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Para cualquiera que haya seguido el devenir político del Perú en las últimas décadas, le queda suficientemente claro que Hernando de Soto es el inspirador del planteamiento del “perro del hortelano” expuesto por el presidente García. La diferencia es sólo de estilo. Mientras éste se lanzó al tema con una propuesta agresiva desde la metáfora, que causó la indignación de muchos indígenas que rechazaron ser calificados de perros, aquél ha montado un espectáculo, con Bobby y otros indígenas traídos del Norte, con la intención de demostrar que la propiedad colectiva no es verdadera propiedad y que además constituye un freno para el progreso y la superación de la pobreza. La aparición de Hernando de Soto en este momento, post Bagua y en el contexto de unas mesas de diálogo (de sordos), indica que su relación con el presidente no sólo es ideológica sino también estratégica y tiene por finalidad insistir en las ideas que ambos comparten para ver si consiguen ponerlas en práctica. ¿Financia el gobierno este nuevo intento? ¿Lo paga la empresa privada? Éste es otro misterio del capital.

El video elaborado por de Soto está bien hecho y es un buena tentativa para reforzar los prejuicios de sus feligreses e impresionar a un público poco conocedor de la realidad de la Amazonía y de los pueblos indígenas, Jaime de Althaus a la cabeza, que dice haber descubierto que las comunidades no son la Arcadia que le habían pintado. ¿Quién le habrá contado tremenda mentira al periodista? ¿Algún antropólogo despistado? ¿O será fruto de recuerdos de infancia, en los que buenos salvajes habitan parajes edénicos? ¿Cómo puede ser una idílica la situación de pueblos indígenas diezmados por epidemias en la época de las reducciones misionales, que luego sufrieron el genocidio del caucho y la férula de patrones que los sometieron a feroz servidumbre y esclavitud, con castigos físicos incluidos que causaron muchas muertes? Esto último pasaba hasta los primeros años de la década de 1990 en el alto Ucayali (está bien documentado en libros y artículos y en un informe elevado al gobierno de entonces), y fue a raíz de un proceso liderado por AIDESEP que la gente fue liberada. ¿Cómo puede ser paradisiaca la situación de indígenas de las zonas petroleras y mineras, que tienen metales pesados en la sangre por encima de los estándares máximos permisibles determinados por la OMS?

El mensaje del video es caritativo y consiste en señalar que los indígenas son pobres a pesar de estar sentados en un banco de oro, frase que don Antonio Raimondi jamás dijo, pero esto poco importa. Las trampas que pone a un público desinformado son varias. Una de ellas es la presentación de indígenas con vestidos que ya no usan cotidianamente. Aparece así un joven shipibo, líder de una organización urbana, con cushma, esa especie de hábito característico de varios pueblos indígenas, pero hoy muy poco usado, salvo por las mujeres ashanincas y, en algunas zonas, también por los hombres. Hoy ni siquiera en las comunidades shipibas es común ver un hombre con dicho vestido (las mujeres nunca lo usaron). Más manipuladora aun es la presentación de un grupo de hombres (aparentemente huitotos o boras), vistiendo unos faldellines de llanchama (especie de tela preparada con corteza de árbol) y con vistosas coronas de plumas. Se trata de un traje que ellos usan exclusivamente para  fiestas tradicionales o para hacer demostraciones “típicas” a grupos de turistas. Digamos que en este caso es coherente que hayan usado esos vestidos para agradar a los turistas del instituto que lidera de Soto y, sobre todo, para demostrar al público que a pesar de “conservar su cultura, tienen ideas modernas y hablan del mercado”. Pero la cultura, que por cierto es dinámica y cambiante, es algo mucho más complejo que el uso de vestidos. Para seguir con el turismo, en el video se presenta a un grupo de boras de San Andrés, asentados en el río Momón, a minutos de Iquitos, que no es comunidad titulada, sino un pequeño grupo de personas desarraigadas por los patrones de su territorio, situado en el Putumayo y al norte de este río (Colombia), que eventualmente realiza algún espectáculo para los visitantes. Como éstos hay varios ejemplos, pero considero largo e inútil detallarlos.

La selección de las comunidades presentadas como ejemplo de que la idea de títulos mancomunados es un invento de líderes mal asesorados (como de Soto califica a Alberto Pizango, quien no ha hecho otra cosa que cumplir con el mandato de sus bases), es otra muestra de la poca objetividad del video. Maranquiari, por ejemplo, es un caso entre varios de los que se puede encontrar en el Perené, una cuenca sometida a intensos procesos de colonización desde la segunda mitad del siglo XIX, donde los pocos indígenas que han quedado en ese asentamiento se han casado con población colona y, efectivamente, han individualizado las tierras. Si la gente del ILD se hubiera tomado la molestia de buscar un poco más, apenas en los alrededores y en zonas de fácil acceso, hubiera encontrado otros ejemplos que ilustran mejor el problema de la tierra en la cuenca, sin necesidad de recurrir a la filmación de un asentamiento casi totalmente de colonos, en los cuales la presión de éstos y las imposiciones del mercado han llevado a la fragmentación y deterioro de la tierra, a la desaparición del bosque y de la fauna, a la contaminación del Perené (con la generosa contribución de las mineras que operan en la provincia) y al empobrecimiento de la gente. Por lo demás, el hecho de que muchos colonos tengan allí títulos individuales y sean pobres, demuestra lo contrario de lo que de Soto intenta probar en su presentación.

Otro ejemplo citado en el video es la comunidad awajun de Shampuyacu (no existe “Alto Shampuyacu”, como se la llama en el video), ubicada muy cerca de Nueva Cajamarca, en la cuenca del Mayo, en San Martín. En la zona donde ella se ubica, atravesada por la Carretera Marginal, existen muchas otras comunidades similares en problemática a la citada y miles de colonos que han desarrollado principalmente el cultivo de arroz. Animados por el mercado, muchos awajun han alquilado sus tierras a estos colonos mediante contratos que demuestran su poco conocimiento del valor de ellas en el mercado y su total ingenuidad de haber pensado que por ese medio lograrían mejorar su situación. Después de casi dos décadas, hoy ven el incremento de colonos dentro de sus tierras y comienzan a darse cuenta de su error, y algunos están buscando medidas que les permitan reapropiarse de ellas.

Los pueblos indígenas no son ahora, ni nunca lo han sido, colectivistas, pero sí basan su organización social en vastas redes familiares de reciprocidad, en las que intercambian bienes (principalmente carne de monte) y servicios (las llamadas mingas), que tienen como escenario un territorio ancestral, con una geografía propia, con nombres que identifican diferentes lugares que han sido el teatro de eventos históricos o mitológicos. Algunos han habitado en grandes chacras familiares (malocas), pero el trabajo de las chacras es individual familiar. Las purmas (chacras en abandono para que los suelos se regeneren) pertenecen a quien las trabajó, cosa que todos respetan. Antiguamente, una persona que moría era enterrada con sus bienes (vestidos, armas y otros), aunque aquí el sentido de la propiedad era místico y no mercantil. Esto ha cambiado, y hoy ningún muerto es enterrado con su radio, escopeta o motor fuera de borda, que ahora heredan sus deudos. Si alguien le ha contado a de Soto y a otras personas ajenas al tema que los indígenas eran colectivistas, los ha engañado o no conoce esa realidad. Hay cientos de etnografías que los productores del video podrían haber consultado sobre esta materia.

Los pueblos indígenas no están entrando al mercado: lo están hace muchos años, pero lo están en la única manera como el mercado lo permite en zonas marginales, libradas a la matonería de los más fuertes, amigos de las autoridades locales, con quienes trabajan al alimón para explotarlos. El Estado es un espectador activo, de esos que tiran piedras desde la tribuna al actor más débil y se solidariza con el opresor. ¿Qué hace para promover mejoras en educación, salud (reconozco como positivas las campañas de vacunación que se realizan de manera regular), producción, manejo de recursos y otros? Nada más que bloquear las iniciativas realizadas por AIDESEP o por instituciones de apoyo. La famosa nota 14, por ejemplo, barrera impuesta por el ministro de educación para el acceso a pedagógicos, impide, desde hace tres años, que jóvenes indígenas, víctimas de la pésima educación que han recibido en la escuela y el colegio secundario, ingresen al programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana (FORMABIAP), promovido por AIDESEP, y a otros institutos similares. El ministro castiga a las víctimas de la inoperancia de su sector.

No es que los indígenas no quieran ser profesionales. Precisamente AIDESEP montó un programa en este sentido hace una década, apoyado por la cooperación internacional, para que jóvenes egresados de los colegios se formaran en diversas disciplinas. Si el intento no produjo todos los frutos que se esperaba fue porque los estudiantes no pudieron superar las exigencias que les planteaba la educación universitaria por provenir de precarios colegios estatales.

Los programas de manejo de bosque son bloqueados, antes por el INRENA y ahora por el Ministerio de Agricultura, y los de manejo de cuerpos de agua de la selva baja, el principal recurso de esta región, por Produce y otros inútiles acompañantes. Precisamente el tema de los cuerpos de agua es una buena razón para explicar por qué la parcelación de las tierras no es una alternativa para la región y, por el contrario, el apoyo a grupos organizados de las comunidades es la única alternativa viable para manejar este recurso de manera sostenible, mejorar los ingresos de la población y proteger el patrimonio ambiental de la nación.

Si bien la visión presentada por el video es superficial y basada en prejuicios, hay un aspecto de éste que califico de irresponsable y hasta de criminal. Afirma de Soto que los títulos son “pedazos de papel que no tienen ninguna función” y que “sólo valen dentro de los linderos de la comunidad”. Esto es una invocación al zafarrancho de combate y al festín de quienes esperan, detrás de esos linderos, que se les dé el disparo de partida para lanzarse sobre su presa. Es cierto que los títulos tienen errores porque fueron hechos basándose en una cartografía deficiente y con instrumentos poco precisos o inadecuados para la región amazónica, pero éste es el problema de todos los títulos del área rural del país, incluyendo las concesiones mineras y de hidrocarburos y los nuevos latifundios que se van constituyendo. ¿Considera también de Soto que éstos son únicamente “pedazos de papel que sólo valen dentro de sus respectivos ámbitos”?

No, no es despistado el sendero de Hernando de Soto, sino que está claramente orientado para apoyar la política de este gobierno, diseñada para servir a empresas que ambicionan los territorios de los indígenas, a fin de poner en marcha diversos planes. De Soto declara ufano que el Perú se ha comprometido a respetar a las empresas mineras y petroleras para promover el desarrollo. Si los pueblos indígenas contaran con garantías similares y no tuvieran, además de todas las otras adversidades antes mencionadas, que defenderse de la agresión de empresas de hidrocarburos, madereras y mineras, y del autoritarismo oficial, sin duda podrían abocarse con mayor dedicación a construir un mejor presente.

Para terminar, una última cuestión relacionada con algo que, al parecer, tampoco de Soto conoce. De acuerdo a la Constitución, las comunidades nativas y campesinas “Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece” (Art. 89). El argumento, entonces, de que ellas están condenadas por una legislación obsoleta a permanecer eternamente como comunidades no es cierto. De hecho, los ejemplos que doy al comienzo de estas líneas demuestran lo contrario: que hay comunidades parceladas, que alquilan sus tierras y que en la práctica van perdiendo la propiedad de éstas. Son libres de hacer lo que quieran y nadie se los puede impedir, aunque las experiencias actuales demuestran que la pérdida de dominio sobre sus territorios sólo les proporciona ingresos miserables, que luego de gastados deja a los pobladores verdaderamente pobres, cosa que antes no eran, porque a pesar de tener magros ingresos en efectivo, disponían de recursos y de un medio ambiente sano para vivir bien. Los pueblos indígenas actualmente son libres de disolver su identidad parcelando sus territorios, pero también lo son para defender el legado de sus ancestros, a fin de trabajarlo dentro de otra visión de desarrollo basada en el respeto entre la gente y de ella hacia el medio ambiente.

Por tanto, queda claro que lo que quieren el presidente García y el Sr. de Soto no es impulsar una ley que dé libertad a los indígenas para enajenar sus tierras, sino promocionar la voluntad de los indígenas para que se desprendan de su heredad.

Foto: El Morsa

Este domingo ha sido el de Hernando de Soto en los periódicos peruanos. Luego de que se exhibiese el video “El misterio del capital de los indígenas amazónicos“, fruto de una investigación del Instituto Libertad y Democracia (ILD), que plantea algunas ideas  sobre cómo administran las comunidades amazónicas temas como recursos o propiedad, tanto Perú21 como La República le han extraído algunas reflexiones y revelaciones al economista peruano más conocido a nivel internacional.

En Perú21, De Soto señala:

¿Cuál es el trabajo que han hecho?
Cinco días después de los sucesos de Bagua ya teníamos tres equipos recorriendo la selva, que para setiembre habrán visitado 200 comunidades y el 70% de las etnias para ver qué instrumentos tienen los indígenas amazónicos para controlar su territorio y para administrar sus recursos. Filmamos todo y hemos hecho el documental que se ha presentado esta semana.

¿Y qué encontraron?
Los propios indígenas apus (líderes amazónicos) señalan que el problema es territorial. Para nosotros, el manejo del territorio significa soberanía o propiedad y lo que hemos visto es que en la selva hay tres tipos de propiedad: la de los nativos, la de los colonos y la de las empresas petroleras o mineras. El problema es que los títulos comunales que se les entregaron a los nativos hace 30 años que son muy débiles y ni siquiera siguen el mismo sistema de coordenadas que el resto del país y se superponen unos a otros. Mientras que los contratos del Estado Peruano con las compañías transnacionales están protegidos por la ley peruana, por tratados internacionales y les permite hacer lo que deseen con el terreno: venderlo, comprarlo, usarlo como garantía para conseguir financiamiento, emitir acciones. Los títulos comunales no les permiten a los nativos hacer nada de esto, pero igual, dentro de los territorios, hay propiedad individual que no está respaldada por documentos pero que ellos igual compran, venden y alquilan sus chacras. La globalización ya les llegó y lo que queremos documentar es cómo hacen el salto del siglo XVII al siglo XX.

¿Y cómo deberían darlo?
Hay que saber a qué se debe el salto. La globalización lo toca a uno. Lo que significa la globalización es la separación internacional del trabajo, que llega en distintos momentos a cada parte del país y, cuando llega, tumba gobiernos, tumba tradiciones y cada cual se adapta como puede. Frente a eso, no hay edificio que resista porque es de tal eficiencia, baja tanto los costos, que implica la reorganización de todo el mundo. Lo que estamos viendo nosotros es la llegada de la revolución industrial a la selva peruana en forma masiva.

Ningún político se acordaba de la selva hasta el ‘Baguazo’.
Ha sido un descuido de varios gobiernos. Los antropólogos, con la mejor intención, los han convencido de que son distintos, que necesitan una ley distinta, artículos constitucionales distintos y se ha dado una especie de racismo al revés. Además, como es el 1% del voto, los hemos ido dejando de lado.

¿Cómo vio la actitud de García? Tuvo un discurso muy confrontacional.
Cuando hay un acto de violencia, todo el mundo se agita y se vuelve emocional, pero no creo que García sea racista. Yo no le debo nada, exceptuando algunos dolores de cabeza por el TLC con EE.UU., pero debo decir que el Convenio 169 de la OIT que favorece a los indígenas fue adoptado por el Perú en su primer gobierno. Lo que ha pasado es que se han descuidado, hay una tendencia a ver a la gran empresa y se han olvidado que hay una gran parte que no va a alcanzar los beneficios del progreso económico si la escalera no se modifica.

Por su parte, en La República, De Soto señala:

¿Siente que en su documental da la razón al presidente García tras el conflicto de Bagua?

No. Yo digo que si del territorio nacen las causas de los conflictos,  una responsabilidad importante le corresponde al Estado peruano, porque las reglamentaciones y las armas efectivas que protegen las propiedades de los indígenas no funcionan. Aclaro que esto no es descuido de este gobierno, sino del Estado a través del tiempo. No considero que estemos saliendo en defensa del presidente García…

García decía que las leyes de la amazonía permiten insertar a los nativos en el mundo, y su propuesta también habla de insertarlos en el mundo económico.

Digo, hay que darles esa oportunidad,  y si vemos que el Estado no lo ha hecho, en cierta forma eso explica la resistencia de los nativos. Si la idea era transformar su derecho de propiedad comunal en uno más privado que permita conectarlos con el mercado internacional, no se iba a poder lograr porque sus títulos estaban mal hechos.

¿Qué recomienda al gobierno y a los nativos, en términos prácticos, para ayudar a formalizar la propiedad de los peruanos en la selva?

Primero, deben ver cómo quieren ellos (los nativos) administrar sus activos, para que las normas que se creen reflejen sus costumbres y permitan hacer propuestas que están de acuerdo a su voluntad. Al Estado le corresponde entregar la certificación de que, efectivamente, esa propiedad o ese territorio es manejado de la forma como los nativos indican.

¿Y qué quieren ellos, según su investigación?

Todo el mundo está de acuerdo con un contacto en el exterior. A los nativos les gusta las cámaras, la maquinaria, los camiones, la atención médica moderna, la cultura, etc. ¿Y cómo pueden comprarlos? Vemos que en cada comunidad hay bienes comunes, pero sobre todo bienes privados. Pero el título que les ha dado el Estado no refleja en nada la forma cómo administrar sus recursos privados, que son sus chacras, sus edificios,  sus animales.

El debate recién comienza.

de soto iquitos

Resulta curiosa la visita del economista Hernando de Soto a la Amazonía, sobre todo en épocas en que la protesta ha sido un vehículo muy fuerte de expresión.

De Soto ha visitado Iquitos el fin de semana y ha tenido algunas reuniones, sobre todo encuentros con organziaciones indígenas, en un intento por supervisar un plan de aplicación de lo que denomnia “capitalismo popular”.

De Soto dio algunas declaraciones al diario local La Región:

“Nosotros en el ILD nunca hemos trabajado la región amazónica. Hemos ayudado a diseñar muchos de los programas de titulación y de control de territorio para el resto del Perú urbano (Cofopri, Sunarp), son los resultados de nuestra creación en los años 80′ y 90′, pero nunca se nos había dado la oportunidad de ver la parte de la Amazonía.

Eso nos interesó mucho, sobre todo debido a los últimos hechos ocurridos entre los hermanos indígenas y el Estado peruano, por eso hemos venido con nuestra gente para ver cómo está la titulación y la administración de tierras en la Amazonía desde el punto de vista legal. Ellos fueron a distintos pueblos y yo he venido a dos lugares (Tarapoto e Iquitos, en ese orden) para enterarme de los resultados.

Esta es una investigación nuestra pero no es parte de ningún programa del gobierno, es una documentación propia del Instituto Libertad y Democracia. El interés por esto viene por los incidentes lamentables que hubo y queremos saber hasta qué punto la parte legal está bien organizada porque continuamente se escucha que acá hay problemas de principio de territorialidad y queremos saber qué es lo que no funcionó.

Toda esta investigación lo hacemos para enriquecernos de conocimiento, acá no hay un objetivo específico, no hay cliente y no estamos pensando en que vamos a recibir un contrato. Si encontramos cosas que podemos aportar, vamos a estudiar si vale la pena hacer un informe o entregar un documento”.

Lo interesante es que De Soto ha venido trabajando silenciosamente un proyecto que se ha encaminado fuertemente, sobre todo en una zona donde aparentemente las ideas que propugna el ILD no son muy populares.

Astuto y bastante curioso el proyecto de De Soto.