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Por: Fernando Nájar

UN ABUSO

La intención del expulsar de la selva peruana al ecologista inglés, Paul Mc Auley por sus ideas, en este caso por defender el medioambiente amazónico y los derechos de los indígenas, es un indicio que la libertad expresión, la que custodia todas las demás libertades, está entrando en una etapa crítica en el Perú.

Recibir un plazo de siete días para sus descargos legales, luego de estar viviendo más de 20 años en el país, es tan atentatorio, injusto y hasta obsceno; un retroceso hacia los tiempos del fujimontesinismo. Mc Auley apenas tuvo tiempo para presentar un Habeas Corpus que le salvó de una expulsión inmediata. Seguirá en el Perú en tanto prosiga un proceso judicial.

Cuál fue su pecado? ¿Señalar que las petroleras contaminan los ríos y los bosques? ¿Revelar que cientos de indígenas presentan signos de intoxicación con cadmio, plomo y arsénico? ¿Opinar sobre el baguazo? ¿Informar el remate de extensos bosques con una serie de vicios legales? ¿Anunciar que Herman Pezo ubicó su botadero en una reserva natural? ¿Lidiar con un alcalde desmesuradamente inculto y super nada para Iquitos?

La lógica de este ciudadano inglés frente a la acusación del Estado Peruano, es que, siendo misionero de una congregación católica, defendió el medio ambiente bajo los postulados del último Concilio del Vaticano, que señala expresamente: destruir la ecología, es un crimen. Si el Perú es un país de credo católico, no podría entonces desconocer lo que establece el Vaticano.

El modo de cómo intentaron desterrar al ambientalista, demuestra que el Gobierno de Alan García no reconoce la existencia de una poderosa corriente de voluntades que lucha contra el deterioro del ecosistema mundial. Es una fuerza impresionante, tiene cada día presencia y espacio en los convenios, tratados y políticas de gobierno. Dentro de esa corriente se encuentra la cooperación internacional.

ALGO QUE SE VENIA

Si defender la Amazonia del saqueo es un delito; si denunciar la violación de los derechos humanos de los indígenas es quebrantar la ley y la seguridad del Perú; entonces, según la “lógica” del Gobierno Peruano, la expulsión de este misionero era expeditiva desde el 2005

Por esos tiempos desbarató una comisión especial, que presidida por el entonces vicepresidente regional, Víctor Isla Rojas, intentó concesionar unas 400,000 hectáreas de bosques maderables, incluyendo comunidades indígenas y biodiversidad existente, con precios irrisorios a unos cuentos poderosos que utilizaban testaferros.

De igual modo no pasaron por alto, ni fueron archivados, los documentos acusatorios o acusetes enviados el 2006 al Ministerio de Relaciones Exteriores por el señor Joaquín Planas Morelli.

Decía en las cartas este dudoso toledista , que fungía entonces de Prefecto de Loreto, que “el misionero Mc Auley era un “elemento perturbador” y un personaje “que crea un clima adverso a las inversiones petroleras en la Amazonía peruana”. Mc Auley había descubierto que este personaje hacía continuas visitas a una cuestionada empresa petrolera.

CASO DE ANDOAS

Cierta mañana de diciembre del 2009, en el café Aris burger de la Plaza de Armas de Iquitos, un abogado vinculado al oficialismo de turno, amigo nuestro, nos decía: ” que este padrecito, el Hno. Paul, hace rato que está en la mira del gobierno”.

Según el letrado, Mc Auley había sido el artífice técnico para que la Corte Superior de Justicia de Loreto determine ( el 9 de diciembre del 2009) la inocencia de 21 indígenas acusados de asesinar al PNP Jaime Reyna Ruiz en marzo del 2008 durante la toma del lote petrolero AB en Andoas, la veta de oro de la Pluspetrol.

Cierto, Mc Auley demostró ante la opinión pública, cual eximio investigador televisivo, que las denuncias del Ministerio Público, de la Policía Nacional y de la propia Pluspetrol, carecían de sustentos para acusar a los achuares y kechuas que se rebelaron exigiendo puestos de trabajos a la empresa petrolera. Inclusive trajo consigo evidencias del asesinato deliberado de un indígena que nunca se investigó.

Desde entonces ha estado en la mira de un gobierno centralista desvinculado de Loreto y lujurioso de ofertar la Amazonía. La ONG. Amazon Wach confirmó por estos días que Mc Auley era seguido de cerca por el Estado Peruano, se entiende por la policía secreta peruana.

CONTRA LOS 78 DERRAMES PETROLEROS

Los responsables de la Pluspetrol, los que podrían haber influenciado en la decisión alanista, también lo tienen jurado contra este misionero que ha estado denunciándoles por la contaminación y continuos derrames petroleros en los ríos Corriente, Tigre, Pastaza, Morona y afluentes.

El último derrame, de 400 barriles en el río Marañón, es una raya más al tigre porque nadie en Iquitos dice algo. A Mc Auley le han entretenido con el cuento de la expulsión.

Según el semanario limeño “ Hildebrandt en sus treces”, la Pluspetrol ha provocado 78 derrames petroleros en la selva peruana, sin que hasta ahora nadie atine “patearle el trasero”, como expreso textualmente el Presidente norteamericano, Barak Obama, en alusión a la British Petroleum (BP) responsable del derrame petrolero en el Golfo de Mexico.

Obama no sólo pateó técnicamente el trasero de la British Petroleum, la que pagará una indemnización cercana a los 30 mil millones de dólares por daños y perjuicios, sino que ha suspendido todo los proyectos de exploración petrolera marítima.

En el Perú, los mandatarios coquetean con los contaminadores. La minera Doe Run, que convirtió a la Oroya en uno de las cinco ciudades más contaminadas del mundo, pide prorroga para paliar sus daños a lo largo de 700 años. Pluspetrol, operador de Camisea, que tiene como salín (almacén de sal) al río Corriente está anunciando una inversión de 3,016 millones de dólares para el 2012. A ellos, ni el pétalo de una rosa.

DESPEJANDO EL CAMINO PARA EL HORTELANO

En esa “cosmovisión” de ofertas y demandas de los recursos naturales de la selva peruana, un personaje como Paul Mc Auley es un advenedizo para los “intereses comerciales” del Estado, un obstáculo para cualquier defensor del “Perro del Hortelano, el proyecto económico más depredador de la historia.

Si damos crédito al documento del Ministerio del Interior, entonces todas las ONGs internacionales establecidas en el Perú, defensoras del medio ambiente y de los derechos indígenas, estarían también en el riesgo de que las expulsen en cualquier momento del país.

Claro está, desde el baguazo del 2009, el gobierno intenta deshacerse de todos aquellos que intente interrumpir sus cuestionadas concesiones de los recursos naturales de la selva peruana, desconociendo tratados y convenios internacionales.

Si todo aquel que se oponga al perro del hortelano, puede ser considerado como un elemento perturbador contra el Estado Peruano, por lo tanto sujeto al fueron judicial; no cabe duda que estamos entrando a un ciclo de oscurantismo. Hoy le toca a los ambientalistas. Como dice José Álvarez Alonso, el alanismo está hoy en la caza de ambientalistas.

En el caso de Mc Auley, la gota que colmo el vaso, la que provocó la desesperación de los mercadotecnitas de Lima, los que tranzaron exitosamente en lotes petroleros el 70 % del territorio amazónicos, habría sido la denuncia del misionero inglés sobre la nueva Ley Forestal, plagada de vacios, como se observa en la web de la Red Ambientalista, http://www.redambientalistadeloretana..

El ambientalista está chocado con grandes poderes. El mismo declaró esa posibilidad a la prensa internacional. Con la nueva ley Forestal, el Estado tiene la libertad absoluta de concesionar extensas aéreas de bosques que estarían destinados al monocultivo. Se entiendo que es para la obtención de bioetanol, un proyecto privado que está creado conflictos sociales, como sucede en Alto Amazonas

Finalmente, la orden de expulsión del país del ambientalista británico, Paul Mc Auley mortifica, molesta de sobremanera a todos aquellos que perciben que la Región Loreto está ingresando, en términos ecológicos y económicos, a una etapa de riesgo y devastación.

Lo quieren excluir porque saben, los del Gobierno, que Loreto no tiene casi a nadie quien lo defienda para este tipo de vandalismo: la destrucción de su ecosistema.

Mc Auley está por ahora libre de la expatriación, el alanismo no calibró las consecuencias, provocó una controversia en Iquitos, de la que está saliendo mal parado.

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La misma historia de siempre: un personaje decide levantar su voz de protesta contra los atropellos perpetrados de forma oficial o bajo el manto de la participación privada y de cierto modo, termina maniatado, reducido, pulverizado por la maquinaria del orden establecido. Da igual si este personaje es un hombre respetado por la comunidad en que le ha tocado interactuar, que haya defendido constante e indesmayablemente las reivindicaciones, legítimas y legales, que tiene la propia comunidad.

El Ministerio del Interior ha emitido la resolución ministerial 0571-2010-IN, que establece la cancelación de la residencia peruana de Paul Mc Auley, ciudadano británico, miembro de la congregación de La Salle, director de la Red Ambiental Loretana. Una noticia demasiado preocupante, que hiere la sensibilidad de una población que usualmente lo ha visto más cerca de la defensa de sus derechos que de aquella extraña y muy genérica figura de “alteración del orden público”.  Además, a todas luces es considerada como una provocación por un gran sector, pues tiene toda la apariencia de un dardo dirigido arteramente hacia el corazón mismo de la estructura social de la movilización amazónica.

Nos preocupa que entre los motivos que se argumentan para expulsar a Paul Mc Auley  se incluyan apartados de un atestado policial, y que este documento mencione la participación en marchas de protesta o la pertenencia a una organización de defensa de los derechos ambientales como potenciales amenazas a la seguridad y la soberanía del país. Es como si, de un momento a otro, por lo menos un considerable, por no decir mayoritario, espectro de la población amazónica fuera sospechoso y estuviera en el ojo de las sospechas de los miembros de Seguridad del Estado.

Paul Mc Auley no tiene procesos judiciales pendientes por este tipo de acciones. Pero sí una experiencia de servicio a causas indígenas y medioambientales desde hace más de 20 años. Su presencia en el Perú ha incluido acciones tan nobles y generosas como el contribuir decididamente en la creación del colegio Fe y Alegría, en un asentamiento humano de Lima. Además, interactuar con grupos de voluntarios y empresarios extranjeros que dinamizaron el intercambio comercial de productos que realizaban los jóvenes peruanos, para ser vendidos luego en tiendas de Londres y con ese dinero ayudar a su educación y sostén personal o familiar.

Su presencia en la Amazonía ha sido decididamente cercana a los sentimientos y demandas de esta región. Ha participado en la protección, defensa y organización de estrategias legales y humanas para aliviar la contaminación de los bosques y comunidades. Ha promovido estrategias de recuperación de los espacios indígenas y su revaloración frente a algunas acciones abusivas de empresas extractivas o incapaces de parte del Estado. Una de sus medidas ha sido brindar cobijo y hogar a muchos de los indígenas que han tenido que llegar hacia Iquitos.

Desde la Red Ambiental Loretana, Mc Auley ha generado conciencia sobre la importancia del medio ambiente, además crear toda una estructura pedagógica, científica o informativa, a fin de que los mismos no sean alterados o destruidos parcial o absolutamente. Para ello, no ha tenido reparos en poner la cara y acusar por igual a todos los responsables, sin distinción de color político o sesgo económico.

Esa integridad lo ha llevado, por cierto, a ser blanco de ataques, satanizaciones y amedrentamientos que, en todo caso, no habían llegado a un nivel tan crítico y lamentable, como el que ha generado el gobierno peruano con una decisión que nos parece excesiva, ilegítima e impertinente. En mucho tiempo no se ha visto en el país una  expulsión de un ciudadano extranjero alegando razones políticas, mucho menos de un religioso. Pero, sobre todo, es extraordinario que el gobierno canalice esfuerzos en quitarle la residencia a un hombre muy querido y respetado, que ha trabajado con organizaciones del mismo Estado para apoyar a los ciudadanos amazónico, que ha actuado desde la legalidad impuesta por el mismo Estado para demostrarle que aún existen injusticias e irregularidades que deben ser canalizadas o superadas.

En tanto, la solidaridad integral con Paul Mc Auley en la comunidad amazónica demuestra que se puede neutralizar momentáneamente a uno de sus miembros, pero no se pueden paralizar las causas globales y generalizadas de un pueblo.

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Por: Alberto Chirif

Hace un par de semanas, los presidentes de la República y del Consejo de Ministros, Alan García Pérez y Javier Velásquez Quesquén, respectivamente, enviaron un oficio al presidente del Congreso, Luis Alva Castro, observando la ley que regula el derecho de consulta de los pueblos indígenas, establecido en el Convenio 169 de la OIT.

La cuestión de las prerrogativas especiales.-
Los firmantes hacen una primera observación, que podríamos calificar de advertencia, que marca el paso de lo que viene luego y expresa la actitud del gobierno ante un procedimiento que le queda largo, en la medida que no es posible esperar que practicantes del autoritarismo primitivo admitan que se instaure un mecanismo democrático de avanzada, como es la consulta previa para el caso de planes y normas referidos a pueblos indígenas. Al inicio de sus observaciones, los presidentes señalan:

“Es necesario que la Autógrafa de Ley establezca, de forma expresa, que el resultado del proceso de consulta previsto, no limita, suspende ni prohíbe al Estado a adoptar decisiones que tengan por finalidad cautelar y garantizar el interés
general de la Nación, que debe primar sobre cualquier otro interés. Ello en vista que el Convenio 169 no confiere a los Pueblos Indígenas ninguna prerrogativa sobre los demás miembros de la Nación”.

Que los pueblos indígenas, en virtud del Convenio 169, no tienen prerrogativas sobre los demás miembros del país es una apreciación equivocada. Claro que las tienen, de lo contrario no se hubiera trabajado un acuerdo de esta naturaleza, adoptado en 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, después de años de reuniones, que tiene en cuenta, como considerandos, “…las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”; el hecho “…que en muchas partes del mundo esos
pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión”; y “… la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales”.

Si no son prerrogativas especiales, qué es lo que ha adoptado la Conferencia Internacional del Trabajo, en la que están representados los Estados miembros de la OIT y representantes de organizaciones de los empleadores y de los trabajadores. ¿Es que el Convenio 169, ratificado por 14 países de América y cuatro de Europa no representa más que el producto de la diversión de funcionarios y representantes de organizaciones de empresarios y de obreros que se sentaron durante años para elaborar un texto que contiene declaraciones retóricas y no derechos exigibles?
Es absurdo. Y la mejor explicación del porqué lo es la da la misma Constitución peruana, que señala: que “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte delderecho nacional” (Art. 55)”; que “Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República” cuando traten sobre “Derechos
Humanos” y algunos otros temas (Art. 56); que “Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de la República” (Art. 57); y que “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se
interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú” (Cuarta Disposición Final).

Lo que hay que decir es que las prerrogativas de los pueblos indígenas, o comunidades campesinas y nativas como se las llama en el Perú, respectivamente, desde 1969 (ley de Reforma Agraria) y 1974 (ley de comunidades nativas), tiene una historia larga en el Perú. ¿Por qué? Por su condición de originarios, es decir, de estar en el país antes del establecimiento del Estado. La segunda razón tiene que ver con una cuestión de justicia histórica. Desde la Conquista, son los indígenas el sector social más golpeado por la injusticia y la discriminación. Las leyes especiales son, entonces, un mecanismo de compensación histórica conocido como discriminación positiva. Claro que este modo de discriminación corresponde más a la teoría que a la práctica, porque en la realidad las cosas marchan de otra manera, y así el presidente García señala que los indígenas no son ciudadanos de primera y un empresario inmigrante, cuyos padres fueron vendedores ambulantes de telas, los califica de “sarnosos” opuestos al progreso.
Menciono sólo los derechos especiales más importantes reconocidos históricamente por la Constitución y las leyes a los indígenas en el Perú. La propiedad de sus territorioscomunales es uno de ellos, y su carácter especial es que antecede al título. Es decir, el título no les da la propiedad sino sólo regulariza la que ya tienen. Dicho de otra manera,
los indígenas son dueños de sus territorios con o sin título. Relacionado con el derecho de propiedad está la imprescriptibilidad, la única garantía constitucional que la mutilada Constitución de 1993 aún les reconoce. Esta garantía fue asaltada por los decretos causantes de las protestas indígenas de 2008-2009, que paralizaban los procesos de titulación, expropiaban terrenos comunales donde se ubican instalaciones públicas y, lo peor, reconocían la propiedad de terceros asentados en la comunidad con un mínimo de cuatro años, sin importar que se tratase de invasores.

Otro derecho especial es la autonomía “en su organización, en el trabajo comunal en el uso y libre disposición de sus tierras” que les reconoce la Constitución (Art. 89º), decreto que también fue violentado por normas arbitrarias, como la ley de tierras de 1995 y uno de los decretos legislativos del actual gobierno, que legislaban sobre cuestiones internos, como el quórum para la disolución de comunidades.

Consulta y veto.-
El Ejecutivo alega que el Convenio 169 no da derecho a veto, y en esto tiene toda la razón. Cualquiera que lo lea se dará cuenta rápidamente que no contempla el veto como prerrogativa de los pueblos indígenas. El gobierno cita numerosos textos, algunos de la propia OIT y del Relator Especial de Naciones Unidas sobre asuntos indígenas para afirmar su punto de vista. Es así, sin dudas.

Lo que las observaciones callan es que las consultas están previstas en el Convenio 169 no como una formalidad, como un simulacro, sino como una práctica democrática seria, ya que además de su carácter previo a la toma de decisiones políticas o aprobación de normas, “deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias,
con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (Art. 6º, incisos 2). Es claro que las consultan apuntan a un fin, y que éste es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. En caso contrario el Convenio considera que la consulta no cumple con la finalidad con que fue prevista. Esto lo ha entendió muy bien el Relator Especial de la ONU, a quien los presidentes Alan García y Velásquez Quesquén no citan esta vez, mucho menos cuando recomendó, hace unos meses, suspender las concesiones petroleras y mineras hasta que no se pusiera en marcha el mecanismo de la consulta. Tampoco cita un informe de la Defensoría del Pueblo (Nº 011-2009, de mayo 2009), en el cual este organismo plantea tres posibles resultados de una consulta. En caso de consentimiento de los pueblos indígenas, “la entidad estatal competente debe enriquecer su decisión con los aportes derivados del proceso de consulta, respetando íntegramente los acuerdos adoptados en la Resolución que aprueba la medida”. Si el consentimiento es parcial, dicha entidad “debe enriquecer su propuesta con los aportes de los representantes indígenas formulados en el proceso de consulta, a fin de adecuar la medida o desistirse de ella”. Por último, si no se llegara a un acuerdo, “el Estado debe evaluar su decisión de adoptar la medida, adecuarla o desistirse de ella. Así mismo, debe fundamentar su decisión en las consideraciones derivadas de los hechos y el derecho. Adicionalmente,
le corresponde informar a los representantes de la población involucrada la decisión adoptada, así como las razones que lo motivan”.

En resumen, coincidiendo con el documento del Ejecutivo que el derecho de consulta no implica el veto, lo que sí prevé el Convenio como finalidad es el consentimiento Y esto sólo puede lograrse mediante un proceso de diálogo democrático.

El derecho de todos como pretexto.-
El Ejecutivo argumenta que su deber es velar por todos los peruanos y no sólo por un grupo (los indígenas). El tema es que en ese “todos” están los indígenas, y están también, para otros asuntos, otros sectores con derechos y reclamos especiales relacionados con su campo de actuación. Los obreros, por ejemplo, reclaman por lo suyo, y dentro de éstos, los mineros demandan por cuestiones especiales y diferentes a los de construcción civil o a los que laboran en la pesca o en la agricultura. Los empresarios, sin duda alguna un sector más pequeño que el de los indígenas en el Perú, tienen también derechos reconocidos y exigencias que hacer como gremio. Hasta donde recuerdo, jamás el gobierno, ni éste ni anteriores, han descalificado sus reclamos por no representar a todos los peruanos.

Digamos que más bien en este punto se ha ido al otro lado, atendiendo a grupos muy pequeños con leyes especiales. Por poner un caso, las que promueven los cultivo para producción de biocombustibles. ¿Cuántos se dedican a esto? Tal vez mi conocimiento sea incompleto, pero por más esfuerzos que hago los dedos de una mano me sobran para contarlos. No obstante, ¿cuántas leyes causantes de los reclamos de los indígenas fueron dadas en su favor y cuántas medidas políticas se han echado a andar para atenderlos? ¿Cómo define el Estado el interés de todos los ciudadanos? Difícil respuesta, sobre todo si consideramos, además de lo ya dicho, que, por ejemplo, frente a iniciativas como la hidroeléctrica de Inambari, no sólo los indígenas han protestado, sino también un conjunto de organizaciones de la sociedad civil de Madre de Dios, de Cusco y de Puno; y que en este último caso, incluso el Gobierno Regional se ha pronunciado en contra del proyecto.

También cuestionan el proyecto los ambientalistas, en la medida que la represa afectará la zona de amortiguamiento del parque nacional Bahuaya-Sonene. Otro ejemplo es la cuestión minera. Tampoco son los indígenas amazónicos los únicos que protestan por esta cuestión por sus malas experiencias, en el caso de la explotación de petróleo, que les ha dejado un gran pasivo ambiental y social. Comunidades andinas también reclaman frente a iniciativas mineras, al igual que otras de la costa. Y a éstas dos hay que sumarles agricultores independientes, muchos de ellos dedicados a cultivos de exportación, que no están dispuestos a perder su medio de trabajo y su fuente de riqueza en aras de un “interés nacional” que en nada se ve reflejado en mejoras de las condiciones de educación, salud y empleo de los ciudadanos. Y la exportación del gas a precio de regalo, mientras que en el mercado interno el consumidor peruano debe pagar mucho más, ¿es también una política pensada en función de “todos los peruanos” y del “interés nacional”?
Muchas veces, con una frecuencia sobre la que no quiero opinar porque debería hacerse un estudio previo en búsqueda de información objetiva, el concepto de interés nacional sirve para esconder “faenones” de ciertos grupos, tampoco muy numerosos y, en todos los casos, más pequeños que los indígenas, que los obreros e incluso que los empresarios.

Los campos de la consulta.-
Las observaciones del Ejecutivo entran en confusiones cuando los firmantes del documento pretenden fijar los campos en que ésta debe actuar. Señalan, así, que la ley propuesta: “no ha distinguido entre medidas legislativas o administrativas que afecten de manera general a los pueblos originarios (por ejemplo, la aprobación de una ley de tenencia de tierras) de aquéllas mismas medidas que sólo pueden afectar a un pueblo en particular en sus intereses y condiciones específicas”. ¿Por qué plantear la distinción? Si se refiere a pueblos indígenas, hay que consultarla en las cuestiones que los afectan. Nada más.

Las objeciones caen en el ridículo al señalar que el Convenio 169 “no prevé la obligación de consulta respecto de los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional”. Por tanto, continúan, al considerar estos planes y proyectos dentro del ámbito de la consulta, el proyecto de ley “amplía innecesaria e inconvenientemente los alcances del Convenio, lo que bien podría paralizar la ejecución de importantes obras de infraestructura para el país”. ¿Qué pretende el Ejecutivo? ¿Limitar la consulta para determinar la ubicación de escuelitas primarias y lozas deportivas en las comunidades?

Presumiendo la mala fe.-
Una de las observaciones más curiosas se refiere a la disposición contenida en la ley de “que las entidades estatales deben establecer bajo responsabilidad las propuestas de medidas legislativas o administrativas que deben ser consultadas” (Art. 9º). El Ejecutivo se exalta y reclama que este concepto (“bajo responsabilidad”) desconoce el principio establecido por la propia ley de que “el Estado tiene el deber de actuar de buena fe, en un clima de confianza, colaboración y respeto mutuo”, ya que conlleva “el supuesto que los funcionarios siempre actúan en desmedro de los intereses de los integrantes de las poblaciones indígenas”.

Al respecto hay que decir que la necesidad de actuar de buena fe contemplada en la ley de consulta, y que repite una idea incluida en el Convenio, no exime de responsabilidad a las entidades públicas y funcionarios que no actúen de esta manera. Resulta innecesario explicar esto debido a los numerosos ejemplos existentes de actuaciones de mala fe. Uno
solo: ¿actuaron de buena fe los funcionarios que ordenaron el desalojo violento de la Curva del Diablo, en Bagua, en junio de 2009, teniendo en cuenta que los indígenas habían acordado desalojar la carretera ese mismo día, cuatro horas después de la incursión armada?

¿Actúa el Estado de buena fe el Estado cuando da leyes con nombre propio para favorecer a unos pocos reduciendo los derechos de los otros? ¿Lo hace cuando no escucha los justos reclamos de la población afectada por industrias extractivas?

La identidad en debate.-
El Ejecutivo quiere reducir el concepto de pueblo indígena a “las etnias amazónicas” y a los “grupos no contactados”, y excluir a las comunidades andinas y costeñas. Las razones que da son: la comunidad andina es una institución española creada en la Colonia y “está sustantivamente vinculada a la ciudad, al comercio y a los servicios del Estado”; y que algunas comunidades costeñas “actúan como empresas inmobiliarias en beneficio de sus dirigentes en el negocio de terrenos y playas”; y, en última instancia, que ya estas comunidades no son distintas de la colectividad nacional. ¡Cuánta confusión en la cabeza del señor/señora que redactó este informe firmado por los presidentes de la República y del Consejo de Ministros, y cuánta generalización a partir de la arbitraria manipulación de unos pocos datos!
El concepto de originario alude a pueblos cuyas raíces son anteriores a la invasión europea, a la Colonia española y a la República, que es consecuencia de la evolución histórica de procesos iniciados en la etapa anterior. Pero no quiere decir de ninguna manera que se trate de pueblos que se encuentren en estado “original”, inmutable, igual a como pueden haber sido antes del contacto con Occidente. De la misma manera como los peruanos del siglo XIX no son los mismos que los actuales, las sociedades indígenas también cambian, como tienen que haber cambiado antes de la Conquista. Sociedad es casi un sinónimo de cambio. Las comunidades indígenas no son instituciones desligadas de procesos mayores, como el comercio, ni rechazan servicios del Estado, como la educación y la salud. Por el contario,
los reclaman y, cuando los tienen, exigen su mejora. En todo caso, no es requisito para ser considerado indígena estar apartado del mercado y no contar con servicios que el Estado debe dar a todos los ciudadanos. Esto tiene que ver con una concepción evolucionista del indígena. Craso error: los indígenas no son una etapa de la evolución de la humanidad.

En cambio, son, si así lo quieren –porque tiene igualmente todo el derecho a dejar de lado sus diferencias y hacerse parte de procesos mayores-, expresión de un tipo de evolución peculiar que incorpora los cambios en sus propias estructuras. Esto lo han hecho durante siglos (herramientas de acero, armas de fuego, animales domésticos, maquinarias, lengua y ciertos alimentos, entre otros) y pueden seguir haciéndolo.

Definir a las comunidades costeñas como entes que actúan como empresas inmobiliarias en beneficio de sus dirigentes, porque efectivamente existen algunos casos así, nos pone frente a la posibilidad de usar los mismos términos para precisar el trabajo de COFOPRI, a raíz del descubrimiento que su presidente se dedicaba a negociar bienes del Estado en beneficios propio.

Que las comunidades andinas y costeñas son creaciones coloniales, sí, lo son, pero sobre la base de ayllus que son instituciones indígenas o, si se prefiere, prehispánicas. En la historia, señores del Ejecutivo, no funciona el borrón y cuenta nueva, y así como después de la Independencia se continuaron las relaciones de explotación de los indígenas, incluso endureciéndose en muchos casos, así luego de la implantación del régimen colonial los indígenas encontraron maneras de darle continuidad a sus propias instituciones y creencias, y de adoptar otras nuevas a sus propias estructuras.

La situación de los pueblos originarios andinos y costeños fue contemplada en su especificidad en una copiosa normativa colonial, que no los considera como instituciones españolas, sino indígenas. Las Leyes de Indias, por ejemplo, recopiladas y publicadas en nueve libros en 1680 (se pueden encontrar en la página web del Congreso), incluyen uno (el sexto) llamado “Situación de los indígenas, su condición social, el régimen de encomiendas, tributos y otros”. De allí que muchas comunidades actuales tengan títulos coloniales de sus tierras.

Pero así como las comunidades indígenas (andinas y costeñas) fueron creadas por una norma colonial, las amazónicas (llamada oficialmente nativas) lo fueron por una ley republicana de 1974, actualizada en 1978. Le proporciono este dato al redactor del informe del presidente de la República y del Congreso incluso a riesgo de que, a vuelta de correo, esté mandando otro informe para que tampoco las “comunidades amazónicas” sean consideradas indígenas por esta razón. Tal vez sea ésta la manera cómo esos señores quieran solucionar el llamado “problema indígenas” del país, que ya es de larga data.

Además hay que recordar que las comunidades hoy conocidas como campesinas fueron llamadas indígenas hasta 1969, cuando el gobierno consideró que el término era ofensivo, situación que ya ha sido superada y hoy indígena se toma en su acepción exacta: “originario del país de que se trata” (Diccionario de la Real Academia Española). A pesar del cambio de nombre, esas comunidades y las nuevas que aparecieron como sujeto de derechos en esos tiempo (las “nativas” amazónicas) han seguido gozando de derechos especiales en la legislación nacional: la Constitución, las leyes referidas a ambos tipos de comunidades, los códigos Penal y Civil y, finalmente, los convenios y declaraciones trabajados en el ámbito de las Naciones Unidas.

Leyendo esta observación del Ejecutivo, recuerdo el comentario de un lector en Servindi (Servicio de Información Indígena): “Si las comunidades andinas y costeñas no sonindígenas, entonces ¿para qué existe el INDEPA?”.

La representatividad.-
La última observación del Ejecutivo tiene que ver con la representatividad de las organizaciones indígenas que participan en los procesos de consulta. Es verdad, es untema difícil. No obstante, hasta donde conozco, hasta ahora el mayor transgresor de esta norma ha sido el propio Estado y las propias empresas, al menos de dos maneras. La
primera es financiando la creación de organizaciones afines a sus planteamientos cuando la existente en una zona se opone a sus planes. La segunda es haciendo consultas a estas organizaciones dóciles aun cuando ellas no tengan ninguna presencia en la zona donde se enfrenta el problema. Éste fue el caso de una organización indígenas que fue consultado sobre la cuestión del contrato con la minera Dorato, que obtuvo un contrato en la Cordillera del Cóndor, a pesar de que ella no tenía presencia entre las comunidades de la cuenca del Cenepa, que son las afectadas por la actividad minera.

Son las propias organizaciones, en coordinación con la población local, las que deberán resolver este asunto, ya que de lo contrario, sin ser adivinos, sabemos de antemano que la representatividad la resolverá el Estado en función de sus propios intereses.

Por buena que sea una propuesta de ley de consulta, si no hay voluntad política no servirá de nada. Y ése es ahora el problema central.

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(Imagen: diario La Región)

Resulta muy preocupante la noticia de la cancelación de la residencia del religioso británico Paul Mc Auley, conocido defensor de causas indígenas y ambientales, director de la Red Ambiental Loretana.

La noticia, según el periodista Geovani Acate ,de  Radio Oriente:

El religioso británico de la Salle Paul Mc Auley, presidente de la Red Ambiental de Loreto (RAL) recibió hoy una resolución del Ministerio del Interior (MININTER) donde se le informa de la cancelación de su residencia en nuestro país.

En la resolución ministerial 0571-2010-IN, se alude un atestado policial del Departamento de Seguridad del Estado de la V División Territorial PNP, con fecha del 18 de agosto del 2009.

En dicho informe, se afirma que Mc Auley “ha venido participando en diferentes actividades de carácter político, como marchas de protesta (…) y demás actos que constituyen una alteración del orden público”.

En ese sentido, se determina que el titular de RAL ha incurrido en una infracción tipificada en el artículo 63 de la Ley de Extranjería, por lo cual se le cancela la residencia concedida en 2006 y se le dan siete días calendario para abandonar territorio peruano, sin posibilidad de retorno.

Cabe indicar el religioso británico no posee procesos ni juicios pendientes por este tipo de acciones. En cambio, se le reconoce por acompañar de manera permanente a las comunidades indígenas de las zonas del Marañón y el Pastaza.

En días pasados, Mc Auley anunció que la RAL solicitaría al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Energía y Minería (OSINERGMIN) realice una inspección a las bases de la empresa petrolera Pluspetrol, responsable del derrame de 300 barriles de crudo en el río Marañón.

Desde que llegó a Iquitos, Mc Auley inició su trabajo en defensa de las comunidades achuar afectadas por la contaminación con cadmio y plomo, producto de los vertimientos indiscriminados de las empresas petroleras en especial Pluspetrol. Es así que formó, junto a otros voluntarios, la Red Ambiental de Loreto (RAL), que mantuvo participación activa en las denuncias contra empresas e instituciones que atentan contra la calidad del ambiente.

Paul Mc Auley vive dos décadas en el Perú y su actuación siempre ha sido de dominio público de Loreto, además su defensa vehemente de las causas indígenas y ambientales. Ha seguido de cerca el caso de los temas de contaminación petrolera en el río Corrientes, del caso de Andoas, así como las concesiones foretales irregulares que se realizaron en territorio loretano el año 2006.

Precisamente por su posición decidida, Mc Auley ha sido constantemente satanizado por diversos intereses de poder. Uno de ellos fue el del alcalde de Maynas, Salomón Abensur, quien no dudó en tildarlo de “terrorista blanco” cuando Mc Auley y un colectivo de personas se opusieron a la  instalación del botadero municipal de Iquitos en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, ubicada en la carretera hacia Nauta.

La figura de Mc Auley era tan resistida por los grupos de poder,  sobre todo aquellas vinculadas con intereses económicos de transnacionales extractivas y figuras del gobierno. El atestado para expulsar a Mc Auley del Perú está vigente desde el año pasado, pero los intentos por expulsarlo desde el gobierno  vienen desde el año 2008 (aunque los intentos de amedrentamiento contra su persona vienen desde el 2006)

Parece que ahora sí lo lograron.

(Portada diario Pro & Contra)

(Foto: Diario La Región)

Sin embargo, el Hno Mc Auley no está solo. Un memorial firmado  por los pueblos indígenas Awajun, Wampis , Achuar, Shawi, Candoshi, Shapras, Shiwilo, Kokama Kokamilla, Urarinas, Kichua, Shipibos, Ashaninkas, Witotos, Machiguengas y todas las nacionalidades indígenas de la amazonia peruana; está dirigido a presidente Alan García, al presidente de la Concejo de Ministros, a la Embajada de Inglaterra y a los medios de comunicación y en él se aboga para que no se cometa un atropello contra “un personaje que se identifica plenamente con la realidad de la Región Loreto y la problemática de los pueblos indígenas y el medio ambiente de nuestra Amazonía”

Todos los medios de comunicación de Iquitos y Loreto han brindado cobertura a la injusta expulsión de Mc Auley, de paso que ha permitido descubrir una increíble cadena de solidaridad a favor del religioso. Una serie de pronunciamientos de apoyo y  protesta por Paul Mc Auley se han multiplicado rapidamente en la región.

Extra: Se ha conformado un Comité de Lucha contra la Expulsión de Paul Mc Auley en Iquitos. Sus actividades previstas son las siguientes:

1.- Primera actividad:  VIGILIA:

Día: Viernes 2 de julio del 2010 (hoy)

Lugar Plaza de Armas de Iquitos

Hora 6:00 pm.

2.- Segunda actividad:  PLANTON:

Día: Lunes 5 de julio del 2010

Lugar Plaza 28 de julio – Iquitos (frente al Palacio de justicia)

Hora 6:30 am.

Se presentara el Habeas Corpus

3.- Tercera actividad actividad: MOVILIZACION:

Día: Miércoles 7 de julio del 2010

Lugar Plaza 28 de julio – Iquitos

Hora 3.30 pm..

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(Imagen: Ronsoco Azul)

El derrame de petróleo crudo suscitado en  el río Marañón el fin de semana pasado, en  San José de Saramuro (distrito de Urarinas) es muy grave. No sólo por la contaminación en sí (que ya ha afectado a 28 comunidades alrededor), sino por las consecuencias inmediatas. 400 barriles se vertieron al río, diseminándose muy cerca de la Reserva Natural Pacaya- Samiria, hasta la comunidad de San José de Parinari, sino porque ha alterado considerablemente la vida de los afectados, además de las especies de flora y fauna que han sido pervertidas por la mancha voraz. Ninguno de los afectados fue inmediatamente atendido por la compañía responsable de los hechos – Pluspetrol – y aún ahora, 7 días después, persiste la escasez de agua limpia para consumo humano.

Existen muchas preocupaciones por lo ocurrido en el río Marañón. El hecho que haya sido un alto funcionario del Estado, como el Ministro de Energía y Minas Pedro Sánchez, quien haya fungido poco menos que como vocero oficioso de la compañía contaminante, al minimizar alevemente el nivel de la contaminación suscitado. También el que Pluspetrol  haya demostrado que no cuenta con un  efectivos plan de contingencia ante accidentes como estos, pero más aún, que sus políticas de responsabilidad social y ambiental son inexistentes, salvo cuando la ley se lo requiere de modo compulsivo.

Infortunadamente, este no es el primero de los varios daños que han cometido las empresas extractoras en nuestra Amazonía.  La larga lista de accidentes y atentados contra el medio ambiente parece persistir.  Lo peor es que en casos anteriores han sido mucho más nocivas las consecuencias, pero el actuar del Estado para requerir sanciones ha sido lento, tortuoso o ineficiente.

Por ejemplo, el 2 de octubre del año 2000, la misma Pluspetrol causó un accidente de muy seria consideración, en el que se derramaron 5,500 barriles. El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) calculó que el impacto ecológico en la zona sería de 20 años, por lo menos. Dos años después, se generó el mismo accidente en el Marañón.

En el año 2003, una investigación de José Álvarez para el semanario Kanatari mostró un pequeño cementerio en la comunidad indígena Vista Alegre, en el alto río Tigre, donde se encuentran enterrados 21 niños, todos ellos afectados por una hepatitis fulminante que luego se demostró habían sido agravadas con la ingesta de pescado y agua, altamente contaminados con metales pesados vertidos por un pozo petrolero de la Occidental Petroleum Co en  el Lote 39, donde se localiza en el corazón de la región más biodiversa del mundo, calificada como una de las ecorregiones más importantes del mundo debido a su excepcional biodiversidad.

La Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (FECONACO) ha responsabilizado a Pluspetrol por 6 derrames de petróleo en el año 2007; por 18 derrames en el año 2008. En lo que va de este 2009, se ha responsabilizado a la empresa por 16. En el año 2006, un informe del Ministerio de Salud reveló que un 98 % de los menores de edad examinados de la cuenca del Corrientes superaban los valores límite de plomo y cadmio en sangre. De ellos, un 37 % presentaba altos niveles de riesgo.

En enero del año 2009, en la refinería de Petro-Perú, cuatro barriles de hidrocarburos cayeron a una quebrada en Barrio Florido. El agua de la zona tenía un fuerte olor a gasolina, y se reportaron casos de niños afectados por sarpullidos y manchas rojas en la piel, además de encontrarse peces muertos. En setiembre del mismo año, el vuelco de un grifo flotante ocasionó el derrame de más de tres mil galones de petróleo y gasolina al río Itaya.

La periodista Patricia del Río señala sus severas críticas al Estado por tener un mecanismo de compensación tan ineficiente que le impide cobrar multas por daños al medio ambiente. Señala del Río que de las 290 sanciones impuestas por Osinergmin a las empresas contaminadora, el ente regulador solo ha podido cobrar 111, mediante largos y  costosos procesos sancionadores.

Actualmente, un 72% de la Amazonía peruana está concesionada para explotación y extracción de hidrocarburos. La cifra ha crecido exponencialmente estos últimos 5 años.

Explotar las reservas de petróleo es estratégico para la Región Loreto, cada vez más empobrecida y huérfana de fuentes de trabajo y de divisas. Sin embargo, también debe garantizarse la protección del derecho a la vida y la salud de las personas, así como la protección de nuestra biodiversidad, verdadero capital natural de nuestra región. No asumir las responsabilidades por ese cuidado no sólo es nefasto para el futuro, sino, sobre todo, demandable no sólo ética, sino materialmente.

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Muy serias las noticias sobre el derrame de petróleo de 400 barriles de petróleo en la zona de Saramuro, río Marañón, distrito de Urarinas (Provincia de Loreto) cerca del lote 8 donde opera la Pluspetrol y de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria.

Este es el primer video sobre la contaminación registrada en la zona:

La noticia preliminar inicial  sobre el tema la brindó el diario La Región:

Según el director regional de Energía y Minas, Roy Meza Meza y el jefe de Defensa Nacional del Gorel, Robert Falcón, la empresa Pluspetrol, a través de un comunicado, señala que el derrame se dio por la zona de Saramuro y que éste había sido controlado de inmediato. La embarcación que transportaba el petróleo Sanam III fue alquilada para cubrir ese tipo de labores.

Mas el director regional en inmediata coordinación con el presidente regional, Norman Lewis, han considerado la posibilidad de viajar hoy muy temprano hasta la zona para hacer una inspección real de todo lo ocurrido en la zona del río Marañón.

“La oficina de imagen institucional de Pluspetrol ha emitido un comunicado señalando que la barcaza de Sanam III ha tenido un percance en Saramuro, se habla del derrame de petróleo y que ya ha sido controlado, pero nosotros estamos viajando hoy muy temprano con el presidente regional para constatar in situ lo que realmente ha ocurrido. No vamos a creer solamente lo que nos dicen, tenemos que hacer las observaciones y ver los daños causados de forma inmediata para tomar las acciones correspondientes”, expresó el director de energía y minas Roy Meza Meza.

Por su parte el jefe de Defensa del Gorel, Robert Falcón, también fue firme al decir que la empresa Pluspetrol indica que aparentemente no ha tenido mayor impacto, “eso dicen ellos pero nosotros iremos hasta la zona para evaluar el desastre ecológico”, puntualizó.

Hoy temprano se conocerán mayores detalles de lo ocurrido en el lugar, mas es importante dar a conocer que pobladores de Parinari, ubicado a 3 horas de Nauta, fueron los que dieron la voz de alerta el día sábado. Por el lugar están ubicados pueblos como Santa Rita de Castilla, Ollanta, Victoria, 7 de Junio, Parinari, Urarinas, Buenos Aires, entre otros. Y si se habla desde Parinari a 3 horas de Nauta, estando Saramuro cerca a San Lorenzo, Datem del Marañón, quiere decir que el daño ecológico no es poca cosa y que éste se haya controlado de inmediato. En todo caso las autoridades del gobierno regional serán las que emitirán la información de primera mano el día de hoy, después de las evaluaciones del caso.

Como referencia se habla que pobladores de Parinari, luego de tomar desayuno fueron al río a lavar los utensilios y se dieron con la ingrata y preocupante sorpresa que el agua del río estaba con restos de hidrocarburos.

Aunque en principio, la Pluspetrol en un comunicado brindado en Iquitos  indica que se derramaron 300 barriles de petróleo y que se han brindado los trabajos necesarios para brindar seguridad, luego señaló que fueron 400 barriles y que el derrame había sido controlado. En tanto, los medios de prensa loretanos han recabado denuncias de pobladores de la zona, en el sentido que la empresa responsable no ha recibido ningún apoyo, sobre todo de agua. La población de la zona usa el río tanto para la pesca como para sus actividades diarias.  Las versiones extraoficiales hablan de que se derramaron muchos más barriles de los que la Pluspetrol ha señalado.

Las autoridades regionales y un grupo de prensa viajarán inmediatamente a la zona para verificar in situ el tamaño de la contaminación. Según radio LVS de Iquitos, el Fiscal Especializado en Delitos Ambientales, Julio Rodríguez, el presidente regional de Loreto Norman Lewis y el Director de Energía y Minas, Roy Meza Meza encabezarán la comisión que se trasladará en las próximas horas a la zona del derrame. Los acompañará el  Jefe de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Loreto a bordo de un helicóptero e irán acompañadas de técnicos de la Dirección General de Salud Ambiental quienes tomarán muestras de las aguas en el río Marañón.

La decisión de viajar a la zona se dio luego de una reunión de emergencia realizada esta mañana en las instalaciones del Gobierno Regional de Loreto tras conocerse el derrame de trescientos barriles de petróleo. “Estamos llevando agua en deslizadores porque la gente desesperada pues no pueden tomar agua del río y en la zona no existe agua potable”, declaró Robert Falcón, jefe de Defensa Nacional de Loreto.

En tanto, la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales de Loreto ha iniciado una investigación para reportar de forma célere las responsabilidades por el derrame ocurrido en el río Marañón.

Darwin Paniagua informa para Ideeleradio sobre la ausencia de agua en 28 comunidades de la zona:

Aproximadamente 28 comunidades nativas del distrito de Parinari y Urarinas, en la provincia de Loreto, están sin agua potable debido al derrame de petróleo registrado el sábado último en las aguas del río Marañón, que es la única fuente hídrica en la zona.

Así lo dio a conocer Américo Vela Ramírez, representante zonal del distrito de Parinari, quien arribó a la localidad de Iquitos conjuntamente con otras personas afectadas, para dar a conocer los detalles del derrame de petróleo de la empresa Pluspetrol. En ese sentido, solicitó apoyo urgente para los damnificados.

“El derrame de petróleo está afectando a más de 28 comunidades del distrito Parinari y Urarinas. Esto es una gran preocupación porque el crudo ha comenzado a bajar desde Saramuro, que está a ocho horas de la localidad de Parinari, y ahora ya está en Parinari”, expresó a Ideeleradio.

“Entonces es una gran alarma porque no se está bebiendo el agua del Marañón, que es la única fuente que utilizamos, ya que no contamos con agua potable. Lo esencial es que nos envíen agua porque desde el sábado la población no está bebiendo el agua del Marañón. Hasta el momento, no hemos recibido una sola gota de agua ni víveres por parte de la Pluspetrol”, acotó.

Estimó que en los próximos días saldrá a la luz, un registro de animales afectados por el derrame de petróleo de esta compañía, que es considerado el segundo caso en la historia de esta localidad. Recordó que el primer incidente sucedió en el año 2000 y que durante el mismo se registró la muerte de varios peces en el Marañón.

“Hasta el momento no hay un registro de animales peces que hayan perecido, pero estimo que este hecho se podrá suscitar en los próximas días, porque por el problema que hubo en el 2000 se registró la muerte de muchos peces”, concluyó.

El director regional de Energía y Minas de Loreto, Roy Meza estuvo en la zona afectada y confirmó que fueron 400 los barriles de petróleo derramados. Aún no se saben las causas objetivas del accidente. Lo más preocupantes, según Meza, es que el crudo sigue avanzando por el río Marañón.

Por su parte, el Ministro de Energía y Minas,  Pedro Sánchez, erigido en defensor de la contaminación, ha señalado que los 400 barriles vertidos al río  “no son para alarmarse” (Claro, como no bebe y vive de esa agua….)

Link: La denuncia contra Pluspetrol, por contaminación en el río Tigre

Link: Clima de cambios de la PUCP indica que contaminación “no es poca cosa” así como nos brinda un mapa de la zona afectada

Link: La información en el blog de la Coordinadora de Derechos Humanos

Link: Pronunciamiento general sobre el derrame de petróleo originado en el río Marañón

Link: Aspectos culturales de los pueblos afectados por el derrame

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Nunca como antes se había manifestado un enorme interés con respecto al devenir amazónico. Nunca como ahora los mecanismos de exposición de productos artísticos que tienen patrón de origen en su sabiduría y derivados importan, no sólo como decorado exótico, sino como vehículo de comunicación de realidades por mucho tiempo ignoradas o ninguneadas.

Nunca, como ahora, sin embargo, sentimos que aún nos falta mucho por recorrer, al menos en el campo de las identidades y en la revaloración del vasto patrimonio inmaterial de la Amazonía y, en general, del país.  Es muy cierto que no se ha construido un clima oficial  que supere a veces ciertos  elementos concretos y velados de exclusión y discriminación de los diferentes pueblos originarios, desde la perspectiva misma de la pluriculturalidad.

Ha llamado la atención, por eso, que la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte del Congreso de la República haya presentado un extenso pre-dictamen del proyecto de ley 3622, que propone la creación, organización y funciones del Ministerio de Cultura. Dentro de ellas, puestas en vitrina para su debate ciudadano, así como recoger las opiniones y sugerencias ciudadanas, a fin de solidificar sus contenidos, se empiezan a generar movimientos muy interesantes sobre la protección legal sobre el patrimonio inmaterial, así como la Pluralidad Étnica y Cultural de la Nación.

En ese camino, el proyecto se sustenta en premisas básicas que, de ser estudiadas, consensuadas y aprobadas, pudieran apoyar notablemente la consecución una aplicación práctica y eficiente de las nociones de pluriculturalidad e  interculturalidad, en el sentido de que a través de una estructura orgánica se pueden armar las bases para llevar a la práctica una política que reconoce la pluralidad social y cultural del país, aplicando asimismo criterios interculturales en la relación entre el Estado y la sociedad.

Resulta importante, sin duda, que el dictamen invoque el artículo 2º, numeral 19) de la Constitución Política del Estado, la cual establece que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. Asimismo se invoca la Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la OIT, en la idea de que se promuevan firme y decididamente la plena efectividad de los derechos culturales de las comunidades originarias, respetando su identidad, costumbres y tradiciones, así como sus instituciones.

En ese sentido, dentro de los mecanismos legales, la Comisión de Educación plantea un término novedoso dentro de nuestro esquema normativo: la creación del Despacho del Viceministro de Interculturalidad.

Los pueblos originarios tendrían dentro de este esquema, una institución dentro del Ministerio de Cultura que se encargue de garantizar  el sentido de la igualdad social y los derechos de los pueblos secularmente marginados, formular políticas de respeto de las diversas expresiones culturales de nuestros pueblos, generar los mecanismos para difundir una práctica intercultural en el conjunto de la sociedad peruana. Asimismo el deber de supervisar las actividades que cumplen los órganos estatales y paraestatales a fin de promover la construcción de políticas que permitan conocernos mejor y que reconozcamos las diversas culturas vivas que existen en nuestro país, que su respeto y valoración permitan construir una ciudadanía inter-cultural. Además, supervisar políticas que promuevan  prácticas vigilantes y críticas a la discriminación contra los ciudadanos y pueblos originarios, contra todos aquellos que evidencian, ya sea en sus rasgos físicos, en su forma de hablar y de vestir, en otras palabras, en su identidad personal, colectiva, social, cultural, espiritual

Salir de un esquema donde el Estado no ha tenido ni tiene planes estructurados para  dinamizar el desarrollo cultural del país, donde su actuación ha sido centralista y burocrática es un avance notable. Pero, evidentemente, es sólo un peldaño dentro de la adecuación de la vasta y compleja geografía de la gestión cultural a las necesidades de los probables beneficiados.

Es muy cierto que las leyes, solas, no resuelven problemas ni pueden tapar el sol con un dedo. El Estado tiene deber de promover mercados culturales sólidos o, en su defecto, de construirlos, de modo tal que se monte una formación sólida de valores culturales y artísticos, dignos y sustentables, económica e inmaterialmente. Como señala el pre-dictamen de la Comisión de Educación, es básico  encontrar un “relato común” sobre la vida colectiva que sea capaz de articular la diferencia cultural y de integrarla en un proyecto de desarrollo, sin exclusiones, definiendo, por remisión, políticas regionales asociadas a la descentralización, respetando las condiciones de diversidad cultural que nos caracterizan y propender a la integración.

Menuda y nutrida tarea de construcción y generación, en suma, que se hace necesaria, urgente, imprescindible iniciar inmediatamente.

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