Posts etiquetados ‘indígenas’

La misma historia de siempre: un personaje decide levantar su voz de protesta contra los atropellos perpetrados de forma oficial o bajo el manto de la participación privada y de cierto modo, termina maniatado, reducido, pulverizado por la maquinaria del orden establecido. Da igual si este personaje es un hombre respetado por la comunidad en que le ha tocado interactuar, que haya defendido constante e indesmayablemente las reivindicaciones, legítimas y legales, que tiene la propia comunidad.

El Ministerio del Interior ha emitido la resolución ministerial 0571-2010-IN, que establece la cancelación de la residencia peruana de Paul Mc Auley, ciudadano británico, miembro de la congregación de La Salle, director de la Red Ambiental Loretana. Una noticia demasiado preocupante, que hiere la sensibilidad de una población que usualmente lo ha visto más cerca de la defensa de sus derechos que de aquella extraña y muy genérica figura de “alteración del orden público”.  Además, a todas luces es considerada como una provocación por un gran sector, pues tiene toda la apariencia de un dardo dirigido arteramente hacia el corazón mismo de la estructura social de la movilización amazónica.

Nos preocupa que entre los motivos que se argumentan para expulsar a Paul Mc Auley  se incluyan apartados de un atestado policial, y que este documento mencione la participación en marchas de protesta o la pertenencia a una organización de defensa de los derechos ambientales como potenciales amenazas a la seguridad y la soberanía del país. Es como si, de un momento a otro, por lo menos un considerable, por no decir mayoritario, espectro de la población amazónica fuera sospechoso y estuviera en el ojo de las sospechas de los miembros de Seguridad del Estado.

Paul Mc Auley no tiene procesos judiciales pendientes por este tipo de acciones. Pero sí una experiencia de servicio a causas indígenas y medioambientales desde hace más de 20 años. Su presencia en el Perú ha incluido acciones tan nobles y generosas como el contribuir decididamente en la creación del colegio Fe y Alegría, en un asentamiento humano de Lima. Además, interactuar con grupos de voluntarios y empresarios extranjeros que dinamizaron el intercambio comercial de productos que realizaban los jóvenes peruanos, para ser vendidos luego en tiendas de Londres y con ese dinero ayudar a su educación y sostén personal o familiar.

Su presencia en la Amazonía ha sido decididamente cercana a los sentimientos y demandas de esta región. Ha participado en la protección, defensa y organización de estrategias legales y humanas para aliviar la contaminación de los bosques y comunidades. Ha promovido estrategias de recuperación de los espacios indígenas y su revaloración frente a algunas acciones abusivas de empresas extractivas o incapaces de parte del Estado. Una de sus medidas ha sido brindar cobijo y hogar a muchos de los indígenas que han tenido que llegar hacia Iquitos.

Desde la Red Ambiental Loretana, Mc Auley ha generado conciencia sobre la importancia del medio ambiente, además crear toda una estructura pedagógica, científica o informativa, a fin de que los mismos no sean alterados o destruidos parcial o absolutamente. Para ello, no ha tenido reparos en poner la cara y acusar por igual a todos los responsables, sin distinción de color político o sesgo económico.

Esa integridad lo ha llevado, por cierto, a ser blanco de ataques, satanizaciones y amedrentamientos que, en todo caso, no habían llegado a un nivel tan crítico y lamentable, como el que ha generado el gobierno peruano con una decisión que nos parece excesiva, ilegítima e impertinente. En mucho tiempo no se ha visto en el país una  expulsión de un ciudadano extranjero alegando razones políticas, mucho menos de un religioso. Pero, sobre todo, es extraordinario que el gobierno canalice esfuerzos en quitarle la residencia a un hombre muy querido y respetado, que ha trabajado con organizaciones del mismo Estado para apoyar a los ciudadanos amazónico, que ha actuado desde la legalidad impuesta por el mismo Estado para demostrarle que aún existen injusticias e irregularidades que deben ser canalizadas o superadas.

En tanto, la solidaridad integral con Paul Mc Auley en la comunidad amazónica demuestra que se puede neutralizar momentáneamente a uno de sus miembros, pero no se pueden paralizar las causas globales y generalizadas de un pueblo.

[tweetmeme source=’pacobardales’ only_single=false]

Anuncios

Por: Alberto Chirif

Hace un par de semanas, los presidentes de la República y del Consejo de Ministros, Alan García Pérez y Javier Velásquez Quesquén, respectivamente, enviaron un oficio al presidente del Congreso, Luis Alva Castro, observando la ley que regula el derecho de consulta de los pueblos indígenas, establecido en el Convenio 169 de la OIT.

La cuestión de las prerrogativas especiales.-
Los firmantes hacen una primera observación, que podríamos calificar de advertencia, que marca el paso de lo que viene luego y expresa la actitud del gobierno ante un procedimiento que le queda largo, en la medida que no es posible esperar que practicantes del autoritarismo primitivo admitan que se instaure un mecanismo democrático de avanzada, como es la consulta previa para el caso de planes y normas referidos a pueblos indígenas. Al inicio de sus observaciones, los presidentes señalan:

“Es necesario que la Autógrafa de Ley establezca, de forma expresa, que el resultado del proceso de consulta previsto, no limita, suspende ni prohíbe al Estado a adoptar decisiones que tengan por finalidad cautelar y garantizar el interés
general de la Nación, que debe primar sobre cualquier otro interés. Ello en vista que el Convenio 169 no confiere a los Pueblos Indígenas ninguna prerrogativa sobre los demás miembros de la Nación”.

Que los pueblos indígenas, en virtud del Convenio 169, no tienen prerrogativas sobre los demás miembros del país es una apreciación equivocada. Claro que las tienen, de lo contrario no se hubiera trabajado un acuerdo de esta naturaleza, adoptado en 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, después de años de reuniones, que tiene en cuenta, como considerandos, “…las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”; el hecho “…que en muchas partes del mundo esos
pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión”; y “… la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales”.

Si no son prerrogativas especiales, qué es lo que ha adoptado la Conferencia Internacional del Trabajo, en la que están representados los Estados miembros de la OIT y representantes de organizaciones de los empleadores y de los trabajadores. ¿Es que el Convenio 169, ratificado por 14 países de América y cuatro de Europa no representa más que el producto de la diversión de funcionarios y representantes de organizaciones de empresarios y de obreros que se sentaron durante años para elaborar un texto que contiene declaraciones retóricas y no derechos exigibles?
Es absurdo. Y la mejor explicación del porqué lo es la da la misma Constitución peruana, que señala: que “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte delderecho nacional” (Art. 55)”; que “Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República” cuando traten sobre “Derechos
Humanos” y algunos otros temas (Art. 56); que “Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de la República” (Art. 57); y que “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se
interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú” (Cuarta Disposición Final).

Lo que hay que decir es que las prerrogativas de los pueblos indígenas, o comunidades campesinas y nativas como se las llama en el Perú, respectivamente, desde 1969 (ley de Reforma Agraria) y 1974 (ley de comunidades nativas), tiene una historia larga en el Perú. ¿Por qué? Por su condición de originarios, es decir, de estar en el país antes del establecimiento del Estado. La segunda razón tiene que ver con una cuestión de justicia histórica. Desde la Conquista, son los indígenas el sector social más golpeado por la injusticia y la discriminación. Las leyes especiales son, entonces, un mecanismo de compensación histórica conocido como discriminación positiva. Claro que este modo de discriminación corresponde más a la teoría que a la práctica, porque en la realidad las cosas marchan de otra manera, y así el presidente García señala que los indígenas no son ciudadanos de primera y un empresario inmigrante, cuyos padres fueron vendedores ambulantes de telas, los califica de “sarnosos” opuestos al progreso.
Menciono sólo los derechos especiales más importantes reconocidos históricamente por la Constitución y las leyes a los indígenas en el Perú. La propiedad de sus territorioscomunales es uno de ellos, y su carácter especial es que antecede al título. Es decir, el título no les da la propiedad sino sólo regulariza la que ya tienen. Dicho de otra manera,
los indígenas son dueños de sus territorios con o sin título. Relacionado con el derecho de propiedad está la imprescriptibilidad, la única garantía constitucional que la mutilada Constitución de 1993 aún les reconoce. Esta garantía fue asaltada por los decretos causantes de las protestas indígenas de 2008-2009, que paralizaban los procesos de titulación, expropiaban terrenos comunales donde se ubican instalaciones públicas y, lo peor, reconocían la propiedad de terceros asentados en la comunidad con un mínimo de cuatro años, sin importar que se tratase de invasores.

Otro derecho especial es la autonomía “en su organización, en el trabajo comunal en el uso y libre disposición de sus tierras” que les reconoce la Constitución (Art. 89º), decreto que también fue violentado por normas arbitrarias, como la ley de tierras de 1995 y uno de los decretos legislativos del actual gobierno, que legislaban sobre cuestiones internos, como el quórum para la disolución de comunidades.

Consulta y veto.-
El Ejecutivo alega que el Convenio 169 no da derecho a veto, y en esto tiene toda la razón. Cualquiera que lo lea se dará cuenta rápidamente que no contempla el veto como prerrogativa de los pueblos indígenas. El gobierno cita numerosos textos, algunos de la propia OIT y del Relator Especial de Naciones Unidas sobre asuntos indígenas para afirmar su punto de vista. Es así, sin dudas.

Lo que las observaciones callan es que las consultas están previstas en el Convenio 169 no como una formalidad, como un simulacro, sino como una práctica democrática seria, ya que además de su carácter previo a la toma de decisiones políticas o aprobación de normas, “deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias,
con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (Art. 6º, incisos 2). Es claro que las consultan apuntan a un fin, y que éste es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. En caso contrario el Convenio considera que la consulta no cumple con la finalidad con que fue prevista. Esto lo ha entendió muy bien el Relator Especial de la ONU, a quien los presidentes Alan García y Velásquez Quesquén no citan esta vez, mucho menos cuando recomendó, hace unos meses, suspender las concesiones petroleras y mineras hasta que no se pusiera en marcha el mecanismo de la consulta. Tampoco cita un informe de la Defensoría del Pueblo (Nº 011-2009, de mayo 2009), en el cual este organismo plantea tres posibles resultados de una consulta. En caso de consentimiento de los pueblos indígenas, “la entidad estatal competente debe enriquecer su decisión con los aportes derivados del proceso de consulta, respetando íntegramente los acuerdos adoptados en la Resolución que aprueba la medida”. Si el consentimiento es parcial, dicha entidad “debe enriquecer su propuesta con los aportes de los representantes indígenas formulados en el proceso de consulta, a fin de adecuar la medida o desistirse de ella”. Por último, si no se llegara a un acuerdo, “el Estado debe evaluar su decisión de adoptar la medida, adecuarla o desistirse de ella. Así mismo, debe fundamentar su decisión en las consideraciones derivadas de los hechos y el derecho. Adicionalmente,
le corresponde informar a los representantes de la población involucrada la decisión adoptada, así como las razones que lo motivan”.

En resumen, coincidiendo con el documento del Ejecutivo que el derecho de consulta no implica el veto, lo que sí prevé el Convenio como finalidad es el consentimiento Y esto sólo puede lograrse mediante un proceso de diálogo democrático.

El derecho de todos como pretexto.-
El Ejecutivo argumenta que su deber es velar por todos los peruanos y no sólo por un grupo (los indígenas). El tema es que en ese “todos” están los indígenas, y están también, para otros asuntos, otros sectores con derechos y reclamos especiales relacionados con su campo de actuación. Los obreros, por ejemplo, reclaman por lo suyo, y dentro de éstos, los mineros demandan por cuestiones especiales y diferentes a los de construcción civil o a los que laboran en la pesca o en la agricultura. Los empresarios, sin duda alguna un sector más pequeño que el de los indígenas en el Perú, tienen también derechos reconocidos y exigencias que hacer como gremio. Hasta donde recuerdo, jamás el gobierno, ni éste ni anteriores, han descalificado sus reclamos por no representar a todos los peruanos.

Digamos que más bien en este punto se ha ido al otro lado, atendiendo a grupos muy pequeños con leyes especiales. Por poner un caso, las que promueven los cultivo para producción de biocombustibles. ¿Cuántos se dedican a esto? Tal vez mi conocimiento sea incompleto, pero por más esfuerzos que hago los dedos de una mano me sobran para contarlos. No obstante, ¿cuántas leyes causantes de los reclamos de los indígenas fueron dadas en su favor y cuántas medidas políticas se han echado a andar para atenderlos? ¿Cómo define el Estado el interés de todos los ciudadanos? Difícil respuesta, sobre todo si consideramos, además de lo ya dicho, que, por ejemplo, frente a iniciativas como la hidroeléctrica de Inambari, no sólo los indígenas han protestado, sino también un conjunto de organizaciones de la sociedad civil de Madre de Dios, de Cusco y de Puno; y que en este último caso, incluso el Gobierno Regional se ha pronunciado en contra del proyecto.

También cuestionan el proyecto los ambientalistas, en la medida que la represa afectará la zona de amortiguamiento del parque nacional Bahuaya-Sonene. Otro ejemplo es la cuestión minera. Tampoco son los indígenas amazónicos los únicos que protestan por esta cuestión por sus malas experiencias, en el caso de la explotación de petróleo, que les ha dejado un gran pasivo ambiental y social. Comunidades andinas también reclaman frente a iniciativas mineras, al igual que otras de la costa. Y a éstas dos hay que sumarles agricultores independientes, muchos de ellos dedicados a cultivos de exportación, que no están dispuestos a perder su medio de trabajo y su fuente de riqueza en aras de un “interés nacional” que en nada se ve reflejado en mejoras de las condiciones de educación, salud y empleo de los ciudadanos. Y la exportación del gas a precio de regalo, mientras que en el mercado interno el consumidor peruano debe pagar mucho más, ¿es también una política pensada en función de “todos los peruanos” y del “interés nacional”?
Muchas veces, con una frecuencia sobre la que no quiero opinar porque debería hacerse un estudio previo en búsqueda de información objetiva, el concepto de interés nacional sirve para esconder “faenones” de ciertos grupos, tampoco muy numerosos y, en todos los casos, más pequeños que los indígenas, que los obreros e incluso que los empresarios.

Los campos de la consulta.-
Las observaciones del Ejecutivo entran en confusiones cuando los firmantes del documento pretenden fijar los campos en que ésta debe actuar. Señalan, así, que la ley propuesta: “no ha distinguido entre medidas legislativas o administrativas que afecten de manera general a los pueblos originarios (por ejemplo, la aprobación de una ley de tenencia de tierras) de aquéllas mismas medidas que sólo pueden afectar a un pueblo en particular en sus intereses y condiciones específicas”. ¿Por qué plantear la distinción? Si se refiere a pueblos indígenas, hay que consultarla en las cuestiones que los afectan. Nada más.

Las objeciones caen en el ridículo al señalar que el Convenio 169 “no prevé la obligación de consulta respecto de los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional”. Por tanto, continúan, al considerar estos planes y proyectos dentro del ámbito de la consulta, el proyecto de ley “amplía innecesaria e inconvenientemente los alcances del Convenio, lo que bien podría paralizar la ejecución de importantes obras de infraestructura para el país”. ¿Qué pretende el Ejecutivo? ¿Limitar la consulta para determinar la ubicación de escuelitas primarias y lozas deportivas en las comunidades?

Presumiendo la mala fe.-
Una de las observaciones más curiosas se refiere a la disposición contenida en la ley de “que las entidades estatales deben establecer bajo responsabilidad las propuestas de medidas legislativas o administrativas que deben ser consultadas” (Art. 9º). El Ejecutivo se exalta y reclama que este concepto (“bajo responsabilidad”) desconoce el principio establecido por la propia ley de que “el Estado tiene el deber de actuar de buena fe, en un clima de confianza, colaboración y respeto mutuo”, ya que conlleva “el supuesto que los funcionarios siempre actúan en desmedro de los intereses de los integrantes de las poblaciones indígenas”.

Al respecto hay que decir que la necesidad de actuar de buena fe contemplada en la ley de consulta, y que repite una idea incluida en el Convenio, no exime de responsabilidad a las entidades públicas y funcionarios que no actúen de esta manera. Resulta innecesario explicar esto debido a los numerosos ejemplos existentes de actuaciones de mala fe. Uno
solo: ¿actuaron de buena fe los funcionarios que ordenaron el desalojo violento de la Curva del Diablo, en Bagua, en junio de 2009, teniendo en cuenta que los indígenas habían acordado desalojar la carretera ese mismo día, cuatro horas después de la incursión armada?

¿Actúa el Estado de buena fe el Estado cuando da leyes con nombre propio para favorecer a unos pocos reduciendo los derechos de los otros? ¿Lo hace cuando no escucha los justos reclamos de la población afectada por industrias extractivas?

La identidad en debate.-
El Ejecutivo quiere reducir el concepto de pueblo indígena a “las etnias amazónicas” y a los “grupos no contactados”, y excluir a las comunidades andinas y costeñas. Las razones que da son: la comunidad andina es una institución española creada en la Colonia y “está sustantivamente vinculada a la ciudad, al comercio y a los servicios del Estado”; y que algunas comunidades costeñas “actúan como empresas inmobiliarias en beneficio de sus dirigentes en el negocio de terrenos y playas”; y, en última instancia, que ya estas comunidades no son distintas de la colectividad nacional. ¡Cuánta confusión en la cabeza del señor/señora que redactó este informe firmado por los presidentes de la República y del Consejo de Ministros, y cuánta generalización a partir de la arbitraria manipulación de unos pocos datos!
El concepto de originario alude a pueblos cuyas raíces son anteriores a la invasión europea, a la Colonia española y a la República, que es consecuencia de la evolución histórica de procesos iniciados en la etapa anterior. Pero no quiere decir de ninguna manera que se trate de pueblos que se encuentren en estado “original”, inmutable, igual a como pueden haber sido antes del contacto con Occidente. De la misma manera como los peruanos del siglo XIX no son los mismos que los actuales, las sociedades indígenas también cambian, como tienen que haber cambiado antes de la Conquista. Sociedad es casi un sinónimo de cambio. Las comunidades indígenas no son instituciones desligadas de procesos mayores, como el comercio, ni rechazan servicios del Estado, como la educación y la salud. Por el contario,
los reclaman y, cuando los tienen, exigen su mejora. En todo caso, no es requisito para ser considerado indígena estar apartado del mercado y no contar con servicios que el Estado debe dar a todos los ciudadanos. Esto tiene que ver con una concepción evolucionista del indígena. Craso error: los indígenas no son una etapa de la evolución de la humanidad.

En cambio, son, si así lo quieren –porque tiene igualmente todo el derecho a dejar de lado sus diferencias y hacerse parte de procesos mayores-, expresión de un tipo de evolución peculiar que incorpora los cambios en sus propias estructuras. Esto lo han hecho durante siglos (herramientas de acero, armas de fuego, animales domésticos, maquinarias, lengua y ciertos alimentos, entre otros) y pueden seguir haciéndolo.

Definir a las comunidades costeñas como entes que actúan como empresas inmobiliarias en beneficio de sus dirigentes, porque efectivamente existen algunos casos así, nos pone frente a la posibilidad de usar los mismos términos para precisar el trabajo de COFOPRI, a raíz del descubrimiento que su presidente se dedicaba a negociar bienes del Estado en beneficios propio.

Que las comunidades andinas y costeñas son creaciones coloniales, sí, lo son, pero sobre la base de ayllus que son instituciones indígenas o, si se prefiere, prehispánicas. En la historia, señores del Ejecutivo, no funciona el borrón y cuenta nueva, y así como después de la Independencia se continuaron las relaciones de explotación de los indígenas, incluso endureciéndose en muchos casos, así luego de la implantación del régimen colonial los indígenas encontraron maneras de darle continuidad a sus propias instituciones y creencias, y de adoptar otras nuevas a sus propias estructuras.

La situación de los pueblos originarios andinos y costeños fue contemplada en su especificidad en una copiosa normativa colonial, que no los considera como instituciones españolas, sino indígenas. Las Leyes de Indias, por ejemplo, recopiladas y publicadas en nueve libros en 1680 (se pueden encontrar en la página web del Congreso), incluyen uno (el sexto) llamado “Situación de los indígenas, su condición social, el régimen de encomiendas, tributos y otros”. De allí que muchas comunidades actuales tengan títulos coloniales de sus tierras.

Pero así como las comunidades indígenas (andinas y costeñas) fueron creadas por una norma colonial, las amazónicas (llamada oficialmente nativas) lo fueron por una ley republicana de 1974, actualizada en 1978. Le proporciono este dato al redactor del informe del presidente de la República y del Congreso incluso a riesgo de que, a vuelta de correo, esté mandando otro informe para que tampoco las “comunidades amazónicas” sean consideradas indígenas por esta razón. Tal vez sea ésta la manera cómo esos señores quieran solucionar el llamado “problema indígenas” del país, que ya es de larga data.

Además hay que recordar que las comunidades hoy conocidas como campesinas fueron llamadas indígenas hasta 1969, cuando el gobierno consideró que el término era ofensivo, situación que ya ha sido superada y hoy indígena se toma en su acepción exacta: “originario del país de que se trata” (Diccionario de la Real Academia Española). A pesar del cambio de nombre, esas comunidades y las nuevas que aparecieron como sujeto de derechos en esos tiempo (las “nativas” amazónicas) han seguido gozando de derechos especiales en la legislación nacional: la Constitución, las leyes referidas a ambos tipos de comunidades, los códigos Penal y Civil y, finalmente, los convenios y declaraciones trabajados en el ámbito de las Naciones Unidas.

Leyendo esta observación del Ejecutivo, recuerdo el comentario de un lector en Servindi (Servicio de Información Indígena): “Si las comunidades andinas y costeñas no sonindígenas, entonces ¿para qué existe el INDEPA?”.

La representatividad.-
La última observación del Ejecutivo tiene que ver con la representatividad de las organizaciones indígenas que participan en los procesos de consulta. Es verdad, es untema difícil. No obstante, hasta donde conozco, hasta ahora el mayor transgresor de esta norma ha sido el propio Estado y las propias empresas, al menos de dos maneras. La
primera es financiando la creación de organizaciones afines a sus planteamientos cuando la existente en una zona se opone a sus planes. La segunda es haciendo consultas a estas organizaciones dóciles aun cuando ellas no tengan ninguna presencia en la zona donde se enfrenta el problema. Éste fue el caso de una organización indígenas que fue consultado sobre la cuestión del contrato con la minera Dorato, que obtuvo un contrato en la Cordillera del Cóndor, a pesar de que ella no tenía presencia entre las comunidades de la cuenca del Cenepa, que son las afectadas por la actividad minera.

Son las propias organizaciones, en coordinación con la población local, las que deberán resolver este asunto, ya que de lo contrario, sin ser adivinos, sabemos de antemano que la representatividad la resolverá el Estado en función de sus propios intereses.

Por buena que sea una propuesta de ley de consulta, si no hay voluntad política no servirá de nada. Y ése es ahora el problema central.

[tweetmeme source=’pacobardales’ only_single=false]

(Imagen: diario La Región)

Resulta muy preocupante la noticia de la cancelación de la residencia del religioso británico Paul Mc Auley, conocido defensor de causas indígenas y ambientales, director de la Red Ambiental Loretana.

La noticia, según el periodista Geovani Acate ,de  Radio Oriente:

El religioso británico de la Salle Paul Mc Auley, presidente de la Red Ambiental de Loreto (RAL) recibió hoy una resolución del Ministerio del Interior (MININTER) donde se le informa de la cancelación de su residencia en nuestro país.

En la resolución ministerial 0571-2010-IN, se alude un atestado policial del Departamento de Seguridad del Estado de la V División Territorial PNP, con fecha del 18 de agosto del 2009.

En dicho informe, se afirma que Mc Auley “ha venido participando en diferentes actividades de carácter político, como marchas de protesta (…) y demás actos que constituyen una alteración del orden público”.

En ese sentido, se determina que el titular de RAL ha incurrido en una infracción tipificada en el artículo 63 de la Ley de Extranjería, por lo cual se le cancela la residencia concedida en 2006 y se le dan siete días calendario para abandonar territorio peruano, sin posibilidad de retorno.

Cabe indicar el religioso británico no posee procesos ni juicios pendientes por este tipo de acciones. En cambio, se le reconoce por acompañar de manera permanente a las comunidades indígenas de las zonas del Marañón y el Pastaza.

En días pasados, Mc Auley anunció que la RAL solicitaría al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Energía y Minería (OSINERGMIN) realice una inspección a las bases de la empresa petrolera Pluspetrol, responsable del derrame de 300 barriles de crudo en el río Marañón.

Desde que llegó a Iquitos, Mc Auley inició su trabajo en defensa de las comunidades achuar afectadas por la contaminación con cadmio y plomo, producto de los vertimientos indiscriminados de las empresas petroleras en especial Pluspetrol. Es así que formó, junto a otros voluntarios, la Red Ambiental de Loreto (RAL), que mantuvo participación activa en las denuncias contra empresas e instituciones que atentan contra la calidad del ambiente.

Paul Mc Auley vive dos décadas en el Perú y su actuación siempre ha sido de dominio público de Loreto, además su defensa vehemente de las causas indígenas y ambientales. Ha seguido de cerca el caso de los temas de contaminación petrolera en el río Corrientes, del caso de Andoas, así como las concesiones foretales irregulares que se realizaron en territorio loretano el año 2006.

Precisamente por su posición decidida, Mc Auley ha sido constantemente satanizado por diversos intereses de poder. Uno de ellos fue el del alcalde de Maynas, Salomón Abensur, quien no dudó en tildarlo de “terrorista blanco” cuando Mc Auley y un colectivo de personas se opusieron a la  instalación del botadero municipal de Iquitos en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, ubicada en la carretera hacia Nauta.

La figura de Mc Auley era tan resistida por los grupos de poder,  sobre todo aquellas vinculadas con intereses económicos de transnacionales extractivas y figuras del gobierno. El atestado para expulsar a Mc Auley del Perú está vigente desde el año pasado, pero los intentos por expulsarlo desde el gobierno  vienen desde el año 2008 (aunque los intentos de amedrentamiento contra su persona vienen desde el 2006)

Parece que ahora sí lo lograron.

(Portada diario Pro & Contra)

(Foto: Diario La Región)

Sin embargo, el Hno Mc Auley no está solo. Un memorial firmado  por los pueblos indígenas Awajun, Wampis , Achuar, Shawi, Candoshi, Shapras, Shiwilo, Kokama Kokamilla, Urarinas, Kichua, Shipibos, Ashaninkas, Witotos, Machiguengas y todas las nacionalidades indígenas de la amazonia peruana; está dirigido a presidente Alan García, al presidente de la Concejo de Ministros, a la Embajada de Inglaterra y a los medios de comunicación y en él se aboga para que no se cometa un atropello contra “un personaje que se identifica plenamente con la realidad de la Región Loreto y la problemática de los pueblos indígenas y el medio ambiente de nuestra Amazonía”

Todos los medios de comunicación de Iquitos y Loreto han brindado cobertura a la injusta expulsión de Mc Auley, de paso que ha permitido descubrir una increíble cadena de solidaridad a favor del religioso. Una serie de pronunciamientos de apoyo y  protesta por Paul Mc Auley se han multiplicado rapidamente en la región.

Extra: Se ha conformado un Comité de Lucha contra la Expulsión de Paul Mc Auley en Iquitos. Sus actividades previstas son las siguientes:

1.- Primera actividad:  VIGILIA:

Día: Viernes 2 de julio del 2010 (hoy)

Lugar Plaza de Armas de Iquitos

Hora 6:00 pm.

2.- Segunda actividad:  PLANTON:

Día: Lunes 5 de julio del 2010

Lugar Plaza 28 de julio – Iquitos (frente al Palacio de justicia)

Hora 6:30 am.

Se presentara el Habeas Corpus

3.- Tercera actividad actividad: MOVILIZACION:

Día: Miércoles 7 de julio del 2010

Lugar Plaza 28 de julio – Iquitos

Hora 3.30 pm..

[tweetmeme source=’pacobardales’ only_single=false]

Nunca como antes se había manifestado un enorme interés con respecto al devenir amazónico. Nunca como ahora los mecanismos de exposición de productos artísticos que tienen patrón de origen en su sabiduría y derivados importan, no sólo como decorado exótico, sino como vehículo de comunicación de realidades por mucho tiempo ignoradas o ninguneadas.

Nunca, como ahora, sin embargo, sentimos que aún nos falta mucho por recorrer, al menos en el campo de las identidades y en la revaloración del vasto patrimonio inmaterial de la Amazonía y, en general, del país.  Es muy cierto que no se ha construido un clima oficial  que supere a veces ciertos  elementos concretos y velados de exclusión y discriminación de los diferentes pueblos originarios, desde la perspectiva misma de la pluriculturalidad.

Ha llamado la atención, por eso, que la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte del Congreso de la República haya presentado un extenso pre-dictamen del proyecto de ley 3622, que propone la creación, organización y funciones del Ministerio de Cultura. Dentro de ellas, puestas en vitrina para su debate ciudadano, así como recoger las opiniones y sugerencias ciudadanas, a fin de solidificar sus contenidos, se empiezan a generar movimientos muy interesantes sobre la protección legal sobre el patrimonio inmaterial, así como la Pluralidad Étnica y Cultural de la Nación.

En ese camino, el proyecto se sustenta en premisas básicas que, de ser estudiadas, consensuadas y aprobadas, pudieran apoyar notablemente la consecución una aplicación práctica y eficiente de las nociones de pluriculturalidad e  interculturalidad, en el sentido de que a través de una estructura orgánica se pueden armar las bases para llevar a la práctica una política que reconoce la pluralidad social y cultural del país, aplicando asimismo criterios interculturales en la relación entre el Estado y la sociedad.

Resulta importante, sin duda, que el dictamen invoque el artículo 2º, numeral 19) de la Constitución Política del Estado, la cual establece que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. Asimismo se invoca la Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la OIT, en la idea de que se promuevan firme y decididamente la plena efectividad de los derechos culturales de las comunidades originarias, respetando su identidad, costumbres y tradiciones, así como sus instituciones.

En ese sentido, dentro de los mecanismos legales, la Comisión de Educación plantea un término novedoso dentro de nuestro esquema normativo: la creación del Despacho del Viceministro de Interculturalidad.

Los pueblos originarios tendrían dentro de este esquema, una institución dentro del Ministerio de Cultura que se encargue de garantizar  el sentido de la igualdad social y los derechos de los pueblos secularmente marginados, formular políticas de respeto de las diversas expresiones culturales de nuestros pueblos, generar los mecanismos para difundir una práctica intercultural en el conjunto de la sociedad peruana. Asimismo el deber de supervisar las actividades que cumplen los órganos estatales y paraestatales a fin de promover la construcción de políticas que permitan conocernos mejor y que reconozcamos las diversas culturas vivas que existen en nuestro país, que su respeto y valoración permitan construir una ciudadanía inter-cultural. Además, supervisar políticas que promuevan  prácticas vigilantes y críticas a la discriminación contra los ciudadanos y pueblos originarios, contra todos aquellos que evidencian, ya sea en sus rasgos físicos, en su forma de hablar y de vestir, en otras palabras, en su identidad personal, colectiva, social, cultural, espiritual

Salir de un esquema donde el Estado no ha tenido ni tiene planes estructurados para  dinamizar el desarrollo cultural del país, donde su actuación ha sido centralista y burocrática es un avance notable. Pero, evidentemente, es sólo un peldaño dentro de la adecuación de la vasta y compleja geografía de la gestión cultural a las necesidades de los probables beneficiados.

Es muy cierto que las leyes, solas, no resuelven problemas ni pueden tapar el sol con un dedo. El Estado tiene deber de promover mercados culturales sólidos o, en su defecto, de construirlos, de modo tal que se monte una formación sólida de valores culturales y artísticos, dignos y sustentables, económica e inmaterialmente. Como señala el pre-dictamen de la Comisión de Educación, es básico  encontrar un “relato común” sobre la vida colectiva que sea capaz de articular la diferencia cultural y de integrarla en un proyecto de desarrollo, sin exclusiones, definiendo, por remisión, políticas regionales asociadas a la descentralización, respetando las condiciones de diversidad cultural que nos caracterizan y propender a la integración.

Menuda y nutrida tarea de construcción y generación, en suma, que se hace necesaria, urgente, imprescindible iniciar inmediatamente.

[tweetmeme source=’pacobardales’ only_single=false]

José Álvarez Alonso es uno de los más importantes y agudos analistas de la realidad amazónica nacional. Es master en Ciencias, biólogo de profesión e investigador del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP).  ha ganado importantes galaradones por su permanente trabajo de difusión e investigación en la selva, tanto en sus variantes humanas y ambientales Asimismo, es un lúcido y vehemente columnista de  temas amazónicos en los más importantes medios de comunicación, nacionales e internacionales.

Aquí sus impresiones sobre la tragedia de Bagua y los vaivenes de la problemática Amazónica, que no se acaban en una fecha ni tienen aún panorama concreto y real de solución:

¿Cuáles crees fueron las causas de los sucesos de Bagua del 5 de junio pasado?

Las causas inmediatas fueron obviamente (está en todos los documentos y reclamos indígenas) el paquete de decretos legislativos dados por el ejecutivo al amparo de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso para facilitar la implementación del TLC. En ellos vieron los dirigentes indígenas, por un lado, una violación flagrante del derecho a la consulta previa, consagrado en el Convenio 169 de la OIT, y por otro un intento de debilitar sus derechos de propiedad territorial en la Selva y una estrategia para impulsar la privatización y el otorgamiento de grandes concesiones a inversionistas privados.

Las causas mediatas son mucho más profundas, y tienen que ver con la marginación, el abandono por parte del Estado, y el empobrecimiento creciente y la falta de oportunidades para los indígenas. De acuerdo con cifras oficiales del INEI, mientras los índices de pobreza y pobreza extrema han disminuido en el Perú en alrededor de 1% durante el 2009, pese al decrecimiento económico producto de la crisis económica global, en la Selva se incrementaron significativamente: en la Selva urbana la pobreza creció 1.2 puntos porcentuales (de 31.3%  en el 2008 a 32,5% en el 2009), y en la Selva rural hubo un incremento de 8,3 puntos porcentuales (de 49,1% en el 2008 a 57,4% en el 2009). Incluso en la Sierra, los niveles de pobreza disminuyeron de 56,2% en el 2008 a 53.4% en el 2009. En mi opinión, si los indígenas hubiesen estado económicamente contentos y tuviesen buenos servicios de salud, educación, etc., aunque hubiese ocurrido el despropósito de los decretos legislativos inconsultos, no hubiesen reaccionado con tanta vehemencia, cortando ríos y carreteras por meses.

¿Cuáles son los errores que se siguen cometiendo al momento de entender o diagnosticar la Amazonía desde el Estado oficial?

Primero, no conocer la realidad ni lo que realmente piensan los indígenas, y no preocuparse mucho por conocerla. Segundo, seguir insistiendo en imponer modelos de desarrollo diseñados para otras realidades, o para satisfacer intereses de particulares, pero no acordes ni con la realidad socioambiental de la Amazonía, ni pensados en función de sus demandas. Tercero, satanizar a las organizaciones y a los dirigentes con calificativos fáciles de “politizados”, “manipulados”, “mesiánicos”, etc., y tratar a los indígenas como indigentes mentales, incapaces de analizar sus problemas y tomar decisiones sobre su futuro.

¿Cómo ves ahora la actitud del país con respecto a la Amazonía a raíz de lo de Bagua?

De desdén, desinterés y, como mucho, curiosidad folcklórica. Sólo una minoría de personas siguen pendientes de lo que pasa en la Amazonía y sobre la problemática indígena. La mayoría de la población no amazónica, y buena parte de la población amazónica urbana, lamentablemente, están más pendientes de los escandaletes del choliwood limeño, del asesinato del mes y del Mundial de Fútbol. El tema indígena dejó de ser noticia para la prensa, más interesada en vender sangre y escándalos que en educar e informar. Cuando aparece una noticia sobre los indígenas ocupa un espacio minúsculo en una página secundaria. Se cumple lo que dijo un líder indígena en la mesa de diálogo en Lima: “Los indígenas tenemos que matar y dejarnos matar para hacer noticia, para que nos tomen en cuenta”.

¿Podría volver a ocurrir otro Baguazo en la Amazonía?

No en el sentido y dimensión del ocurrido el 5 de junio, los indígenas con los que he interactuado desde entonces (más de 100 dirigentes, quizás, de todo el país) están en contra de la violencia y han percibido que por ese lado el camino se agotó. Es seguro, sin embargo, que seguirán los conflictos “de baja intensidad”, como reacción a la falta de atención del Gobierno, a las políticas de apertura indiscriminada a la inversión foránea en la Amazonía sin participación real indígena, etc. etc. En varias zonas los indígenas siguen en pie de lucha, pacífica pero lucha, para frenar el avance de las compañías petroleras, mineras, madereras, de biocombustibles. El conflicto sigue, pero en otro campo, más político y mediático.

¿Cuáles deben ser los cambios urgentes en las políticas para evitar en el futuro que en la Amazonía puedan generarse conflictos aún más grandes que en Bagua?

Debe haber reformas integrales. La solución a los problemas de los indígenas amazónicos no está en proyectitos de créditos agrarios por aquí, núcleos ejecutores por allá, una posta médica acullá, y una escuelita más allá. Cuando he preguntado a los indígenas si creen que algo va a cambiar con lo que se ha negociado en Lima, habida cuenta que el Gobierno cumpla los acuerdos de las mesas, la absoluta mayoría me expresó que no. El pesimismo es general, la mayoría no espera del actual gobierno nada, y esperan que algún futuro gobierno haga las reformas radicales para que ellos puedan acceder a los beneficios de un desarrollo sostenible y con identidad. Eso incluye, además de reformas legales, inversión en gran escala, para frenar el empobrecimiento creciente y la degradación también creciente de sus ecosistemas: el año 2009 creció la pobreza en la zona rural amazónica en 8.3%, mientras en el resto del Perú disminuyó un 1% en promedio.

[tweetmeme source=’pacobardales’ only_single=false]

[tweetmeme source=’pacobardales’ only_single=false]

Imágen: Incógnito

En la víspera de la conmemoración del primer aniversario de los hechos de #Bagua, las redes sociales se han convertido en un espacio importante para la reflexión, el pronuciamiento y la concientización de varios de los dilemas e incertidumbres de la Amazonía peruana.

Twitter es al mismo tiempo un medio de comunicación y una de las redes sociales  más activas y dinámicas de la web 2.0. Hicimos una pregunta a un grupo de tuiteros  ¿Qué significa #Bagua para ti? , con el fin de que nos respondieran en un tuit, es decir, en 140 caracteres.  Esto fue sobre lo que nos respondieron.

TigresaOriente Bagua, significa libertad, patrimonio, selva y cultura. Que forma el rompecabezas exacto de nuestro Perú.

heduardo50 Bagua es más que la herida que tanto nos duele, Bagua es el abrazo que le debemos a Santiago Manuín y sus sueños, Bagua somos nosotros

eljauregui Hace un año, Bagua desnudó la herida más sangrienta de la inequidad en el Perú. Al no haber cicatriz, habrá más sangre. Y la selva será roja

AlanEle Bagua dejó de ser un referente geográfico para convertirse en herida abierta, un lugar de la memoria, una necesidad inmediata de justicia

elfondodelvaso Creo que lo puedo resumir como lo dijo mi prometida: “Bagua demuestra que tu país lo gobiernan animales intolerantes”, me dio roche

uterope Ahora, al menos, ya no la ignoran. Por fin la Amazonía está en el mapa mental de las élites limeñas.

jgodoym El país se ha vuelto más consciente acerca de los problemas que puede tener la Amazonía  y se ha vuelto más sensible frente a los mismos

alansalinas El país siempre supo que la Amazonía existía. La pregunta sería si las élites ven a la Amazonía distinto después de Bagua

bobsparz Construir consensos de desarrollo mínimos y garantías que permitan que los diversos entes puedan convivir de manera armónica

elmorsa Estamos más preocupados por sacar los recursos que hacer efectiva la ciudadanía de los habitantes de la Amazonía.

Cyberjuan A riesgo de sonar pesimista, diría que muy poco ha cambiado. La mayoría de la gente sigue ignorando a la selva a menos que haya muertos

huambrilla Bagua significa desconocimiento y desinteres de todos los peruanos por la forma de vida y los derechos indígenas

jfowks:  Bagua, una fractura triste y también la posibilidad de un país que reconozca y garantice derechos a los ciudadanos por igual

mildemonios Significó un hito en el que caímos en cuenta en que el crecimiento económico trae conflictos que deben ser resueltos civilizadamente

DarkClaw Bagua confirma que el Estado no ha madurado ni crecido como la economía,dejando de lado la realidad social porque no es Lima

Trobass Bagua: impunidad ominosa, herida que no cierra, ciudadanos de segunda, silencios cómplices, periodistas presos, presidente asesino.

MiguelCheca2906 Es el mercantilismo llevado al paroxismo por un modelo económico deshumanizado.Resultado de la ignorancia y la arrogancia del efímero poder.

chapulina Es el dolor sufriente e indignante por la ausencia del reconocimiento indígena por parte de un gobierno q prefiere la inversión extranjera.

markopunk El quiebre entre el Perú de ellos y el Perú de nosotros

esthervargasc Bagua, una tragedia nacional que para variar este gobierno no pudo evitar

cappurro Bagua tiene dos acepciones una de dolor. Dolor por los que murieron. Y la otra es fe, porque al final las palabras nos fueron estériles.

CarlosCook Una sociedad q sufre y se siente marginada.policías q sólo saben cumplir ordenes.todo se resume a ignorancia controlada y manipulada. #Bagua

psecada Trágica comprobación que estamos lejos de volver a ser civilizados. Intolerancia, improvisación e inmorales intereses particulares ganaron.

llinijoplin La conservación vs el extractivismo mercantilista

PercyMeza Fue un acontecimiento terrible que pintó el cuadro más oscuro del peruano: ¿Matándonos entre nosotros por nuestras propias riquezas?”

JEESxorcismo El Gobierno no entiende que la tierra es divina para algunos y no una mercancía. Prefiere las estadísticas a la vida.

InO_MoXo #Bagua Es una muestra del divorcio del gobierno y el pueblo. La falta de comunicación y los intereses creados de ambas partes.

YoDash Bagua es la eterna ineficacia del estado, el reclamo popular violento acostumbrado y la ignorancia patente del público: “dónde queda Bagua?”

jsudaka Bagua es lo peor q puede pasar de la tensión entre ineptitud política, interés económico y la ley del Talión.

amnesico Vivi Bagua al minuto por mi labor en @enlacenacional, algo que me enseñó la gran responsabilidad que conlleva informar hechos tan complejos

penetracultura Alan de Mierda, eran peruanos, hombres, hermanos, hijos, padres, EXAGERADO!!!.no jodan, de las injusticias nace el fanatismo y terrorismo

oscar_baldeon Significa la manera cómo el poder intentó explotar un territorio sin tomar en cuenta la integridad de una comunidad con otra cosmovisión

olenkanovich #Bagua es cultura, historia, artesanía, paisaje, es idioma y leyenda. Un paraíso peruano del que tenemos que aprender y que debemos respetar.

piacostar: #bagua es la demostración de cuán desconectados estamos los peruanos y el poco interés por entendernos y tolerarnos

Catalina #Bagua Irresponsabilidad política, falta de respeto al otro, amnesia, salvajismo, dolor, historia inconclusa [otra vez]

SickboyRawrs Bagua se ha convertido mas que un evento, es ahora una lucha. Olvidar lo que pasó allí sería una total falta de respeto a los que cayeron

jozecarloz Bagua = abandono histórico de la selva + prepotencia del gobierno central + falta de diálogo real (mecida)

luzape Una colisión de voces y cuerpos llenos de furia producto de la indeferencia de aquellos que olvidan la importancia de escuchar y entender.

hunterXSjavier #Bagua, sinónimo de pueblo luchador que quiere que se haga respetar los derechos y las leyes

gabrieldelcine Es el choque cultural más significativo en el nutrido mapa de fracturas de nuestra sociedad, y un freno al poder para que no abuse otra vez

esquinabaja Recordatorio permanente de que dependiendo del lado en que te ubiques, la vida del de enfrente vale menos que la tuya. Injusticia para todos

luhram Esperaría que Bagua fuese el punto de quiebre de la larga cadena de desencuentros entre el mundo oficial peruano y el andino-amazónico

larryportera Bagua suma el olvido de todos, la soberbia del presidente y Ms. Araoz al no disculparse y la Negligencia de M. Cabanillas.


Imagen: Álvaro Portales

A raíz de la conmemoración del primer aniversario de los lamentables sucesos de Bagua, creimos necesario conversar, hacer consultas y plantear entrevistas a un grupo de ciudadanos de diversos géneros, tendencias y residencias, vinculadas con el desarrollo de las TIC y la web 2.0. sobre las causas, consecuencias, proyecciones de la crisis amazónica peruana.

Esta segunda entrega   incluye las opiniones Roberto Esparza, bloguero y tuitero constante; Alan Salinas, sociólogo de Iquitos,  Gino Ceccarelli, artista plástico y columnista de temas amazónicos en este blog , y Augusto Rubio Acosta, escritor y promotor cultural del blog Marea Cultural

¿Cuáles crees fueron las causas de los sucesos de Bagua del 5 de junio pasado?

Esparza: Las causas del Baguazo han sido, más que todo, la prepotencia y, ante ello, la intolerancia de personas, en el aparato estatal, sobre los nativos; también tener un aparato policial ineficiente donde el mandoneo y la rabieta ministerial (o de otras autoridades) prima más que el cuidado a la vida; la falta de visión compartida entre peruanos sobre el futuro que queremos y que por eso unos creen que deben de estar por encima de otros; y la falta de comunicarnos entre los mismos peruanos.  Sin embargo, también tienes a personas excluidas y/o que se autoexcluyen y, por ello, sancionan de acorde a sus leyes tomando como ejemplo lo ocurrido en la Estación Seis. Y una dirigencia amazónica que no creo que haya entendido que las prácticas interculturales no sólo basta con reunirse, sino en comprender los códigos de unos y de otros para actuar de forma organizada y de acorde al estado de derecho.

Salinas: Las causas del suceso de Bagua son el paradigma de desarrollo del Estado donde no hay Estado (habiéndose dado el proceso de descentralización); así como la precaria existencia de Partidos Políticos que canalicen las demandas sociales. Me explico, el Estado al tener una política de desarrollo basado en la inversión extranjera ve a la Amazonía como un “lote” que necesita ser rentado para que de esta manera de a los “pobladores” de la zona un empleo, como consecuencia de la inversión, tomando sólo el aspecto económico del desarrollo. No toma en cuenta la perspectiva de desarrollo humano sustentable u otra alternativa que no colisione contra el pulmón del mundo y contra los ciudadanos que habitan la Amazonía. Eso llevó a que los decretos dados para abrir paso al TLC sean cuestionados, allí en la Amazonía, donde el Estado casi no existe para canalizar las demandas y discrepancias con respecto a los decretos emitidos, ni alguien quién los canalice. Vale decir, al no haber Estado ni Partidos Políticos con arraigo regional y local, lo más fácil es, por parte de Estado, actuar para resguardar el “orden” allí donde no hay ni orden ni alguien que te escuche y solucione los problemas. Asimismo, al no haber Partidos Políticos con arraigo regional y local, que movilicen las demandas sociales, surgen los operadores políticos que buscan la oportunidad para tener presencia y réditos personales. Consecuencia de lo mencionado: los muertos por parte de la policía como de los ciudadanos.

Ceccarelli: Las enumeraré, ya que si las explico me llevará mucho tiempo y espacio:

-Paternalismo, racismo y miserabilismo endémico del Estado hacia las poblaciones amazónicas.

-Creer que la Amazonía es solo un “espacio geográfico a explotar”, lo que ha conllevado a que históricamente se hagan leyes inconsultas, ignorantes, abusivas  y beneficiosas solo para quienes se beneficien de éstas leyes (empresas y multinacionales).

-No integrar a las culturas originarias (su pensamiento, lengua, sabiduría y costumbres) a los planes de desarrollo. Ni desde el Estado peruano ni desde los gobiernos regionales. Hasta ahora siguen siendo sólo motivos de estudios antropológicos y de curiosidad turística.

-Reflexiones, concepciones e interpretaciones de la realidad, las leyes y demás códigos sociales a dos velocidades y a frecuencias distintas, que imposibilita diálogos fluidos y acuerdos transparentes entre el Estado y los nativos.

-La imposibilidad, para muchos dirigentes nativos, de explicar en español su cosmovisión, sus problemas y sus diferencias.

-Ignorancia de los sucesivos gobernantes (que ni siquiera atinan a ser bien asesorados).

-Ausencia de planes participativos de desarrollo de las culturas vivas.

-Ausencia de un Plan Maestro de Desarrollo para la Amazonía Peruana.

-Incapacidad de los gobernantes y legisladores amazónicos de entender los reclamos de los nativos para así defender sus derechos ante el Estado o de presentar alguna propuesta inteligente sobre este tema (o porque son ignorantes o porque sólo responden a consignas partidarias).

-El desatino y la soberbia (por ignorancia) de las ex ministras Araoz y Cabanillas.

Rubio: Lo de Bagua fue una matanza anunciada producto de largos meses de negociaciones que en las que el gobierno de García demostró que no quiso oír la voluntad popular y al que sólo le interesó implementar más de cien decretos a favor del TLC con Estados Unidos y siempre actuar del lado del modelo de desarrollo capitalista por el cual han demostrado muchas veces que son capaces de todo. En el fondo, existe un drama que se repite en todo el país: el histórico olvido, marginación y explotación de los pueblos de tierra adentro.

¿Cuáles son los errores que se siguen cometiendo al momento de entender o diagnosticar la Amazonía desde el Estado oficial?

Esparza: El estado sigue proponiendo una visión sesgada, desde los medios masivos, para hacer creer que todo está bien suavizando el verdadero problema. Sin embargo, lo único que hace es postergar, patear para “más tarde” (o para el siguiente gobierno) y vanagloriarse de cualquier contacto con los nativos. No basta con las mesas de diálogos si no hay consensos, garantías reales y convicción de impulsar la convivencia armónica entre los distintos actores. Mientras más postergan el problema, más se agita la población de la selva.

Salinas: Pensar que la Amazonía es un recurso más que necesita ser explotado económicamente, pensar que la lógica pura del mercado es la solución a todos nuestros males (no teniendo un mercado adecuado dado la poca credibilidad de nuestros funcionarios para fomentar y promocionar las concesiones. Ejemplo de ello: los más conocido faenones en las licitaciones públicas sobre Petroperú). Así como, actuar desordenadamente a solucionar las demandas sociales, con represión generalmente. Finalmente, actuar debilitando a los Partidos Políticos, adecuando a la coyuntura la ley de Partidos.

Ceccarelli: En las respuestas de tu pregunta 1 también responde a la 2.

Rubio: Desoír la voz cultural de los pueblos amazónicos y obviar su manera de entender el mundo.

¿Cómo ves ahora la actitud del país con respecto a la Amazonía a raíz de lo de Bagua?

Esparza: Creo que la gente tiende a polarizar el problema de forma muy grave. Si no estás con los nativos, Pizango, AIDESEP, los Nacionalistas, Hugo Chávez entonces estás con los policías, García, Cabanillas, el APRA, las transnacionales y viceversa. Es decir, la gente tergiversa posiciones y a creer a aquellos que son voceros de ambas partes. Si bien hay parte del aparato estatal culpable de la masacre; también lo fue cierta parte de la dirigencia de AIDESEP y muchos te ponen peros para justificar su posición. La verdad fue asi: Enfrentamiento de nativos contra policías en la Curva del Diablo y Masacre a los policías en la Estación Seis. Y lo peor es que a ninguna autoridad, dirigente, policía o nativo ha ido preso por las muertes ocasionadas. Por lo tanto no hay justicia.

Salinas: Bueno, el país siempre supo que la Amazonía existía y existe. Ahí están los tours a la selva en cualquier momento del año. Ahora, la pregunta sería si las élites políticas ven a la Amazonía distinto después del suceso de Bagua. Yo diría que no, que se sigue actuando de manera “descentralista” en el discurso pero centralista en la actitud. Vemos a caso, a raíz de lo sucedido, promoción de técnicos para los Gobiernos Locales y Regionales, actitudes de solución al problema de la Amazonía (según los datos que tienen a la mano que proporciona la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos latentes en ese punto del país): nada. Creo que la Prensa se hizo de la vista gorda en ese sentido, ha perdido esa capacidad de indignación frente a lo sensacionalista. Esa pérdida de indignación indigna.

Ceccarelli: Ha cambiado, no lo suficiente, pero los sucesos del 5 de Junio pasado fue una gran cachetada al Estado, a los gobiernos regionales y a la población peruana. Debemos seguir luchando para que ésto no se olvide, a fin de que las autoridades y los pensadores del país propongan diálogos inteligentes y planes realmente patriotas y solidarios.

Rubio: Se sigue viendo a los amazónicos por encima del hombro; si bien es cierto se viró la mirada hacia la selva hace un año, en el fondo, en la conciencia de los peruanos, todavía gobierna el sesgo que margina  e impide vernos como parte de un país pluricultural y multilingüe.

¿Podría volver a ocurrir otro Baguazo en la Amazonía?

Esparza: Puede ocurrir en cualquier momento y no sólo en la Amazonía. En cualquier parte donde haya prepotencia de una visión sobre la otra en cualquier punto del país.

Salinas: Por supuesto que podría volver a suceder otro Baguazo en la Amazonía mientras se siga en esa lógica de desarrollo que mencioné líneas arriba y mientras se tenga Partidos Políticos débiles sin arraigo regional y local.

Ceccarelli: Sí, en cualquier momento si no buscamos soluciones definitivas e inteligentes a sus reclamos.

Rubio: En cualquier momento. La selva es una bomba de tiempo permanente. Es tiempo de escuchar y de solucionar sus problemas.

¿Cuáles deben ser los cambios urgentes en las políticas para evitar en el futuro que en la Amazonía puedan generarse conflictos aún más grandes que en Bagua?

Esparza: El Estado debería no contentarse con la consulta, sino construir consensos de desarrollo mínimos y garantías que permitan que los diversos entes puedan convivir de manera armónica con los nativos; permitir que los nativos puedan definir los destinos que quieren para su comunidad; evitar la prepotencia y el uso del nativo como pantalla comunicativa para decir que “todo va bien”; y facilitarle el alcance a la ciudadanía en un estado de derechos y deberes comunes con el resto de peruanos. De AIDESEP espero que tenga más un rol organizativo, integrador, impulsor de ciudadanía y de comprensión intercultural en vez de sólo tener un rol confrontacional y desorganizado con sus distintas bases interétnicas.

Salinas: Sin dudarlo la consulta previa a las comunidades sobre el cualquier proyecto de inversión que se pretenda hacer en la Amazonía, así como reforzar a nuestros actores políticos a través de la revisión de la ley de Partidos Políticos y monitoreo de los mismos en los distintas partes del país. Porque Instituciones participativas y de concertación ya tenemos. Eso sería los cambios que se esperaría del Estado.

Ceccarelli: De mentalidad, para empezar y de hacer participar mucho más a los investigadores, estudiosos y a los líderes de las comunidades nativas en los planes y decisiones para cualquier plan o ley que tenga que ver con la Amazonía

Rubio: Implementar políticas de desarrollo en la selva. Llegar a concertar mediante un diálogo alturado y permanente en el tiempo. Implementar la inclusión social de los amazónicos y la presencia del estado a través de políticas culturales que de manera lúdica permitan reencontrarse y descubrirse como peruanos a quienes viven en la marginada región oeste del Perú.

Link: Bagua, según la web 2.0 (I)