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(Imagen: Ronsoco Azul)

El derrame de petróleo crudo suscitado en  el río Marañón el fin de semana pasado, en  San José de Saramuro (distrito de Urarinas) es muy grave. No sólo por la contaminación en sí (que ya ha afectado a 28 comunidades alrededor), sino por las consecuencias inmediatas. 400 barriles se vertieron al río, diseminándose muy cerca de la Reserva Natural Pacaya- Samiria, hasta la comunidad de San José de Parinari, sino porque ha alterado considerablemente la vida de los afectados, además de las especies de flora y fauna que han sido pervertidas por la mancha voraz. Ninguno de los afectados fue inmediatamente atendido por la compañía responsable de los hechos – Pluspetrol – y aún ahora, 7 días después, persiste la escasez de agua limpia para consumo humano.

Existen muchas preocupaciones por lo ocurrido en el río Marañón. El hecho que haya sido un alto funcionario del Estado, como el Ministro de Energía y Minas Pedro Sánchez, quien haya fungido poco menos que como vocero oficioso de la compañía contaminante, al minimizar alevemente el nivel de la contaminación suscitado. También el que Pluspetrol  haya demostrado que no cuenta con un  efectivos plan de contingencia ante accidentes como estos, pero más aún, que sus políticas de responsabilidad social y ambiental son inexistentes, salvo cuando la ley se lo requiere de modo compulsivo.

Infortunadamente, este no es el primero de los varios daños que han cometido las empresas extractoras en nuestra Amazonía.  La larga lista de accidentes y atentados contra el medio ambiente parece persistir.  Lo peor es que en casos anteriores han sido mucho más nocivas las consecuencias, pero el actuar del Estado para requerir sanciones ha sido lento, tortuoso o ineficiente.

Por ejemplo, el 2 de octubre del año 2000, la misma Pluspetrol causó un accidente de muy seria consideración, en el que se derramaron 5,500 barriles. El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) calculó que el impacto ecológico en la zona sería de 20 años, por lo menos. Dos años después, se generó el mismo accidente en el Marañón.

En el año 2003, una investigación de José Álvarez para el semanario Kanatari mostró un pequeño cementerio en la comunidad indígena Vista Alegre, en el alto río Tigre, donde se encuentran enterrados 21 niños, todos ellos afectados por una hepatitis fulminante que luego se demostró habían sido agravadas con la ingesta de pescado y agua, altamente contaminados con metales pesados vertidos por un pozo petrolero de la Occidental Petroleum Co en  el Lote 39, donde se localiza en el corazón de la región más biodiversa del mundo, calificada como una de las ecorregiones más importantes del mundo debido a su excepcional biodiversidad.

La Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (FECONACO) ha responsabilizado a Pluspetrol por 6 derrames de petróleo en el año 2007; por 18 derrames en el año 2008. En lo que va de este 2009, se ha responsabilizado a la empresa por 16. En el año 2006, un informe del Ministerio de Salud reveló que un 98 % de los menores de edad examinados de la cuenca del Corrientes superaban los valores límite de plomo y cadmio en sangre. De ellos, un 37 % presentaba altos niveles de riesgo.

En enero del año 2009, en la refinería de Petro-Perú, cuatro barriles de hidrocarburos cayeron a una quebrada en Barrio Florido. El agua de la zona tenía un fuerte olor a gasolina, y se reportaron casos de niños afectados por sarpullidos y manchas rojas en la piel, además de encontrarse peces muertos. En setiembre del mismo año, el vuelco de un grifo flotante ocasionó el derrame de más de tres mil galones de petróleo y gasolina al río Itaya.

La periodista Patricia del Río señala sus severas críticas al Estado por tener un mecanismo de compensación tan ineficiente que le impide cobrar multas por daños al medio ambiente. Señala del Río que de las 290 sanciones impuestas por Osinergmin a las empresas contaminadora, el ente regulador solo ha podido cobrar 111, mediante largos y  costosos procesos sancionadores.

Actualmente, un 72% de la Amazonía peruana está concesionada para explotación y extracción de hidrocarburos. La cifra ha crecido exponencialmente estos últimos 5 años.

Explotar las reservas de petróleo es estratégico para la Región Loreto, cada vez más empobrecida y huérfana de fuentes de trabajo y de divisas. Sin embargo, también debe garantizarse la protección del derecho a la vida y la salud de las personas, así como la protección de nuestra biodiversidad, verdadero capital natural de nuestra región. No asumir las responsabilidades por ese cuidado no sólo es nefasto para el futuro, sino, sobre todo, demandable no sólo ética, sino materialmente.

Mis amigos Isaac Ocampo y Alberto Chirif comparten algunas notas que me han tenido pensando, reflexionando y analizando nuestra realidad amazónica en estos días de San Juan.

Isaac Ocampo, que es un tenaz y constante difusor de la cultura amazónica en su web Lorito.com.pe digitaliza una nota fechada en 1978, donde Alfonso Navarro Cauper,  bitácora viviente de la historia loretana del siglo XX, cuenta un poco los detalles de la celebración de San Juan en nuestra región.

En la nota, titulada “La Fiesta de San Juan Bautista, Patrón de Iquitos”, publicada el 23 de junio de 1978, Navarro Cauper nos cuenta algunos datos poco conocidos por el grueso de la colectividad. Por ejemplo menciona que desde los primeros años del presente siglo se organizaron en San Juan, aparte de la festividad religiosa, “alegres y divertidas fiestas sociales y populares amenizadas con pifano (especie de quena pequeña), tambor y bombo, para más tarde añadir el clarinete, la flauta, la concertina, el acordeón y la guitarra, y, seguidamente con orquestas de diversos instrumentos musicales”. También recuerda el recorrido que se hacía entre Iquitos y el primitivo San Juan (que estaba situado hace tres décadas a la altura del fundo Guayabamba, más tarde fue trasladado kilómetros más allá del Sur de su antigua posición), a pie, a caballo, a mulo, bicicletas y carretas. El cronista recuerda, además, a “gallardos jinetes montados en briosos corceles, como también mulos, que añadían a la romería un alto grado de distinción”. Puntualiza que la música nativa era interpretada constantemente, y sus variantes más bailadas eran el chimaichi y el citaracuy, mientras otras danzas convocadas eran la marinera, el vals, la polca, la mazurca, la samba y el maxixe brasileños.

Según Navarro Cauper, puntilloso y preciso en el dato histórico, la confirmación oficial de la festividad de San Juan Bautista, partió de la ordenanza del 15 de mayo de 1919 expedido por Monseñor Sotero Redondo y Herrera. Obispo de San León de Amazonas. En tanto, la Municipalidad de Iquitos tomó acuerdo señalando feriado el 24 de Junio, quedando instaurada la festividad y el patrón del pueblo de San Juan de aquél entonces. Muestra el caso del prefecto Temístocles Molina, quien en 1927 dispuso que no se considerara feriado dicho día. Igual, el pueblo celebró y se zurró en la disposición de dicha autoridad (militar, para más señas). El 9 de junio de 1956 se expidió un Decreto Supremo declarando feriado en Iquitos, refrendado por el Decreto Supremo Nº 32 del 9 de junio de 1965, que dice: “Declárese feriado en el Departamento de Loreto el día 24 de Junio de cada año, con motivo de celebrarse la tradicional fiesta de San Juan”

No me imagino ahora una celebración como las de antes. No me imagino antes una celebración como ahora, donde los puntos más altos serán los señores de grupos tan “magníficos” y “maravillosos” como Adammo y Líbido.

Alberto Chirif (gran analista de temas amazónicos, que hoy se presenta en un necesario debate sobre Bagua con los congresistas Lombardi e Isla), en cambio me hace recordar un drama cotidiano, infelizmente: el de los pobladores de la zona de Saramuro, distrito de Urarinas, bordeando la reserva Pacaya-Samiria, donde se han vertido 400 barriles de petróleo al río Marañón y se ha generado un grave daño ecológico y social.  Este drama, que no es de ahora y que ha sido negado por los responsables coyunturales, ha sido groseramente minimizado por el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, quien ha dicho que la cantidad vertida a las aguas “no es para alarmarse”, e incluso del mismo Ministro del Ambiente, Antonio Brack, oxapampino de nacimiento y supuestamente interesado en los temas que se refieren a nuestra selva.

Chirif comparte conmigo un manual sencillo pero imprescindible para entender algunos temas culturales desde el  pensamiento  del  pueblo  indígena  kukama  kukamiria, habitantes de la zona del derrame, escrito por los sacerdotes Miguel Ángel  Cadenas y Manolo  Berjón.

Algunas cosas valiosísimas son reproducidas, como una forma de entender por qué accidentes como el sucedido hace unos días son graves atentados a la forma de vida de una colectividad. Por ejemplo, los  kukama–kukamiria  piensan  que  cuando  una  persona  se  acuesta  con  sed,  su  cabeza  sale  del  cuerpo  en  la  noche  para  tomar  agua. También el que todo  ser  vivo  tiene  “madre”.  Estos  espíritus  forman  parte  de  la  vida.  El  ruido  y  la  contaminación  provocan  la  huida  de  las  “madres”  que  retirarán  a  los  peces. Por otro lado, bañarse  no  es  únicamente  “meter el cuerpo, o parte de él en el agua o en otro líquido, por limpieza, para refrescarse o con un fin medicinal”, sino entrar en comunión, habitar con la luna.  Para los kukama,  la  luna  es  agua.

Acotan Cadenas y Berjón: “la población  del  Marañón  no  ha  tenido  agua  potable.  Ni  la  Pluspetrol,  ni  las  autoridades  han  cumplido  con  un  servicio  humanitario  básico.  Algo  que  no  se  debería  negar  ni  a  los  enemigos.” Del mismo modo, comentan todas las plantas afectadas por la contaminación, que tienen importancia gravitante para la salud de la comunidad, como la guama, el gramalote, el putu putu, el ipururu. Se  han  encontrado  peces  muertos  con  las  branquias  machadas  por  el  crudo.  Finalmente, los autores recogen una frase vital del  líder  Indígena  kukama  Alfonso  López  Tejada:  “no  estamos  dentro  de  la  Reserva  (Nacional  Pacaya  Samiria),  la  Reserva  está  dentro  de  nosotros”.

Luego de leer todo esto, mi pregunta es simple: ¿Cuánto hemos hecho para mantener la tradición y la historia viva dentro de nuestras mentes y nuestros corazones?

¿Cómo habrán pasado las festividades de San Juan las 28 comunidades afectadas por el derrame de crudo?

¿Cuánto nos habremos acordado de aquellos, ciudadanos de provincia lejana, descendientes indígenas, mientras comíamos opíparamente y nos llenábamos de alegría sobredimensionada mientras la chiquititud se engolosinaba con los empalagosos de Ádammo y Líbido y el resto bebía cerveza por doquier?

¿Cómo será tomar cerveza e imaginar que loretanos como uno han visto su medio de vida ser pervertido por una mancha voraz, mortífera?

¿Cómo será tomar agua potable mientras en Urarinas no hay agua potable y ahora tampoco hay agua de río limpia para tomar?

¿Cómo será hoy celebrar San Juan en Saramuro? ¿Cómo será?

Extra: El reportero gráfico Teddy Arrué publica en Pro & Contra una serie de imágenes sobre las consecuencias del derrame en el río Marañón. Aquí algunas de las imágenes captadas por Arrué (la de arriba también es suya):

Muy serias las noticias sobre el derrame de petróleo de 400 barriles de petróleo en la zona de Saramuro, río Marañón, distrito de Urarinas (Provincia de Loreto) cerca del lote 8 donde opera la Pluspetrol y de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria.

Este es el primer video sobre la contaminación registrada en la zona:

La noticia preliminar inicial  sobre el tema la brindó el diario La Región:

Según el director regional de Energía y Minas, Roy Meza Meza y el jefe de Defensa Nacional del Gorel, Robert Falcón, la empresa Pluspetrol, a través de un comunicado, señala que el derrame se dio por la zona de Saramuro y que éste había sido controlado de inmediato. La embarcación que transportaba el petróleo Sanam III fue alquilada para cubrir ese tipo de labores.

Mas el director regional en inmediata coordinación con el presidente regional, Norman Lewis, han considerado la posibilidad de viajar hoy muy temprano hasta la zona para hacer una inspección real de todo lo ocurrido en la zona del río Marañón.

“La oficina de imagen institucional de Pluspetrol ha emitido un comunicado señalando que la barcaza de Sanam III ha tenido un percance en Saramuro, se habla del derrame de petróleo y que ya ha sido controlado, pero nosotros estamos viajando hoy muy temprano con el presidente regional para constatar in situ lo que realmente ha ocurrido. No vamos a creer solamente lo que nos dicen, tenemos que hacer las observaciones y ver los daños causados de forma inmediata para tomar las acciones correspondientes”, expresó el director de energía y minas Roy Meza Meza.

Por su parte el jefe de Defensa del Gorel, Robert Falcón, también fue firme al decir que la empresa Pluspetrol indica que aparentemente no ha tenido mayor impacto, “eso dicen ellos pero nosotros iremos hasta la zona para evaluar el desastre ecológico”, puntualizó.

Hoy temprano se conocerán mayores detalles de lo ocurrido en el lugar, mas es importante dar a conocer que pobladores de Parinari, ubicado a 3 horas de Nauta, fueron los que dieron la voz de alerta el día sábado. Por el lugar están ubicados pueblos como Santa Rita de Castilla, Ollanta, Victoria, 7 de Junio, Parinari, Urarinas, Buenos Aires, entre otros. Y si se habla desde Parinari a 3 horas de Nauta, estando Saramuro cerca a San Lorenzo, Datem del Marañón, quiere decir que el daño ecológico no es poca cosa y que éste se haya controlado de inmediato. En todo caso las autoridades del gobierno regional serán las que emitirán la información de primera mano el día de hoy, después de las evaluaciones del caso.

Como referencia se habla que pobladores de Parinari, luego de tomar desayuno fueron al río a lavar los utensilios y se dieron con la ingrata y preocupante sorpresa que el agua del río estaba con restos de hidrocarburos.

Aunque en principio, la Pluspetrol en un comunicado brindado en Iquitos  indica que se derramaron 300 barriles de petróleo y que se han brindado los trabajos necesarios para brindar seguridad, luego señaló que fueron 400 barriles y que el derrame había sido controlado. En tanto, los medios de prensa loretanos han recabado denuncias de pobladores de la zona, en el sentido que la empresa responsable no ha recibido ningún apoyo, sobre todo de agua. La población de la zona usa el río tanto para la pesca como para sus actividades diarias.  Las versiones extraoficiales hablan de que se derramaron muchos más barriles de los que la Pluspetrol ha señalado.

Las autoridades regionales y un grupo de prensa viajarán inmediatamente a la zona para verificar in situ el tamaño de la contaminación. Según radio LVS de Iquitos, el Fiscal Especializado en Delitos Ambientales, Julio Rodríguez, el presidente regional de Loreto Norman Lewis y el Director de Energía y Minas, Roy Meza Meza encabezarán la comisión que se trasladará en las próximas horas a la zona del derrame. Los acompañará el  Jefe de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Loreto a bordo de un helicóptero e irán acompañadas de técnicos de la Dirección General de Salud Ambiental quienes tomarán muestras de las aguas en el río Marañón.

La decisión de viajar a la zona se dio luego de una reunión de emergencia realizada esta mañana en las instalaciones del Gobierno Regional de Loreto tras conocerse el derrame de trescientos barriles de petróleo. “Estamos llevando agua en deslizadores porque la gente desesperada pues no pueden tomar agua del río y en la zona no existe agua potable”, declaró Robert Falcón, jefe de Defensa Nacional de Loreto.

En tanto, la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales de Loreto ha iniciado una investigación para reportar de forma célere las responsabilidades por el derrame ocurrido en el río Marañón.

Darwin Paniagua informa para Ideeleradio sobre la ausencia de agua en 28 comunidades de la zona:

Aproximadamente 28 comunidades nativas del distrito de Parinari y Urarinas, en la provincia de Loreto, están sin agua potable debido al derrame de petróleo registrado el sábado último en las aguas del río Marañón, que es la única fuente hídrica en la zona.

Así lo dio a conocer Américo Vela Ramírez, representante zonal del distrito de Parinari, quien arribó a la localidad de Iquitos conjuntamente con otras personas afectadas, para dar a conocer los detalles del derrame de petróleo de la empresa Pluspetrol. En ese sentido, solicitó apoyo urgente para los damnificados.

“El derrame de petróleo está afectando a más de 28 comunidades del distrito Parinari y Urarinas. Esto es una gran preocupación porque el crudo ha comenzado a bajar desde Saramuro, que está a ocho horas de la localidad de Parinari, y ahora ya está en Parinari”, expresó a Ideeleradio.

“Entonces es una gran alarma porque no se está bebiendo el agua del Marañón, que es la única fuente que utilizamos, ya que no contamos con agua potable. Lo esencial es que nos envíen agua porque desde el sábado la población no está bebiendo el agua del Marañón. Hasta el momento, no hemos recibido una sola gota de agua ni víveres por parte de la Pluspetrol”, acotó.

Estimó que en los próximos días saldrá a la luz, un registro de animales afectados por el derrame de petróleo de esta compañía, que es considerado el segundo caso en la historia de esta localidad. Recordó que el primer incidente sucedió en el año 2000 y que durante el mismo se registró la muerte de varios peces en el Marañón.

“Hasta el momento no hay un registro de animales peces que hayan perecido, pero estimo que este hecho se podrá suscitar en los próximas días, porque por el problema que hubo en el 2000 se registró la muerte de muchos peces”, concluyó.

El director regional de Energía y Minas de Loreto, Roy Meza estuvo en la zona afectada y confirmó que fueron 400 los barriles de petróleo derramados. Aún no se saben las causas objetivas del accidente. Lo más preocupantes, según Meza, es que el crudo sigue avanzando por el río Marañón.

Por su parte, el Ministro de Energía y Minas,  Pedro Sánchez, erigido en defensor de la contaminación, ha señalado que los 400 barriles vertidos al río  “no son para alarmarse” (Claro, como no bebe y vive de esa agua….)

Link: La denuncia contra Pluspetrol, por contaminación en el río Tigre

Link: Clima de cambios de la PUCP indica que contaminación “no es poca cosa” así como nos brinda un mapa de la zona afectada

Link: La información en el blog de la Coordinadora de Derechos Humanos

Link: Pronunciamiento general sobre el derrame de petróleo originado en el río Marañón

Link: Aspectos culturales de los pueblos afectados por el derrame

Antonio Brack

Sobre el petróleo

En una entrevista realizada por el diario El Comercio (junio, 2009, p. 2, sección B), el ministro del Ambiente sostuvo una vez más que ahora la explotación de hidrocarburos es limpia y se realiza con un mínimo impacto. Puso él como ejemplo el caso del Corrientes, donde opera Pluspetrol, heredera y continuadora de un trabajo sucio iniciado por Occidental Petroleum y PETROPERÚ. Frente a la pregunta de quién le ha garantizado que la empresa esté reinyectando el 100% de las aguas de formación, él respondió que la propia Pluspetrol: “Eso fue lo que me dijeron cuando me invitaron a su planta, pero no pude ir”.    

 

Sorprendente respuesta la del ministro del Ambiente de un gobierno que, apenas tres años atrás, se negaba a reconocer los estragos causados sobre las personas y el medio ambiente en la cuenca del Corrientes, a pesar de que las demandas de los pobladores achuares estaban apoyadas por informes del hoy desaparecido INRENA y de análisis de los ministerios de Salud y de la Producción, que demostraban la presencia de metales pesados en seres humanos y peces, respectivamente. A la empresa, en cambio, el ministro le cree a ojos cerrados, y sobre esta creencia acerca de una experiencia que no conoce, basa su afirmación de que hoy la explotación de hidrocarburos es limpia no sólo en el Corrientes, sino en todo el país. Pero su respuesta es también sorprendente porque de haber ido, él no habría podido comprobar nada, no sólo porque no es especialista en la materia, sino porque las visitas de ministros son protocolares y terminan con una sonrisa, un par de chistes y un trago. Lo que el caso requería era un equipo especializado del Ministerio del Ambiente (MINAM) que comprobara el cumplimiento de la reinyección y por supuesto el avance de la remediación, nombre que se le da a la limpieza de las pozas donde se han depositado residuos de crudo y lodo de perforación.

 

Por lo tanto, en esta oportunidad el gobierno no ha comprobado si la empresa ha cumplido cabalmente su compromiso y sólo se basa en lo que la empresa dice. Es verdad que también los indígenas dicen que la empresa ha cumplido en un cien por ciento con la reinyección de las aguas de formación. Pero esto no es suficiente porque ellos no son técnicos en la materia, y así como para denunciar la contaminación tuvieron que basarse en análisis y supervisiones realizadas por terceros, así también el Estado, en cumplimiento de su fin supremo que es defender los derechos de sus ciudadanos (Constitución, Art. 1º), está en la obligación de constatar la veracidad de las afirmaciones de la empresa. En el momento actual, cuando la desconfianza es la principal característica de las relaciones entre las partes, un trabajo así debe hacerse además con participación de los indígenas y los equipos técnicos de su confianza, y de la propia Pluspetrol.

 

Pero sobre el tema hay más que decir. Una cuestión sobre la que ya he escrito antes, pero que vale la pena repetirla ahora, es que si en el Corriente se reinyectan las aguas de formación a partir del año 2007 es por la decidida actitud de los achuares que denunciaron la contaminación y, al no ser escuchados, tomaron instalaciones de la empresa arriesgando sus propias vidas, ya que hasta el último momento el gobierno manejó la posibilidad de una intervención violenta para recobrar el control de la situación. La reinyección entonces no ha sido ni una concesión de la empresa ni resultado de una toma de conciencia del Estado sobre la gravedad de la contaminación. Por otro lado, la reinyección se realiza exclusivamente en la cuenca del Corrientes y no está prevista para otras cuencas donde se produce petróleo desde antes de 2006, año en que el Estado, tratando de paliar los reclamos de los achuares, aprobó el “Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos” (D.S. 015-2006-EM), que indica: La exigencia de la disposición final del Agua de Producción mediante el sistema de reinyección operará para los Yacimientos que a la fecha de expedición del presente Reglamento no se encuentran en producción, salvo que en los respectivos instrumentos de gestión ambiental se haya considerado la disposición del Agua de Producción mediante la reinyección, en cuyo caso operará esto último” (quinta disposición final).

 

Con esto quiero decir que el ministro Brack no está dando el crédito de la reinyección a quien corresponde, como debería ser. Más aun, el hecho de que los achuares hayan logrado que se reinyecten aguas de formación de pozos que estaban en producción desde antes de la aprobación del citado reglamento, ha sentado un precedente para que se proceda de igual manera en otras donde se explota petróleo. Y esto es bueno para todo el país.

 

Otro asunto sobre el que quiero llamar la atención es que el acta de Dorissa (la que firmaron FECONACO -la organización achuar del Corrientes-, Pluspetrol y el Estado) limita su aplicación a los lotes 1AB y 8, pero no dice nada acerca del lote 8X, que se ubica nada menos que dentro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, que, como todas las áreas naturales protegidas, constituyen propiedad pública. Allí, las aguas de formación se siguen vertiendo a ríos, quebradas y cochas. En dicha reserva no existen achuares que protesten, lo que demuestra que si no hay presión externa, el Estado no tiene intención alguna de exigir otra de sus responsabilidades constitucionales. Tampoco el mismo Ministerio del Ambiente la tiene, aun cuando entre sus objetivos esté el de: “Prevenir la degradación del ambiente y de los recursos naturales, y revertir los procesos negativos que les afecten” y dentro de su estructura se encuentre el  Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cuya principal función es  “Conducir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE)”.

 

En otros lugares tampoco el trabajo de hidrocarburos es lo limpio que afirma el ministro, por ejemplo, en la quebrada Ramírez, a apenas unos 20 minutos de Iquitos, de la que se surten de agua los pobladores de Barrio Florido y otros asentamientos vecinos. Análisis realizados en 2008 en esa quebrada, que recibe los efluentes de la refinería de Iquitos, determinaron que los parámetros encontrados sobrepasan los límites máximos permisibles (LMP) en los casos de aceites y grasas, con 2,29 mg/L (miligramos por litro), bario, con 5,00 mg/L y cromo, con 0,01 mg/L. Los LMP son, respectivamente, 0,5-1,5 mg/L, 0,3 mg/L y 0,0002 mg/L. La situación en el Napo es también muy mala, aunque ésta puede ser atribuida a la explotación petrolera realizada en Ecuador, pero es previsible que se complique más cuando comience la actividad en la parte peruana de la cuenca. El estudio citado termina afirmando que: Las aguas de los ríos: Napo y Amazonas; así como de la quebrada Ramírez, no son aptas para el consumo humano”. Pero, sin embargo, se consumen. (Ver “Informe del avance del diagnóstico ambiental de los componentes: hidrología e hidrografía”. Zonificación Ecológica Económica Bellavista-Mazán. César Sáenz. Octubre 2008, pp. 26 y 44).

 


Sobre las tierras indígenas

Durante semanas, a través de la radio y la televisión, el ministro del ambiente se ha referido al tema de las tierras indígenas, y sus opiniones han quedado luego escritas en un pronunciamiento del MINAM (ver diario La República, mayo 25, 2009). En este aspecto, el cúmulo de medias verdades es inmenso. Él trata de desmentir lo que califica de “falsas versiones” respecto a los intentos del gobierno de privatizar las tierras de los indígenas. Pero ¿qué más declaración de intenciones se le puede pedir a un gobierno que ha señalado, nada menos que a través de su principal representante, el presidente Alan García, que el problema de esas tierras es que no son transables? Si ése es el problema desde su punto de vista, pues hay que hacer que sean transables, y es en esa dirección hacia donde apuntaban los decretos cuestionados.

 

La afirmación del ministro Brack de que el Estado “ha otorgado a los pueblos originarios de la Amazonía cerca de 11 millones de hectáreas de tierras, en su mayoría bosques primarios (sin intervención alguna)”, está cargada de una serie de apreciaciones mal fundadas. Según el diccionario de la Academia Española de la Lengua, otorgar significa: consentir, condescender o conceder una cosa que se pide o se pregunta; hacer merced y gracia de una cosa; y disponer, establecer, ofrecer, estipular o prometer una cosa. Queda claro que otorgar es un verbo que denota que quien concede hace un favor. Pero la cosa no es así en el caso de los pueblos indígenas.

 

El Estado no concede tierras de favor a los indígenas sino que se las titula, y el concepto de titulación aplicado a los pueblos indígenas en el Perú no es el de dar propiedad a quien no la tiene, sino de regularizar administrativamente una propiedad que ya es de ellos. ¿Por qué?, por su condición de pueblos originarios, es decir, de pueblos preexistentes al Estado y que ya eran dueños antes de la constitución de la república. Hasta el momento sabía, por confrontaciones con funcionarios regionales y locales, que éstos no entienden la diferencia entre titular tierras indígenas y adjudicar tierras a terceros y que, cuando se les explica, no la quieren entender. Ahora sé que tampoco el ministro del Ambiente la sabe, lo que es mucho más preocupante.

 

Este derecho preexistente es precisamente uno de los puntos que el decreto 1064, uno de los causantes de las últimas protestas, ha tratado de anular, porque limitaba las garantías de los pueblos indígenas al hecho de que las comunidades contasen con un título, ya que en caso contrario las tierras, aun cuando estuviesen ocupadas por ellas, serán declaradas de libre disponibilidad del Estado.

 

Hay varias medias verdades en la cifra citada por el ministro Brack. De los 11 millones de que habla, hay que descontar aproximadamente la mitad, que está constituida por suelos declarados de aptitud forestal, que incluyen los de protección. La ley de comunidades de 1978 dispuso que las comunidades recibiesen en propiedad sólo las tierras de aptitud agropecuaria, no así las de aptitud forestal, que les serían cedidas en uso. Esta disposición va en contra de lo dispuesto en el Convenio 169, que define que el término tierra “deberá incluir el concepto de territorio, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan y utilizan de alguna otra manera” (Art. 13º). En tal virtud, el Estado debió haber anulado esa limitación para adecuar la ley a esta definición de territorio indígena, pero no ha sido así. Es teórico afirmar, como alegan el ministro y algunos funcionarios de su sector, que la cuestión es formal, ya que tanto las tierras agropecuarias como las forestales constituyen parte de la heredad de las comunidades y tienen total garantía. Sí, en la letra es así, pero en la práctica el tema se ha prestado a manipulaciones de funcionarios ignorantes y arrogantes frente a los indígenas, que incluso han propiciado la invasión de colonos sobre las áreas forestales de sus comunidades, con el argumento de que ellas no son de su propiedad y que el Estado es libre de entregarlas a quien quiera. El caso más sonado y trágico es el de Flor de la Frontera, una comunidad awajun en la provincia de San Ignacio (Cajamarca), que luego de reclamar en la vía administrativa y en la judicial el desalojo de colonos invasores, y de ganar en ambas, tomó el problema en sus manos, con el resultado de 15 muertos y más de una decena de heridos de ambas partes.

 

La entrega de esas tierras forestales a las comunidades se formalizaba mediante contratos de cesión en uso que, en teoría, eran a perpetuidad por no tener fecha de vencimiento ni establecer condiciones de caducidad. Sin embargo, desde la promulgación de la ley forestal Nº 27308, el año 2000, con el argumento de que esta norma no aclaraba cómo se debía proceder en este caso, no se han vuelo a entregar dichos contratos a las comunidades. En otras palabras, desde ese año, si bien los títulos de las comunidades indican una cantidad de hectáreas, una parte de éstas no está garantizada a las comunidades por la falta de los contratos de cesión en uso. Es claro que esto reduce aún más la cifra global dada por el ministro de 11 millones.

 

Lo absurdo de la situación actual es que mientras el acceso a la propiedad de tierras de aptitud forestal se le sigue negando a las comunidades indígenas, el decreto 1090 (ahora derogado), que autorizaba el cambio de uso de la tierra para realizar actividades agropecuarias en suelos de aptitud forestal, abría esta ventajosa posibilidad para las empresas privadas en caso de proyectos declarados de “interés nacional” autorizados por el MINAM. En un texto anterior, trabajado en conjunto con mi colega Federica Barclay, habíamos citado la prohibición contemplada en la Constitución (Art. 71º) de que los extranjeros, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, “pueden adquirir o poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa o indirectamente, individualmente ni en sociedad”, a menos que se trate de proyectos de interés nacional; y habíamos indicado claramente cómo esta excepción se había convertido en la norma, ya que todas las fronteras de la región amazónica del país están copadas por contratos suscritos por el Estado con empresas extranjeras. Luego de experiencias de este tipo, el “interés nacional” ya no es un argumento que sirva para engañar a los peruanos.     

 

Pero de la mitad que queda de las 11 millones, hay todavía que descontar los cuerpos de aguas (cochas, aguajales, quebrada, ríos, tahuampas, tipishcas), más las franjas que se reserva la Marina de Guerra, aunque nadie entiende porqué, ni para qué. Una cereza en la copa la constituyen los contratos de explotación minera y sobre todo de hidrocarburos, que actualmente, con seguridad, cubren los territorios de todas las comunidades indígenas amazónicas, causando los estragos que ya son conocidos. Otra cereza son los contratos de explotación forestal, que en muchos casos se superponen con comunidades tituladas (por supuesto, también con no tituladas, pero que no las incluyo porque no hacen parte de los 11 millones de hectáreas)

 

Tampoco es cierto que la mayoría de estas extensiones tituladas a comunidades indígenas en la Amazonía estén constituidas por bosques primarios. En la zona de Oxapampa y Villa Rica, bien conocidas por el ministro porque es oriundo de allí, así como en el Perené y gran parte de la provincia de Satipo, el alto Urubamba y la zona más cercana a Bagua, por citar lo más notorio, los bosques fueron liquidados por los procesos de colonización propiciados por diferentes gobiernos, con el mismo argumento que el actual “de superar la pobreza”, aunque para eso esos gobiernos les ofrecieran tierras a los colonos en la Amazonía, mientras que éste trata de recuperarlas para hacerlas “transables”.

 

La forma como el ministro Brack plantea el tema da la sensación a quien no está familiarizado con el tema que se trata de un gran bloque de tierras de 11 millones de hectáreas, pero esto no es así. Además de las razones ya expuestas, en muchas zonas de la Amazonía peruana se trata de pequeñas islas rodeadas de propiedades de colonos (ver Atlas de Comunidades Nativas de la Selva Central. IBC. Lima 2006) o de tierras fiscales. Dichas zonas grosso modo coinciden con las citadas en el párrafo anterior, pero también hay otras, como las cuencas del Ucayali, Huallaga, Putumayo y Amazonas. En otras zonas la cuestión es diferente, como en el medio Urubamba y el Pastaza, donde las comunidades han logrado recomponer parte de sus territorios étnicos mediante la colindancia de sus títulos individuales.    

 

Sobre este tema, por último, hay que decir que el trabajo de titulación ha sido realizado, salvo escasísimas excepciones (no deben pasar de 100) con fondos de la cooperación internacional canalizados por ONG y, sobre todo, por AIDESEP. Hoy ambas son atacadas y satanizadas por el gobierno, que presenta cifras acerca de la titulación como mérito propio (igual que lo que comenté antes sobre la reinyección), en un campo en el que no ha hecho mayor esfuerzo. Por el contrario, cada proceso de titulación ha implicado una tensa pugna entre los promotores (AIDESEP u ONG) y funcionarios de un Estado sin ninguna voluntad de reconocer a los pueblos indígenas los derechos que la Constitución, las leyes y los convenios internacionales les garantizan.

 

Un comentario final sobre la opinión de la ministra de Comercio y Turismo, Mercedes Araóz, que se mantuvo fiel a su equipo de gobierno reafirmando enfáticamente que si derogaba el decreto 1090, se iba a propiciar la tala ilegal y se pondría en riesgo el funcionamiento del TLC. No obstante, derogado éste y otro decreto después de la tragedia de Bagua, su opinión apuntó en la dirección contraria: la derogatoria de los decretos “no pondrá en riesgo la aplicación del TLC”. La regla de oposición contradictoria señala que “dos proposiciones en oposición contradictoria no pueden ser ambas verdaderas ni ambas falsas a la misma vez”. ¿Cuál es la falsa? Claramente la primera, manipulada para asustar a una opinión pública que, sin conocerlo, cree que el TLC le bajará el cielo del modelo estadounidense hasta la bodega de la esquina. Para su tranquilidad señora ministra (o intranquilidad), debo decirle que la tala ilegal es un problema de la administración forestal del Estado (muy ineficiente y corrompida), no de las leyes.

 

Si el gobierno quiere darle a la palabra diálogo su verdadero valor y no usarla sólo como un subterfugio para salir del paso tratando de calmar las aguas después de los sucesos de Bagua, las mentiras y las medias verdades no son una opción para lograrlo.

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Al gobierno no le ha gustado la protesta de los sectores rurales e indígenas  amazónicos y ha declarado en estado de emergencia los  distritos de Napo, Andoas, Pastaza, Morona y Manseriche en la región Loreto, además de otros distritos de Ucayali, Cusco y Amazonas.

Se han suspendido por 60 días todas las garantías constitucionales debido a la necesidad de recuperar “el orden público ante las acciones de violencia que ponen en riesgo la producción y (…) distribución de (…) hidrocarburos”.

La respuesta no se ha hecho esperar. Según CNR:

En Loreto, el presidente del comité de lucha de esta región, Wagner Musolini, confirmó a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) que no van a abandonar las zonas de conflicto..

“Vamos a seguir con nuestra movilización nacional”, afirmó. “Nosotros nos declaramos en emergencia desde el año pasado, pero para el gobierno es emergencia a partir de hoy”.

“Nosotros no nos vamos a retirar de las zonas en conflicto porque eso ha sido decisión de nuestros hermanos indígenas de base”, anunció el presidente del comité de lucha y representante en Loreto de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP). “Los bloqueos son en  nuestro territorio y nos amparamos en nuestros derechos fundamentales”.

El dirigente indígena, admitió que los bloqueos y las tomas de estaciones son anticonstitucionales pero recordó que dichas empresas no han consultado a las comunidades indígenas antes de instalarse en sus territorios.

“ El gobierno no nos ha defendido de empresas mineras, madereras…que han contaminado nuestras comunidades, y que han entrado de forma ilegal ya que no ha habido consulta previa , requisito vigente en  los tratados internacionales que Perú ha firmado y que también tienen rango constitucional

Hace unos días, dirigentes indígenas y habitantes de la zona del Napo denunciaron que buques de la Marina habían arremetido contra sus embarcaciones y sus territorios con el fin de romper el bloqueo que impedía el transporte de petróleo, situación que ha motivado además una declaración de los obispos amazónicos a favor de los pueblos de la gran región.

Link: En tanto, indígenas toman campemento de Petroperú

Blog: El paro indígena en la Amazonía (Globalizado)

Blog: Estado de Emergencia en la Selva (Utero de Marita)

Blog: Imágenes de enfrentamiento entre Marina e indígenas (Delaselvasuwebon)

Noticias: El Napo pide que la Marina se vaya de la zona (La Voz de la Selva)