(Imagen: Ronsoco Azul)
El derrame de petróleo crudo suscitado en el río Marañón el fin de semana pasado, en San José de Saramuro (distrito de Urarinas) es muy grave. No sólo por la contaminación en sí (que ya ha afectado a 28 comunidades alrededor), sino por las consecuencias inmediatas. 400 barriles se vertieron al río, diseminándose muy cerca de la Reserva Natural Pacaya- Samiria, hasta la comunidad de San José de Parinari, sino porque ha alterado considerablemente la vida de los afectados, además de las especies de flora y fauna que han sido pervertidas por la mancha voraz. Ninguno de los afectados fue inmediatamente atendido por la compañía responsable de los hechos – Pluspetrol – y aún ahora, 7 días después, persiste la escasez de agua limpia para consumo humano.
Existen muchas preocupaciones por lo ocurrido en el río Marañón. El hecho que haya sido un alto funcionario del Estado, como el Ministro de Energía y Minas Pedro Sánchez, quien haya fungido poco menos que como vocero oficioso de la compañía contaminante, al minimizar alevemente el nivel de la contaminación suscitado. También el que Pluspetrol haya demostrado que no cuenta con un efectivos plan de contingencia ante accidentes como estos, pero más aún, que sus políticas de responsabilidad social y ambiental son inexistentes, salvo cuando la ley se lo requiere de modo compulsivo.
Infortunadamente, este no es el primero de los varios daños que han cometido las empresas extractoras en nuestra Amazonía. La larga lista de accidentes y atentados contra el medio ambiente parece persistir. Lo peor es que en casos anteriores han sido mucho más nocivas las consecuencias, pero el actuar del Estado para requerir sanciones ha sido lento, tortuoso o ineficiente.
Por ejemplo, el 2 de octubre del año 2000, la misma Pluspetrol causó un accidente de muy seria consideración, en el que se derramaron 5,500 barriles. El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) calculó que el impacto ecológico en la zona sería de 20 años, por lo menos. Dos años después, se generó el mismo accidente en el Marañón.
En el año 2003, una investigación de José Álvarez para el semanario Kanatari mostró un pequeño cementerio en la comunidad indígena Vista Alegre, en el alto río Tigre, donde se encuentran enterrados 21 niños, todos ellos afectados por una hepatitis fulminante que luego se demostró habían sido agravadas con la ingesta de pescado y agua, altamente contaminados con metales pesados vertidos por un pozo petrolero de la Occidental Petroleum Co en el Lote 39, donde se localiza en el corazón de la región más biodiversa del mundo, calificada como una de las ecorregiones más importantes del mundo debido a su excepcional biodiversidad.
La Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (FECONACO) ha responsabilizado a Pluspetrol por 6 derrames de petróleo en el año 2007; por 18 derrames en el año 2008. En lo que va de este 2009, se ha responsabilizado a la empresa por 16. En el año 2006, un informe del Ministerio de Salud reveló que un 98 % de los menores de edad examinados de la cuenca del Corrientes superaban los valores límite de plomo y cadmio en sangre. De ellos, un 37 % presentaba altos niveles de riesgo.
En enero del año 2009, en la refinería de Petro-Perú, cuatro barriles de hidrocarburos cayeron a una quebrada en Barrio Florido. El agua de la zona tenía un fuerte olor a gasolina, y se reportaron casos de niños afectados por sarpullidos y manchas rojas en la piel, además de encontrarse peces muertos. En setiembre del mismo año, el vuelco de un grifo flotante ocasionó el derrame de más de tres mil galones de petróleo y gasolina al río Itaya.
La periodista Patricia del Río señala sus severas críticas al Estado por tener un mecanismo de compensación tan ineficiente que le impide cobrar multas por daños al medio ambiente. Señala del Río que de las 290 sanciones impuestas por Osinergmin a las empresas contaminadora, el ente regulador solo ha podido cobrar 111, mediante largos y costosos procesos sancionadores.
Actualmente, un 72% de la Amazonía peruana está concesionada para explotación y extracción de hidrocarburos. La cifra ha crecido exponencialmente estos últimos 5 años.
Explotar las reservas de petróleo es estratégico para la Región Loreto, cada vez más empobrecida y huérfana de fuentes de trabajo y de divisas. Sin embargo, también debe garantizarse la protección del derecho a la vida y la salud de las personas, así como la protección de nuestra biodiversidad, verdadero capital natural de nuestra región. No asumir las responsabilidades por ese cuidado no sólo es nefasto para el futuro, sino, sobre todo, demandable no sólo ética, sino materialmente.
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Diario de IQT 