundo.

27.- Existen crasos errores para conceptualizar las realidades amazónicas desde la educación formal. La famosa nota 14, por ejemplo, barrera impuesta por el Ministerio de Educación para el acceso a pedagógicos impide que jóvenes indígenas, víctimas de la pésima educación que han recibido en la escuela y el colegio secundario, ingresen al programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana (FORMABIAP)  y a otros institutos similares.

28.- Existen programas de manejo de bosque bloqueados, antes por el INRENA y ahora por el Ministerio de Agricultura, y los de manejo de cuerpos de agua de la selva baja, el principal recurso de esta región, por Produce y otros inútiles acompañantes. En honor a la verdad, hay que decir que el trabajo de titulación ha sido realizado es su gran mayoría con  fondos de la cooperación internacional. Cada proceso de titulación ha implicado una tensa pugna entre los promotores  y funcionarios del Estado renuente a reconocer derechos a los pueblos indígenas

29.- Sería importante que la legislación reconozca legalmente servicios educativos y de salud comunales que surgen de la iniciativa propia. Aún no existe un sistema de certificación profesional que se centre en la educación comunal, y se desdeña desde lo oficial a la medicina natural como esotérica y peligrosa per se.

30.-  El Gobierno Peruano no ha creado un solo proyecto de desarrollo que apoye a los indígenas amazónicos: casi todos los proyectos que apoyan a los indígenas amazónicos son de la cooperación internacional o bilateral.

31.- Es vital empezar a invertir, con urgencia, en infraestructura mínima desde el Estado: electrificación para que puedan desarrollar pequeñas y medianas industrias en centros urbanos pequeños, comunicaciones, mejores servicios de salud y educación, seguridad, etc. Las regiones de la Amazonía son de las más pobres del país precisamente por la ausencia constante del Estado.

32.- El drama nacional se alimenta de la amnesia voluntaria, que evita auscultar, reflexionar, interiorizar y sanar procesos colectivos traumáticos. Debido a ella muchas preguntas que se abrieron a partir de esta tragedia no han tenido respuesta o, lo peor, ni siquiera se ha intentado procesarlas.

33.- Debido a Bagua se desnudó en todo su patético esplendor el drama de nosotros, los amazónicos, los olvidados por el Perú oficial. Un drama que viene de siglos, apenas visibilizado, incomprendido o ignorado por quienes tienen el deber de descubrir procesos de integración.

34.- Es importante entender que la Amazonía es un todo de múltiples visiones y formas de entender el mundo, algunas muy lejanas a la mentalidad occidental, que tienen no sólo el derecho sino la obligación de ser integradas al país.

35.- Pensar y recordar Bagua, un año después, también implica percibir a la Amazonía no como un territorio inhóspito y exótico, sino como un espacio físico y espiritual que aspira a convertirse en posibilidad concreta, valiosa, sustentable para el progreso y el desarrollo del Perú.

[tweetmeme source=’pacobardales’ only_single=false]

El drama nacional se alimenta de la amnesia voluntaria, que evita auscultar, reflexionar, interiorizar y sanar procesos colectivos traumáticos. Debido a ella muchas preguntas que se abrieron a partir de la terrible tragedia de Bagua, el 5 de junio de 2009, no han tenido respuesta o, lo peor, ni siquiera se ha intentado procesarlas. Causas, motivos y  objeciones que condujeron a dicho cataclismo social siguen vigentes e, incluso, se han acentuado.

En Bagua murieron 34 peruanos y desaparecieron algunos más. También se desnudó en todo su patético esplendor el drama de nosotros, los amazónicos, los olvidados por el Perú oficial. Un drama que viene de siglos, apenas visibilizado, incomprendido o ignorado por quienes tienen el deber de descubrir procesos de integración. Un drama que no se acaba en radicalismos ni politizaciones electoreras o endurecimiento de las medidas represivas.

Creer que la tragedia se debe a arrestos de “ciudadanos de segunda clase” es no querer entender que la Amazonía es un todo de múltiples visiones y formas de entender el mundo, algunas muy lejanas a la mentalidad occidental, que tienen no sólo el derecho sino la obligación de ser integradas al país. En suma, persistir en el error (y el horror).

Pensar y recordar Bagua, un año después, también implica percibir a la Amazonía no como un territorio inhóspito y exótico, sino como un espacio físico y espiritual que aspira a convertirse en posibilidad concreta, valiosa, sustentable para el progreso y el desarrollo del Perú. Para eso es necesario, urgente e imprescindible empezar a recordar la tragedia y sus motivaciones para que no vuelva a suceder. Nunca más.

El 29 de febrero de 2008, la embarcación Santa Elena, perteneciente a la Municipalidad de Alto Tapiche, naufragó en un sector del río Tapiche (Requena) con, aproximadamente, más de 120 personas a bordo y quedó con su base mirando hacia la superficie. La zona es conocida por la formación constante de remolinos fluviales.  Aquella noche se había desatado una tempestad en la ruta de la nave. Pero, algo mucho mayor que los fenómenos naturales –muchísimo mayor – propició que se desencadenara la tragedia

El desorden del transporte fluvial no permitió averiguar inicialmente cuántos pasajeros habían abordado a la Santa Elena. La sobrecarga era atroz, y entre otras cosas, se habían apiñado materiales de construcción, fierros y 900 bolsas de cemento. Los equipos de la Marina de Guerra (buzos, herramientas y un helicóptero) destinados para el rescate inicialmente fueron insuficientes para recuperar a muchos sobrevivientes que se encontraban atrapados dentro de la parte hundida del barco. Tuvieron que ser necesarios equipos de oxígenos especiales. Se contabilizaron más de 30 víctimas, funcionarios de la municipalidad de Alto Tapiche entre ellas.

El Juzgado de la provincia de Requena ordenó detención preventiva contra el alcalde de Alto Tapiche, Javier Villacorta, pues él presuntamente tenía conocimiento de que la embarcación no contaba con ningún tipo de documentación ni se habían hecho todos los esfuerzos por evitar el accidente. Según las autoridades, la motonave Santa Elena fue intervenida antes del naufragio cotidianamente por navegar negligente, en precarias condiciones.

Compilo algunos detalles de lo ocurrido hace más de dos años porque acaba de suceder una tragedia similar, donde las coincidencias en las causas, en los motivos y el deficiente procedimiento para la prevención, cuidado y rescate son como dos gotas de agua. El naufragio de la motonave Camila en Santa Rosa, cerca de Indiana, con un saldo hasta ahora conocido de 12 fallecidos, 30 desaparecidos y más de 200 sobrevivientes, es un claro modo cómo todos los estamentos encargados de que la tragedia no se repitiese han fallado clamorosamente (y en algunos casos de modo cuasi criminal).

Debemos reconocer que viajar a través de los ríos amazónicos tiene sus peculiaridades. Tiene muchos encantos y propicia la generación de diversas anécdotas, memorables y entretenidas. Pero, aún mayores, desnuda una serie de estrecheces, desventajas, riesgos, y amenazas. Sin desmerecer en absoluto las inclemencias del ecosistema amazónico, muchas de las turbulencias fluviales no hacen sino abrir al ojo público el informal sistema de transporte público

Luego del naufragio del Alto Tapiche, el periodista Javier Medina documentó para el diario El Comercio algunas cifras preocupantes: a) Entre el 2002-2008, hubo al menos nueve accidentes fluviales y más de 36 fallecidos; b) En casi todos los casos se trataba de transportistas que operaban informalmente; c) De las 857 embarcaciones que navegaban, por lo menos unas 500 lo hacían de manera informal; d) Casi todas las embarcaciones informales sólo pueden soportar cargas de entre 2 y 50 TN; e) Sólo en el año 2007, 15 empresas informales fueron sancionadas por sus operaciones en los ríos. ¿Ha cambiado algo el panorama desde entonces? Por cuestiones de lógica, de sentido común, legales y profesionales, debería, sí, bastante. Pero no, al parecer. El año 2008, como ahora, las autoridades hablaron de ser más estrictos en el control de la navegación, así como reforzar las capitanías de puerto. Este 2010, resultan patéticas las demostraciones de figuretismo electorero y las peloteadas para evadir responsabilidades por la tragedia de Santa Rosa.

En principio, resulta pueril discutir por qué las autoridades no han logrado aún dar soluciones al grave problema de la ilegalidad en los embarcaderos. Masusa, que en teoría es el principal puerto de Iquitos, es un sitio donde campean el desorden, la suciedad, el contrabando y la clandestina movilización. Hasta el momento no se han logrado ponerse de acuerdo las Municipalidades de Maynas y Punchana para sanear adecuadamente el terreno. No hay control de lo que se embarca, la hora de los zarpes, la sanidad o el peso exacto de las embarcaciones. No existe un control real de pasajeros, tampoco de carga. No se hace una inspección de transporte de material prohibido o personas requisitoriadas. Según el periodista Héctor Tintaya, hay sospechas que algunas de estas empresas son fachadas de grandes lavaderos de capital.

Las empresas tienen gran culpa de los problemas que suceden. Por ejemplo, la motonave “Camila”, con una antigüedad de 12 años, había sido intervenida en reiteradas ocasiones por Guardacostas debido a que transportaba combustible de manera ilegal y hasta armamento de guerra. En la última intervención, ocurrida el 11 de agosto del 2009, se decomisaron 70 galones de de gasolina de 84 octanos y 100 cajas con cartuchos de caza calibre 16, camuflado entre los productos de primera necesidad. En esta oportunidad, el Ministerio Público anunció que iba a denunciar el hecho ¿Lo hizo realmente?  Al parecer no, de lo contrario no se hubiera llegado a este fatal desenlace.

La capacidad máxima de “Camila” era 140 personas. Al momento de la tragedia, había más de 250. En esa oportunidad, habría subido más de 50 bidones de manera subrepticia después de que el barco zarpara de Iquitos. Según testigos, la bodega tenía huecos por donde entraba el agua. Algunos pasajeros advirtieron a la autoridad, pero ésta no tomó en cuenta el aviso. Demás esta reprobar el cinismo y la mala fe del propietario, Camilo Montoya, clara muestra del proceder de muchos de estos pretendidos empresarios fluviales, que permiten – cuando no corrompen para que se realicen – actos de esta calaña.

Capitanía de Puertos tiene una responsabilidad inmediata, pero no es cierto que sea culpable integral del drama. Es cierto que antes de que zarpara “Camila” del puerto de Enapu, sólo apareció un asistente de dicha oficina, que  subió y desde las escaleras miró brevemente con una linterna a los compartimentos de pasajeros. Los testigos señalan que no se revisó la sobrecarga (entre otros, materiales de construcción, combustible, motocarros, ganado). De acuerdo al manifiesto de pasajeros, el barco tenía  originalmente  146 personas y 44 toneladas de carga. ¿De dónde salió más gente y más peso?

Capitanía se lava las manos, indica que no puede revisar cada 10 metros el destino de las naves debido a la complejidad de la selva, pues su labor es verificar la seguridad: si las motonaves cuentan con los chalecos salvavidas y las diversas normas de seguridad. Esto evidentemente cierto, pero también depende de la capacidad de gestión institucional. Uno de los problemas que han venido a complicar la labor fue la Ley 27943 que crea el Sistema Portuario Nacional. Allí se  le quita a Capitanía de Puerto el otorgamiento del zarpe, así como una reducción de 30 millones de soles anuales, el 40% del presupuesto que teníamos antes. Además, para controlar las acciones ilegales ahora necesitan la presencia de las usualmente ineficientes o lerdas Policía Nacional y Fiscalía. Capitanía, en función de la nueva legislación, ya no puede actuar unilateralmente para detener preventivamente a nadie. Esta es una labor política.

Cuando sucede una tragedia como ésta, todas las autoridades tratan de figuretear y mostrar su preocupación, pero poco hacen en verdad por prevenir estas situaciones, sea a través del Sistema regional de Defensa Civil, sea a través de sus presupuestos, sea a través de acciones logísticas de sus instituciones. ¿Podrían gestionar que se atiendan los graves déficits económicos y legales en la vigilancia y seguridad fluvial?

Lo más triste es que ante el accidente en sí no se ha prevenido para que este no ocurra, sino que ante el hecho mismo no se procede inmediata y adecuadamente. Después del naufragio, hubo una ausencia de maquinaria para rescatar a las personas atrapadas en la bodega de la nave. La falta de equipos de buceo u oxígeno por parte de la Marina era clamorosa. Los remolcadores y grúas oficiales brillan por su ausencia y los apoyos privados no son aprovechados a tiempo. Hasta el momento se ha intentado reflotar la “Camila” dos veces, infructuosamente. Lo más sorprendente es escuchar en RPP, de boca del contralmirante Rodolfo Reátegui, jefe del distrito de Capitanía Nº 5, que no existe ningún plan de la Marina para recuperar la nave, pues no es labor de la institución reflotar embarcaciones siniestradas ¿A quién corresponde entonces esa misión? ¿Y la solidaridad, la compasión y el honor profesional?

Demás está decir que también somos responsables los mismos pasajeros que deseamos embarcarnos a cualquier costo, sin medir seriamente las consecuencias de confiar en empresas inescrupulosas o informales. Al final, todo sigue igual, y es posible que después de las consecuencias inmediatas, se diga todo y no se haga nada. Atentos, porque el transporte fluvial en la Amazonía se encuentra en camino de ser una permanente bomba de tiempo social y económica.

Extra: Encontraron droga en la motonave Camila

El blog El mundo de Sofía nos trae una muestra adicional del lento proceso de barbarización y vandalización de los espacios culturales en la ciudad de Iquitos. Esto ocurrió con el mural sobre tapiz hecho por el artista Marcos Saldaña en plena Plaza de Armas, a vista y paciencia de los vigilantes de seguridad de la Municipalidad de Maynas.

¿A nadie le sigue importando?

Link: Si puedes, ve al concierto de Pauchi Sasaki por el patrimonio arquitectónico de Iquitos

Link: Colonialismo mental y patrimonio arquitectónico destruido en Iquitos

Link: La noticia en diario La Región