Lo que aprendimos – o no – de Bagua

Publicado: 6 junio 2010 en Paco Bardales
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(Reportaje realizado por Roy Palomino para La Mula)

1.- La visión del desarrollo por parte del gobierno con respecto de la Amazonía  se centra en una visión reduccionista, extractivista, mercantilista. En ese sentido, las políticas nacionales han tenido y seguirán teniendo un fracaso permanente pues no han intentado auscultar a cabalidad la realidad amazónica. Se debe redefinir el modelo de desarrollo que se quiere para la Amazonía, modelo está además llegando a su fin, como lo demuestran problemas como falta de recursos, la contaminación, calentamiento global y las crisis económicas.

2.- Está claro que las causas del conflicto que desembocaron en la tragedia tienen que ver ampliamente “falta de respeto por las formas de vida de los pueblos indígenas y el menosprecio por las características intrínsecas de los bosques amazónicos”, como se señala en el informe en minoría de la comisión especial para investigar y analizar los sucesos, suscrito por el Sr. Jesús Manacés y la religiosa Carmen Gómez.

3.- El Ejecutivo demostró que el uso de un marco legal imperante también puede servir – en su afán por beneficiar políticas de desarrollo vinculadas con realidades ajena a la Amazonía – echar abajo derechos conquistados por las organizaciones indígenas durante medio siglo, a pesar de estar  reconocidos en leyes nacionales y acuerdos internacionales, entre ellos el Convenio 169 de la OIT.

4.- Los decretos legislativos que generaron la controversia no fueron consultados a los pueblos amazónicos, supuestos depositarios de sus alcances. Esa sola ausencia cuestionaba ampliamente su legitimidad. Y fueron usados también como mecanismos de turbias prebendas. Por ejemplo, uno de los decretos, el 1089, le dio a Cofopri (nido de corrupción del actual régimen) la potestad de cambiar los linderos de las comunidades campesinas y nativas, alterando incluso sus planos en registros públicos.

5.- El gobierno apeló a la táctica de la dilación para obviar soluciones frontales a la crisis. Esta actitud aún se mantiene, e incluye el desempeño de la mayoría parlamentaria gobiernista en el Congreso (que incluye representantes elegidos por voto popular para representar a la Amazonía) así como las estructuras ministeriales y las dependencias públicas.

6.- En Bagua murieron 34 peruanos y desaparecieron algunos más. No hay mejores ni peores ni peores muertos en los enfrentamientos de la Curva del Diablo. Los 34 tienen el mismo valor.

7.-  El modo en que el gobierno condujo las operaciones de represión contra los huelguistas de Bagua fue, por lo menos, apresurado, no planificado, violento y excesivo. La responsabilidad mediata es del Presidente García, pero la inmediata alcanza a la ex ministra de Interior, Mercedes Cabanillas y los jefes policiales que condujeron la operación. Asi lo consigna el informe en minoría de la comisión parlamentaria que investigó los hechos, firmada por el congresista Güido Lombardi.

8.-  El papel de la ex ministra de Comercio y Turismo y actual Ministra de Economía y Finanzas, Mercedes Araóz, es vital, pues desinformó conscientemente  sobre los alcances de una eventual derogación del decreto 1090. Generó desconfianza, exageró las consecuencias negativas, llevó a un punto de no retorno en el Gabinete.

9.- La responsabilidad política por los hechos por parte del ex primer Ministro, Yehude Simon, ha sido acreditada y él parece no querer recordar que fue actor principal y preponderante de la crisis en su momento, dilatando a propósito las negociaciones para beneficio del gobierno.  El juicio de la historia será implacable con él.

10.-  No se puede negar que el Presidente Alan García, en lo inmediato, ha sido uno de los principales azuzadores del conflicto, con sus declaraciones hostiles e irreflexivas, además de presentarse como el gran titiritero que intentó  primero direccionar el sentido de la represión en Bagua, y luego, limpiar a como dé lugar la responsabilidad de su gobierno en la tragedia; además de gestos varios como los lamentables calificativos (como el de “ciudadanos de segunda clase”) o la malsana frivolidad de instaurar el Día del Ron Peruano en el aniversario de los sucesos.

11.- La forma como los voceros del gobierno han distorsionando las noticias buscando impresionar a la ciudadanía, generando hostilización y odio, avala la teoría de que no existe desde el partido aprista una voluntad por solucionar el grave desencuentro generado entre la población y quienes considera responsables de la masacre.

12.- La respuesta delictiva y criminal de algunos civiles alzados en Bagua contra las fuerzas policiales no puede ser justificables bajo ningún punto de vista, es decir, la forma como torturó y asesinó a policías secuestrados, tomados como rehenes, quienes estaban en la zona de conflicto en estricto cumplimiento de su deber, en la Estación Seis. ¿Dónde está el Mayor Bazán? ¿Dónde están aquellos criminales?

13.- La manipulación ideológica con que algunos movimientos han empezado a generar ganancia particular con el dolor y la muerte es deplorable y censurable. Esta actitud alcanza a dirigentes que prefirieron el recurso fácil de tirar la piedra y esconder la mano detrás de un exilio dorado y futuras carreras electorales.

14.- La forma como se ha digitalizado los instrumentos judiciales para criminalizar las protestas han sido bastante obvias. Dirigentes ejemplares como el ciudadano awajún Santiago Manuín, que estuvieron en el campo de batalla, buscando el diálogo, intentando defender sus tierras, poniendo el pecho en el conflicto,  también recibieron represalias de este tipo.

15.- Es necesario manejar con mejor resultados la capacidad de negociación. El pésimo modo con que el gobierno manejó las conversaciones para solucionar el conflicto fue motivado desde una actitud inepta, displicente e ignorante  por parte de los burócratas encargados.

16.- Por otro lado, la dirigencia amazónica  debe asumir con madurez la responsabilidad de conducir los procesos de desarrollo de sus pueblos. No todo se soluciona desde Lima, y tampoco todo depende de los demás. La clase política amazónica debe ser renovada profundamente.

17.- Es necesario desactivar los focos de conflictos latentes en el Perú. Ya tenemos más de 100 muertos en marchas y manifestaciones en estos 4 años de gobierno aprista. La mayoría de esos conflictos se da en zonas amazónicas: además de Bagua, en Inambari (Puerto Maldonado/Puno), así como tensiones surgida en zonas de extracción petrolera en Loreto, o de gas en Pucallpa/Cuzco.

18.- En casos muy concretos, la prensa tiene gran responsabilidad, pues se privilegió la nota sensacionalista de la muerte de los policías (una tragedia), y mucho menos los problemas de la gente que vive en la Amazonía. Por el otro lado, hubo denuncias muy documentadas de cómo grupos radicales usaron las frecuencias de ciertas radios locales para generar tensiones innecesarias, que en muchos casos desembocaron en violencia.

19.- No se pueden quitar libertades por puro capricho cuando, por ejemplo, uno expresa su opinión ante un suceso. El cierre de radio La Voz de Bagua, así como las amenazas a diversos medios de comunicación amazónicos, así lo demuestran.

20.- La constante desinformación y el desconocimiento de la clase intelectual respecto de los grandes problemas amazónicos, que vienen arrastrándose por décadas, debe cesar. Los dirigentes, analistas, formadores de opinión deberían analizar el drama amazónico con realismo y sin prejuicios, en su justa y real dimensión.

21.-  Luego de Bagua, la gente sabe algo más sobre la Amazonía y los pueblos indígenas. Esto incluye a la población urbana de la Amazonía, muy alejada y desconocedora de la realidad indígena de la región, debido al centralismo mental que también les ha sido impuesto. Ahora muchos saben que los indígenas existen, que tienen propuestas y capacidad de expresarlas de manera decidida, que la cultura y la cosmovisión amazónica no son datos exóticos, sino realidades tangibles.

22.- Muchos de los cambios que se han producido en la forma de respetar a la Amazonía son motivadas por los propios pobladores amazónicos. Por ejemplo,  en la Cuenca del Corrientes, los reclamos solucionados se deben a entereza de los reclamos de los indígenas y no a la voluntad del gobierno, que negaba incluso las evidencias presentadas por dependencias del propio Estado.

23.- El cálculo para favorecer a intereses económicos poderosos es claro en este modelo. El gobierno ha seguido suscribiendo contratos para explotar recursos naturales (petróleo, minas, bosques) y dando leyes que afectan a los pueblos indígenas, sin importarle en absoluto las consecuencias.  El mapa económico de la Amazonía peruana es una prueba clara de que ésta ha sido  parcelada en compartimentos estancos donde la autoridad se maneja a partir de la capacidad tecnológica-logística-económica para extraer el recurso que produce el suelo o el subsuelo. El concepto “de libre disponibilidad por el Estado”, en muchos casos equivalió a una suerte de despojo legalizado. En la Amazonía resulta más importante la identidad de un pueblo y de su gente, la cual está en sus bosques y ríos, no en el suelo, como erróneamente, una vez más, señala la legislación nacional.

24- Desde una mirada institucional, el Estado no ha sabido canalizar la solución de las demandas sociales, económicas, culturales y de otra índole. Siempre se tiene que esperar costos sociales (muertos y heridos)  y económicos. El gran tema sigue siendo la inclusión y la presencia del Estado, vía acceso a servicios públicos, hacer efectiva la ciudadanía de los habitantes de la Amazonía, fortalecer las instituciones, generar la presencia real y sólida de los partidos políticos, entre otros.

25.- Los interlocutores para tratar temas amazónicos o andinos deben ser autoridades que sean legitimidas en la misma zona. Este diálogo debe propiciar un sistema permanente de comunicación horizontal, así como una ética de la interculturalidad. Sería efectivo considerar los derechos de los pueblos indígenas mediante unos mecanismos de consulta efectivos y no manipulados, cuyos resultados sean tomados en cuenta, así como asegurar a las comunidades la real posesión de sus territorios.

26.- Se debe redefinir la presencia del Estado en la forma como acceden al mercado los territorios indígenas. Estos no están fuera de aquél, pero de la única manera como el mercado lo permite en zonas marginales, en condiciones de explotación y desventaja evidentes. Sería importante empezar a discutir la posibilidad que sean los propios pueblos originarios quienes puedan  capitalizar derechos y propiedades sin reconocer legalmente, así  como la propiedad intelectual de sus recursos y conocimientos, uno de los más complejos y riquísimos del mundo.

27.- Existen crasos errores para conceptualizar las realidades amazónicas desde la educación formal. La famosa nota 14, por ejemplo, barrera impuesta por el Ministerio de Educación para el acceso a pedagógicos impide que jóvenes indígenas, víctimas de la pésima educación que han recibido en la escuela y el colegio secundario, ingresen al programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana (FORMABIAP)  y a otros institutos similares.

28.- Existen programas de manejo de bosque bloqueados, antes por el INRENA y ahora por el Ministerio de Agricultura, y los de manejo de cuerpos de agua de la selva baja, el principal recurso de esta región, por Produce y otros inútiles acompañantes. En honor a la verdad, hay que decir que el trabajo de titulación ha sido realizado es su gran mayoría con  fondos de la cooperación internacional. Cada proceso de titulación ha implicado una tensa pugna entre los promotores  y funcionarios del Estado renuente a reconocer derechos a los pueblos indígenas

29.- Sería importante que la legislación reconozca legalmente servicios educativos y de salud comunales que surgen de la iniciativa propia. Aún no existe un sistema de certificación profesional que se centre en la educación comunal, y se desdeña desde lo oficial a la medicina natural como esotérica y peligrosa per se.

30.-  El Gobierno Peruano no ha creado un solo proyecto de desarrollo que apoye a los indígenas amazónicos: casi todos los proyectos que apoyan a los indígenas amazónicos son de la cooperación internacional o bilateral.

31.- Es vital empezar a invertir, con urgencia, en infraestructura mínima desde el Estado: electrificación para que puedan desarrollar pequeñas y medianas industrias en centros urbanos pequeños, comunicaciones, mejores servicios de salud y educación, seguridad, etc. Las regiones de la Amazonía son de las más pobres del país precisamente por la ausencia constante del Estado.

32.- El drama nacional se alimenta de la amnesia voluntaria, que evita auscultar, reflexionar, interiorizar y sanar procesos colectivos traumáticos. Debido a ella muchas preguntas que se abrieron a partir de esta tragedia no han tenido respuesta o, lo peor, ni siquiera se ha intentado procesarlas.

33.- Debido a Bagua se desnudó en todo su patético esplendor el drama de nosotros, los amazónicos, los olvidados por el Perú oficial. Un drama que viene de siglos, apenas visibilizado, incomprendido o ignorado por quienes tienen el deber de descubrir procesos de integración.

34.- Es importante entender que la Amazonía es un todo de múltiples visiones y formas de entender el mundo, algunas muy lejanas a la mentalidad occidental, que tienen no sólo el derecho sino la obligación de ser integradas al país.

35.- Pensar y recordar Bagua, un año después, también implica percibir a la Amazonía no como un territorio inhóspito y exótico, sino como un espacio físico y espiritual que aspira a convertirse en posibilidad concreta, valiosa, sustentable para el progreso y el desarrollo del Perú.

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